Los derechos humanos en el contexto digital
El anterior Examen Periódico Universal de Chile (2014) no incluyó ninguna recomendación con referencias explícitas a internet. Sin embargo, Chile aceptó varias recomendaciones relacionadas con el trasfondo de nuestras propuestas, los derechos humanos en el contexto digital, y copatrocinó la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 38/7 “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, 38/5 “Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales, y 34/7 “El derecho a la privacidad en la era digital”.1
RECOMENDACIONES DE
CHILE
UPR
SESIÓN
32
El 38% de las personas declara haber sido víctimas de acoso sexual por medios electrónicos o haber sufrido la publicación no consentida de material íntimo
Microsoft Digital Civility Index (DCI) Chile, 2017
La violencia de género en línea es una extensión de la violencia hacia las mujeres en el mundo físico, que puede infringir una gran cantidad de derechos humanos. No existe hoy en Chile una ley o un programa de gobierno dedicado específicamente a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en el contexto digital.
Recomendación:
Reconocer la violencia de género en línea como parte de la continuidad de la discriminación estructural y sistémica basada en el género, asegurándose que todas las respuestas cumplan con las obligaciones de derechos humanos internacionales asumidas por Chile. Revisar las leyes, políticas y regulaciones para abordar la violencia contra las mujeres en contextos digitales, cumpliendo las obligaciones internacionales de derechos humanos.
- Desarrollar un programa específico en la agenda del Ministerio de la Mujer para erradicar la violencia contra las mujeres en contextos digitales.
- Desarrollar la capacidad de los jueces, fiscales y policías para abordar los casos de violencia de género a través de medios digitales.
Casi el 60% de la población en áreas rurales no tienen acceso a internet
Encuesta CASEN, 2015
Existe una brecha evidente en el acceso a internet entre las zonas urbanas y rurales, con un 68,8% de acceso en las primeras contra un 40,9% en las áreas rurales. Además, las mujeres están menos conectadas que los hombres, lo mismo que los pueblos indígenas en comparación con los no indígenas.
Recomendación:
Implementar políticas que promuevan la creación de entornos en línea habilitantes del uso de las TICs para garantizar el disfrute de los derechos humanos, particularmente de grupos marginados como las poblaciones rurales, indígenas y las mujeres.
En 2016, ocho comuneros mapuches fueron vigilados por agentes de inteligencia y la policía, tratando de interceptar sus comunicaciones a través de WhatsApp y Telegram. Se creó falsa evidencia para inculparlos.
“Operación Huracán”: testimonios y confesiones confirman que fue un montaje (CIPER, 13/3/2018).
El uso de tecnologías de vigilancia ha tenido como principal consecuencia la represión de grupos específicos, como las comunidades mapuches, a través del abuso de los mecanismos de interceptación de las telecomunicaciones, el seguimiento geolocalizado y el uso de los drones de vigilancia.
Recomendación:
Garantizar y promover el derecho a la privacidad en línea y en el mundo físico, cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
- Promover, a través de políticas y marcos legales actualizados, la rendición de cuentas de la policía y las agencias de inteligencia que realizan vigilancia física y de las comunicaciones, así como también monitoreo de actividades políticas en redes sociales.
- Desarrollar y promover nuevas regulaciones sobre tecnologías de vigilancia que cumplan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin ninguna forma de discriminación contra grupos específicos, particularmente el pueblo mapuche.
Agentes de la policía ha estado monitoreando a los medios de comunicación mapuche Mapuexpress y Werkén
“Operación Huracán”: testimonios y confesiones confirman que fue un montaje (CIPER, 13/3/2018).
Periodistas de dos periódicos fueron monitoreados por agentes de la policía, acusados de difundir noticias falsas sobre la ex Presidenta y su Ministro de Justicia. El estado chileno ha estado monitoreando redes sociales a través de un grupo especializado de la policía, sin supervisión judicial. En 2011, el gobierno comenzó a monitorear los debates en redes sociales, incluyendo seguimiento a influenciadores y la geolocalización de los participantes. Entre 2014 y 2017, dos empresas de tecnología (Analitic y Bandmetric) fueron contratadas para monitorear las redes sociales y crear una lista de influenciadores. En 2016, ocho comuneros mapuches fueron vigilados la policía y agentes de inteligencia, tratando de interceptar sus comunicaciones a través de WhatsApp y Telegram.
Recomendación:
Garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión, y la libertad de asociación y reunión pacífica, tanto en línea como en el mundo físico, cumpliendo con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
- Proteger el ejercicio de los derechos humanos de los periodistas y defensores de derechos humanos en el entorno en línea, permitiendo a la sociedad beneficiarse de su trabajo.
- Promover la disponibilidad y el uso de soluciones técnicas habilitadoras del anonimato y el cifrado.
El Gobierno chileno está tratando de incrementar las obligaciones de retención de metadatos, de modo que la policía tenga acceso más fácil a los datos de las comunicaciones
Por una ley de delitos informáticos que proteja y respete los derechos de las ciudadanas en internet (Derechos Digitales, 8/11/2018)
En 2017, el Gobierno chileno intentó incrementar las obligaciones de retención de datos de las compañías de telecomunicaciones, a través del decreto administrativo nº 866, de forma incompatible con el derecho a la privacidad y las disposiciones legales y constitucionales vigentes. El decreto fue declarado inconstitucional. Hoy, algunas de sus disposiciones son parte del proyecto sobre ciberdelitos presentado por el ejecutivo en noviembre pasado.
Recomendación:
Establecer un marco regulatorio que defina y limite claramente las obligaciones de retención de datos de comunicación, y ordene supervisión judicial en cada solicitud individual y su cumplimiento.
Un centro comercial ha implementado un sistema de reconocimiento facial, aunque no están legalmente habilitados para hacerlo
Mallplaza Los Dominicos lanza sistema de reconocimiento facial y genera dudas sobre privacidad de datos (Fayerwayer, 9/11/2018)
En noviembre pasado un centro comercial anunció la implementación de cámaras con reconocimiento facial para monitorear a los visitantes. Bajo la actual ley de protección de datos personales los datos biométricos son datos sensibles y requieren un permiso expreso para su tratamiento. La empresa explicó que el procesamiento será realizado por la policía, sin ninguna otra autorización legal para ello. Además, en 2015, Hacking Team, un proveedor mundial de software de vigilancia vendió a la policía chilena un malware que permite el registro de todo tipo de información, incluyendo clics y datos de los dispositivos infectados.
Recomendación:
Promover a través de su Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas el uso responsable de las TICs, realizando evaluaciones del impacto en el ejercicio de derechos humanos en cada una de las etapas de sus operaciones.
Los niños y niñas más vulnerables de Chile han sido forzados a ser parte de un sistema de identificación biométrico para poder almorzar
Prueban identificación biométrica para programas escolares de JUNAEB (La Nación, 23/10/2018).
De manera creciente, las entidades estatales han implementado tecnologías biométricas en un intento por resolver problemas de eficiencia, como la distribución de comida para los niños vulnerables o la evasión del pago del transporte público, creando bases de datos de datos sensibles de los grupos más vulnerables de la sociedad, exponiéndoles a perder el control de datos biométricos que no pueden ser reemplazados por otros. Además, durante los últimos años, diferentes autoridades han implementado el uso de dispositivos voladores no tripulados – como globos de vigilancia y drones – equipados con cámaras de alta resolución en programas de vigilancia masiva, con el objetivo de proporcionar seguridad pública, pero vigilando masivamente la vida de ciudadanos inocentes.
Recomendación:
Limitar la recolección y uso de datos personales para la implementación y entrega de políticas y servicios públicos a los datos necesarios y proporcionales al objetivo legítimo perseguido, por medio de una evaluación del impacto en derechos humanos y participación transparente previa a su implementación.