El pasado jueves 3 de abril 2014, el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile fue anfitrión de la conferencia “Democracia y Vigilancia: los derechos humanos del siglo XXI”, organizada en conjunto con ONG Derechos Digitales.
El seminario contó con la presencia de Frank LaRue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, junto a un grupo de panelistas que comentaron su conferencia magistral: Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales; Salvador Millaleo, profesor del CEDI; Martin Waserman, gerente de políticas públicas y asuntos gubernamentales para el cono sur de Google, y Jorge Sequeira, director de OREALC/UNESCO.
Durante esta conferencia, se pudo destacar la necesidad de protección de la libertad de expresión en el entorno digital, frente a un recrudecimiento de actos de vigilancia masiva.
LaRue partió su exposición reconociendo el poder de internet: Las nuevas tecnologías han acelerado el intercambio de información e internet es hoy el medio principal de comunicación en el mundo. En este contexto, el respeto a la libertad de expresión en el contexto digital es imprescindible, además de estar reconocido en la Constitución chilena y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Dos son las grandes amenazas a la libertad de expresión en Internet: la hiperprotección de la propiedad intelectual y la vigilancia masiva.
En efecto, las revelaciones de Edward Snowden han puesto de relieve el hecho de que las nuevas tecnologías son también herramientas de vigilancia y control masivo, usadas para vulnerar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios de Internet.
Sin una protección sólida de la privacidad de los usuarios de Internet, la libertad de expresión es imposible. Los dos derechos están estrechamente vinculados. En efecto, para formar y defender libremente sus ideas, uno necesita un espacio autónomo de toda interferencia del Estado, del sector privado o de otros ciudadanos.
Como todos los derechos humanos, la libertad de expresión tiene sus limitaciones: las la pornografía infantil o el discurso xenófobo deben ser prohibidos. En ciertos casos, la seguridad nacional y la actividad criminal pueden justificar el uso excepcional de la vigilancia de las comunicaciones. No obstante, aunque la seguridad es imprescindible para un país, no se pueden obtener a costa de otras libertades.
La vigilancia debe ser necesaria, adecuada y proporcional y es imprescindible que el legislador tome en cuenta todos estos aspectos, particularmente porque el debate obre la protección de la privacidad frente a las amenazas de una vigilancia abusiva en Chile no existe, como recalcó Claudio Ruiz.