El Consejo para la Transparencia acogió el reclamo de transparencia, interpuesto por el equipo de ONG Derechos Digitales contra el Ministerio de Economía, en el marco de una consulta pública realizada el año pasado sobre el proyecto de reforma a la ley de datos personales que actualmente se tramita en el Congreso Nacional.

El reclamo en cuestión se originó en la negativa del Ministerio de Economía a entregarnos copias de las respuestas a la consulta pública que efectuó el mismo Ministerio en relación con el mismo anteproyecto (el cual comentamos acá), negando que las respuestas a una consulta pública tengan dicho carácter.

En la ocasión, nuestra organización señaló al Consejo que la decisión del Ministerio de opacar un proceso de consulta pública esgrimiendo su secreto, es un contrasentido y crea legítimas sospechas sobre la calidad e integridad del proceso, y del real peso que tiene cada actor privado en la deliberación pública que significa este proceso.

Con estos antecedentes,  el Consejo para la Transparencia ordenó al Ministerio de Economía entregar todas las opiniones que se acompañaron en la consulta pública, aun en el caso de quien se opuso a que sus aportes fueran difundidos. En dicho caso, sostuvo el Consejo, la ‘expectativa de anonimato’ no obsta a que esa información también se entregue, eliminando los nombres de quienes se opusieran.

Pero el fallo de el Consejo fue aún más auspicioso: determinó que una consulta pública de esta naturaleza no puede garantizar ninguna clase de anonimato, sino que por el contrario, debe realizarse con los más altos estándares de transparencia.  En este marco, no sólo exigió al Ministerio de Economía garantizar medidas de transparencia para las consultas públicas, sino también dispuso el envío de un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la adopción de medidas orientadas a garantizar la transparencia en esta clase de procesos.

En este contexto, creemos que la decisión del Consejo para la Transparencia tiene una gran importancia para la calidad del debate público en el marco de las consultas públicas promovidas por el Gobierno, al fijar un estándar de transparencia al momento de realizar las mismas. Esto mejora la situación actual, donde inclusive las mismas reparticiones públicas que realizaban estas consultas, garantizaban el anonimato en las mismas, lo que resultaba absolutamente contrario a los principios básicos de una democracia abierta y transparente.

Esperamos obtener en los próximos días la información requerida, que será puesta a disposición del público en nuestro sitio web. Por mientras, pueden revisar una  copia de la reclamación presentada ante el Consejo para la Transparenciay de la decisión adoptada por el Consejo.