Un acuerdo firmado en noviembre por las compañías proovedoras de acceso a Internet en Francia y otros actores mediáticos y gubernamentales es materia de debate en estos días en el país galo.

La polémica surge en virtud de las fuertes medidas que los ISP podrán tomar en contra de sus usuarios tanto para detectar y prevenir la transeferencia de archivos multimedia en redes P2P. Una de ellas involucra a las asociaciones fonográticas y cinematográficas como entes fiscalizadores, los que al detectar actividad ilegal, traspasarían los números IP de los infractores a una recientemente creada ala de la policía francesa, que a su vez contactará al proovedor. Este, a través de una notificación, advertirá finalmente a quien haya cometido la violación que su cuenta será cancelada si nuevas situaciones de infringimiento de copyright son descubiertas.

Además, el pacto incluye la investigación, desarrollo e integración de tecnologías de red que permitan coayudar a las entidades fiscalizadoras en su tarea anti-piratería, para que ella sea real “tecnológica y financieramente hablando”. Expertos legales y grupos de consumidores se han pronunciado ante la opinión pública francesa ante este hecho, que se suma a reportes de prensa que tildan al acuerdo como una censura masiva por parte del Gobierno.