J. Carlos Lara, Claudio Ruiz y Paz Peña.

Cuando en 2013 Edward Snowden  reveló que Estados Unidos, a través de la National Security Agency (NSA), estaba espiando de forma masiva las comunicaciones de todo el mundo, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Uno de los países que las ha liderado es Brasil, directamente afectado por el espionaje a Petrobras, al que respondieron creando el foro NetMundial, el Marco Civil para Internet y, ahora, buscando la aprobación de una Resolución sobre el Derecho a la Privacidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta última iniciativa, impulsada también por Alemania (otro gran afectado por la vigilancia estadounidense), busca la creación de un procedimiento con mandato especial sobre el derecho a la privacidad; una fórmula posible para esto es la instalación de un Relator Especial, figura que ya existe para ciertos problemas urgentes a nivel global, como el tráfico de personas, la violencia contra la mujer y la libertad de expresión.

La propuesta hoy es copatrocinada por diversos países como Francia, Países Bajos, España y Suiza, como también por un fuerte bloque regional de países que incluye a Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cuál será la posición final de Chile? No se sabe, no obstante, las señales son desalentadoras. En una audiencia de la ONU realizada durante el mes de noviembre, Chile realizó observaciones desfavorables a la creación de un procedimiento especial sobre el derecho a la privacidad que incluyera la existencia de un relator especial, rechazando así la iniciativa de Brasil y Alemania.

Chile a favor de la vigilancia

No deja de ser sorprendente el doble discurso del gobierno chileno en el caso de la protección al derecho a la privacidad. En el plano local – luego de una década y media de vigencia de una ley datos personales tristemente insuficiente, y de una década de retención de datos de navegación de los usuarios por parte de los proveedores de servicios de Internet – Chile al fin propone, mediante la Subsecretaría de Economía, una nueva ley de datos personales y promete centrarla en los derechos de los ciudadanos.

Si bien el resultado de esa promesa local continúa siendo incierto, en el plano internacional Chile desaprovecha el momento preciso para mostrarse enérgicamente a favor de la protección de la privacidad. Porque a más de un año de las revelaciones de Edward Snowden, se hace más necesario que nunca velar por el respeto a los derechos fundamentales en Internet. Sin haber razones sustantivas para hacerlo, el rechazo de Chile a esta iniciativa lo aísla inexplicablemente de los países de la región, que han respaldado la iniciativa de Brasil en Naciones Unidas.

De esta manera, Chile se sitúa no solo como un torpe aliado de países de dudosa reputación cuando se trata del respeto a los derechos humanos, sino que envía una señal pública de que el respeto a la privacidad no es una prioridad política de envergadura, pese a la masiva evidencia en contra.

El gobierno chileno no puede darse el lujo de la duda cuando se trata de proteger derechos a nivel internacional. Muy por el contrario, debiera tomar un rol de liderazgo en hacer de Latinoamérica un lugar respetuoso de los derechos de todos y todas.

Si crees que la postura de Chile debiese ser en favor de los derechos ciudadanos y en contra del espionaje masivo, exprésale tu opinión al Canciller Heraldo Muñoz a través de Twitter, haciendo clic en este botón Tweet to @HeraldoMunoz