Ante la demanda ciudadana por transparentar las negociaciones sobre el TPP y conocer las consecuencias reales que tendrá para todos los chilenos, el ministro de RR.EE., Alfredo Moreno, fue citado al Congreso. Pero justo antes de exponer, Moreno pidió que los representantes de la sociedad civil salieran de la sala, continuando el secretismo con el que ha actuado el gobierno desde el principio.
Las noticia era pequeña pero alentadora para un contexto de acostumbrado secretismo. Se trataba de la iniciativa liderada por el diputado Marcelo Díaz, de llamar al Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y al director de Direcon1 , Álvaro Jana, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, para explicar las posibles implicancias para Chile del polémico capítulo de propiedad intelectual del Trans-Pacific Partnership (TPP).
La reunión se convocaba en un momento de particular tensión. Es que en conjunto con la reciente visita del presidente Piñera a Obama y el anuncio de ambos gobiernos de reafirmar su voluntad por firmar el TPP lo antes posible, en Chile se levantaban voces críticas al tratado que apuntaban desde la falta de transparencia, pasando por los nefastos efectos en los derechos ciudadanos, a los nulos beneficios económicos que obtendría el país con su adhesión.
Así, en los últimos días, conocimos opiniones de reconocidos técnicos que levantaban alarmas con respecto al TPP, como la de Carlos Furche y Osvaldo Rosales, pasando a editoriales críticas de medios como La Segunda o La Tercera, y la creación de “TPP Abierto”, plataforma de información sobre los efectos del tratado a los derechos ciudadanos.
Con esos antecedentes, la reunión convocada por el Congreso al gobierno significaba, para muchos de nosotros, el primer paso decidido para avanzar hacia una demanda transversal: transparentar el TPP.
Luego de que la sesión de ayer no fuese declarada secreta, el público se apersonó con confianza a la sala para conocer las explicaciones del gobierno sobre los efectos del tratado. Tanto el diputado Marcelo Diaz como Gonzalo Arenas, contextualizaron la importancia de velar por los efectos del TPP no solo en nuestros derechos ciudadanos, sino también en nuestra autonomía legislativa y en políticas públicas. Así, por ejemplo, Díaz planteó su preocupación por la libertad de expresión en Internet con el TPP, y Arenas advirtió que la experiencia dice que no hay dudas de las segundas intenciones de la propiedad intelectual de Estados Unidos en estos tratados.
Pero el gobierno se negó a contestar.
Al menos se negó de hacerlo en público, y alegó un “compromiso de confidencialidad” en las negociaciones por lo que, para contestar las preguntas iniciales de los diputados, pidió sacar al público de la sala.
No es la primera vez que el gobierno se niega a demandas de transparencia en el TPP. En Derechos Digitales hemos presentamos diversas solicitudes de acceso a información pública tanto a la Presidencia de la República como a la Direcon, y las respuestas han sido más que evasivas.
¿Por qué el gobierno insiste con el secretismo en las negociaciones? ¿Por qué las autoridades de gobierno se muestran tan herméticas ante las diversas opiniones técnicas y ciudadanas que coinciden en ver con resquemor las consecuencias del TPP? ¿Por qué, siguiendo el ejemplo de otros gobiernos en la negociación, no hay voluntad política para abrir el debate y lograr un mejor acuerdo para Chile?
Hoy no tenemos ninguna respuesta, a pesar de que las demandas de la sociedad civil son a nivel global y concordantes con prestigiosas posiciones técnicas. Hoy, nuevamente, se extiende un campo de dudas no solo sobre los beneficios del TPP, sino también a un gobierno que, a pesar de publicitar la firma de este tratado, ha sido incapaz de explicar a los ciudadanos los efectos sobre sus derechos.