Hace unos días atrás, el Foro Ciudadano organizó una entrevista radial para conversar acerca de Piratería y Fotocopias. Para ello invitaron a Paulo Slachevsky, Gerente de LOM Ediciones y Director de Editores de Chile; Juan Carlos Sáez, Director de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural; Juan Antonio Durán, Coordinador Ejecutivo de la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel), y Daniel Alvarez Valenzuela, Director Ejecutivo de Derechos Digitales.

El programa fue emitido a través de la Radio Universidad de Chile y la red nacional de radios comunitarias y han publicado una nota titulada: “Libros y Piratería: En busca del justo equilibrio” en el Foro Ciudadano y que reproducimos más abajo. Si quieres escuchar la entrevista completa, puedes descargar el MP3.

“Libros y Piratería: En busca del justo equilibrio”

De Chile han surgido escritoras y escritores reconocidos internacionalmente. Sin embargo, si de libros y lectura se trata, los índices del país dejan mucho que desear.

Ostentamos altos niveles de piratería de libros a nivel mundial – basta caminar por las calles para verlas tapizadas de ediciones piratas y darse cuenta-, somos el país con los más altos impuestos a los libros y cuya población lee muy poco y comprende menos, pero con una demanda creciente hacia ediciones ilegales.

Sólo durante 2004, Chile provocó la pérdida de 106 millones de dólares por piratería, un 61% más que en 2003, de acuerdo a la Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual (IIPA), organismo que solicitó a la Oficina de Representación Comercial Norteamérica que incluyera al país en una especie de lista negra de estas materias.

No cabe duda de que la piratería es un delito que afecta al derecho de autor de las y los escritores, a editoriales, librerías y representa un fraude al Fisco porque no se pagan impuestos de ningún tipo, pero la diferencia de precios entre las versiones originales de las obras y las que se encuentran en la calle hacen tentadora la oferta. De hecho, un argumento recurrente en estos casos es que, si bien es ilegal vender y comprar libros piratas, es legítimo hacerlo en pro del acceso a la cultura y el conocimiento.

“Si faltan desayunos escolares, la obligación no es ir a robarlos, la obligación del Estado es proveer esos desayunos. Con los libros es exactamente lo mismo. Hay que distinguir entre el acceso a los libros, que se resulte por otras vías, por las bibliotecas de aula, bibliotecas públicas y, por supuesto, con esfuerzos que tengan relación con los precios públicos de los libros (…) Hay que borrar completamente del lenguaje esta supuesta legitimidad de toda actividad que no es regulada por la sociedad”, señala Juan Carlos Sáez, de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural.

Sin duda se trata de un tema complejo. Los debates sobre la propiedad intelectual y el uso público de las obras son casi tan antiguos como la masificación de las creaciones. De hecho, las primeras normas de protección a los autores data de 1474 en Venecia, cuando el Senado concedió una protección especial para los inventores. En la época actual, con la globalización y las tecnologías necesarias para la reproducción al alcance de todos, el tema toma distintos matices que, de acuerdo a quienes se desempeñan en estas materias, hacen necesario buscar un justo equilibrio que nos permitan regular y castigar los delitos, sin pasar a llevar otros derechos y libertades.

“Hay que enfrentar a las redes organizadas de piratería de libros, pero tampoco hay que caer en una demonización del tema y abordarlo solamente de una manera punitiva. Es muy importante que en el país haya debates sobre el tema de propiedad intelectual y derecho de autor porque en tiempos de globalización es el factor fundamental de producción de riquezas, pero también es la base de la producción cultural y de la identidad de las naciones”, manifiesta Paulo Slachevsky, gerente de LOM ediciones.

Con respeto a la “lista negra” en que se ubica Chile debido a la piratería, Slachevsky, afirma que “desde Estados Unidos hay una presión muy fuerte para que solamente hayan sanciones y se limite al tema punitivo, sin cuidar que, al mismo tiempo, hay que fomentar la creación, mantener y aumentar la libertad de expresión, hay que lograr acceso y democratización cultural. Hay que mirar todos estos aspectos y dentro de esa mirada general buscar nuevas legislaciones que estén a la altura de estos tiempos, que enfrenten cuando hay delitos como la piratería en la calle, pero a la vez no restrinjan otros derechos básicos”.

En enero de 2004 el Gobierno presentó a la Parlamento un proyecto de modificación de la ley de Propiedad Intelectual, conocido como la “Ley Corta” con el fin de combatir la piratería. No obstante, las sucesivas modificaciones que recibió el proyecto, llevaron a que la Comisión Nacional Antipiratería (Conapi) pidiera al Ejecutivo retirar el proyecto porque, argumentan, no protege la propiedad intelectual sino que la debilita. Asimismo, desde diversos sectores declaran que este proyecto de ley transforma en punibles hechos que no lo son, como la lectura y grabación para ciegos, limita la libertad de prensa y pone trabas para la creación nacional.

En este sentido y considerando la realidad del país, se hace cada vez más urgente una legislación al respecto, pero que conlleve reflexiones desde el Estado, la sociedad civil y las empresas involucradas.

“Tenemos que pensar qué tipo de país queremos (…) En este mundo globalizado adquiere un valor especial la creación, por lo tanto, si nosotros queremos participar de ese mundo, tenemos que fomentar y defender a los creadores. En una sociedad global donde podemos acceder por Internet a cualquier parte del mundo, si nosotros no defendemos nuestros propios creadores, vamos a terminar siendo colonizados absolutamente por las grandes potencias y conglomerados extranjeros y nuestra creación propia va a tender a desaparecer. Si nosotros queremos tener creadores en Chile, tenemos que tener un mecanismo para protegerlos”, afirma Juan Antonio Durán, coordinador ejecutivo de la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel).

En definitiva, existe consenso sobre la necesidad de terminar con las prácticas irregulares de la piratería y proteger los derechos de los autores, a la vez que buscar mecanismos que permitan un mayor acceso a la cultura de parte de la población y promuevan la creación nacional. Pero también se concuerda en que esta no es una tarea fácil ya que se trata de derechos esenciales que se complementan, a la vez que se contraponen.

“El derecho de autor es un Derecho Humano, pero en doble dimensión, al autor se le reconoce un derecho a tener un reconocimiento económico y moral por la creación, pero a continuación la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que también se tiene que garantizar a la ciudadanía el acceso a los bienes y productos de esta creación, por lo tanto, es un Derecho Humano que nació limitado por el acceso”, analiza Daniel Álvarez, director ejecutivo de Derechos Digitales.

Fuente: Foro Ciudadano. Este artículo forma parte de los 8 programas de radio que están grabando desde diversas Bibliotecas Públicas del país, en el marco del Fondo Concursable de Difusión de la Lectura.

Imagen: Algiaml, extraída de StockXchng