Secreto. Ese es el carácter que tiene el texto y los alcances de las negociaciones del TPP para los ciudadanos chilenos. Como si se tratara de asuntos que pudieran poner en juego la seguridad nacional y contraviniendo principios de transparencia para el gobierno chileno, aquellos asuntos que discuten funcionarios públicos cada dos meses en las rondas del TPP no pueden ser conocidas por el público.
Digo «para el público» porque el texto dista de ser secreto para la industria. Al menos en Estados Unidos la MPAA1 tiene acceso, desde hace más de un año, a los textos completos que se están negociando. En la era de la transparencia y del acceso ¿Por qué estos lobbys parecieran tener mejores accesos que los parlamentarios? Si el hermetismo sólo funciona para un lado ¿Qué es lo que TPP nos quiere ocultar?
Pareciera ser que al menos un par de esas preguntas son las que han llevado al Senado mexicano a encomendar el pasado 23 de Abril a cinco senadores que asistan a la próxima ronda de TPP, a desarrollarse en Lima [PDF]. Preguntas todas pertinentes, particularmente cuando las filtraciones que se han producido en el pasado ha provocado reacciones de organizaciones de derechos humanos y activistas de los derechos digitales alrededor del mundo, denunciando un tratado dañino no solo para los países más pobres en la negociación, sino que además contiene propuestas más que problemáticas desde la óptica de los derechos humanos, incluyendo, en materia de derechos de autor, facultades de policía para los prestadores de servicios de internet, aumento de plazos de protección, entre otras propuestas sin sustento empírico alguno.
México ha sido de los últimos países a subirse a las negociaciones del TPP, y lo ha hecho con un ‘cuarto adjunto’, un espacio donde buena parte de la industria mexicana, junto con algunos activistas y académicos, han podido tener acceso a los alcances de la posición mexicana respecto de asuntos sensibles en discusión, proveyendo contexto y debate. ‘Cuarto adjunto’, una palabra que para el gobierno chileno pareciera seguir siendo un tabú, escudado en el vago argumento del ‘interés nacional’ y de la complejidad intrínseca que sería negociar un tratado con tantas contrapartes. Los negociadores mexicanos, sujetos al mismo régimen de confidencialidad que el resto de los países parte, han hecho una apuesta mucho más seria por entregarle transparencia al proceso y tomarse en serio un tratado que tendrá importantes efectos no solo desde la óptica de los cambios normativos sustantivos que supone -donde aquellos aspectos vinculados con el ejercicio de derechos en internet y los derechos de autor son de los más sensibles- sino también porque pone en juego buena parte de la autonomía de los países y sus Congresos para decidir la forma en que se desean regular aspectos esenciales de la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Lamentablemente, en Chile no vemos la misma disposición. Quizás es hora que no solo de pedir cuentas y seguir exigiendo transparencia e información en las negociaciones, tanto en Cancillería como en las agencias locales, sino también al Congreso Nacional. El Senado mexicano participará activamente de la próxima ronda porque estima que es necesario «contar con la información oportuna y confiable de los distintos posicionamientos que se vierten en las rondas de negociación». En Chile no existe información confiable siquiera para nuestros parlamentarios. Es secreto incluso para ellos.