El pasado martes 25 de noviembre, La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución donde reafirma el derecho a la privacidad, condena la vigilancia masiva de Internet y pide a los estados miembros que revisen sus legislaciones y las alineen con los estándares de derechos humanos.

Se trata de un acto inédito y un primer paso importantísimo en el establecimiento de mecanismos internacionales vinculantes de respeto a los derechos humanos en el entorno digital. Sin embargo, hubo que sobreponerse a importantes esfuerzos diplomáticos que buscaban bajar el lenguaje de la resolución, incómodo para Estados Unidos y los Cinco Ojos, alianza de inteligencia que además suma a Nueva Zelanda, Australia, Canadá y el Reino Unido.

Es por ello que a pesar de incluir una mención a los metadatos como una fuente importante de información personal (lo que no deja de ser significativo), su recolección indiscriminada no es condenada con la fuerza necesaria. Con todo, se trata de un buen comienzo, que considera incluso el establecimiento de un relator especial, lo que será discutido en marzo de 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Entre otros estados, la iniciativa fue copatrocinada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Celebramos que los países de la región identifiquen la vigilancia como un tema emergente y donde hay mucho por hacer, tanto internamente como a través de mecanismos regionales.

La decisión de copatrocinar la resolución es coherente con el reporte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que hace menciones explícitas al problema de la privacidad y la vigilancia. Este tópico también fue tratado en la audiencia temática sobre Internet y derechos humanos que distintas organizaciones regionales sostuvieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mes pasado.

Sin embargo, la resolución aparece paralelamente a una serie de reportes preocupantes sobre compra de tecnologías, actos estatales de monitoreo y censura de Internet, y proyectos de ley que atentan contra la privacidad en países como Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, México y Chile. Esperemos entonces que los estados copatrocinadores asuman consecuentemente el desafío de mejorar sus políticas y estándares internos, liderando la discusión tanto a nivel local como internacional.