(fotografía de Public Citizen. CC:BY-NC-SA)

Durante las primeras semanas de Septiembre se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP), de las que es parte nuestro país junto con otros países del área pacífico. El alcance de estas negociaciones se mantiene en una nebulosa impropia de acuerdos comerciales de este tipo y toda la información que se ha podido recoger, tanto oficialmente como a través de filtraciones, da cuenta de un acuerdo con consecuencias graves desde la óptica de los derechos fundamentales en internet (ver Dossier especial en PDF).

Chile no necesita un acuerdo comercial como este. Nuestro país tiene acuerdos comerciales bilaterales con los nueve países hoy parte de TPP, por lo que no pareciera haber buenas razones para abogar con tanta energía por lograr tener un nuevo acuerdo que complemente o reemplace acuerdos previamente establecidos y plenamente vigentes en Chile. Adicionalmente, buena parte de los la información que se ha filtrado relativa a derecho de autor supone un aumento importante a los estándares de protección sin tomar en consideración de manera adecuada estándares de acceso. Dicho aumento no se encuentran respaldado por estudio alguno que entregue evidencia empírica de su conveniencia regulatoria.

Para efectos de contrarrestar las numerosas críticas que ha supuesto este tratado, el gobierno norteamericano anunció la inclusión de una débil cláusula que obliga a los países a buscar un equilibrio en sus sistemas de derecho de autor incluyendo ciertas excepciones y limitaciones basadas en la regla de los tres pasos del Convenio de Berna. Si bien en principio suena razonable, no todas las excepciones en Berna están sujetas a esta regla. No lo está ni la doctrina de la primera venta ni lo están las normas de su Anexo. Adicionalmente, en foros como la OMC desde hace un tiempo se ha intentado forzar la interpretación de esta regla de manera restrictiva, lo que supone restringir el alcance de excepciones y limitaciones al derecho de autor que equilibran los intereses en juego, lo que incluso ha sido alertado por el Max Planck Institute este mismo año. Un acuerdo comercial razonable, equilibrado y justo no debiera poner en riesgo los precarios derechos establecidos a favor del público en materia de derechos de autor.

En Chile necesitamos más información y más transparencia en las negociaciones comerciales cuando ellas ponen en riesgo derechos fundamentales. Todo indica, particularmente las filtraciones y la fuerte oposición de organizaciones de derechos humanos en su contra, que TPP será un retroceso radical para los derechos en el entorno digital, debido fundamentalmente a la influencia de la industria farmacéutica y del entretenimiento norteamericano. Una democracia sana necesita que su gobierno defienda con fuerza los derechos fundamentales en el entorno digital y no los utilice como moneda de cambio para un acuerdo que se negocia a puertas cerradas con un dudoso alcance comercial e innumerables dificultades para la privacidad y el interés público en materia de derechos de autor.