Recientemente dos organismos del Gobierno, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, efectuaron consultas públicas sobre algunos decretos de gobierno electrónico y sobre un proyecto de reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, respectivamente. ONG Derechos Digitales participó en ambas consultas públicas, planteando las observaciones correspondientes.
En relación con la consulta efectuada por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, ONG Derechos Digitales planteó en la minuta correspondiente enviada con fecha 30 de junio de 2012 (documento disponible en este enlace), que “existen puntos sensibles en el anteproyecto de reglamento que merecen un nuevo examen, a la luz de los eventuales conflictos que ellos pudieren suscitar, como también en relación con las remisiones directas de la ley a dicho reglamento”.
Junto con lo anterior, fueron planteadas una serie de observaciones técnicas sobre el contenido del proyecto de reglamento, junto con una observación de fondo al proceso, donde la organización lamenta lamenta que no se haya conducido un proceso abierto y transparente de deliberación previa a la propuesta de texto, como se señaló en las reuniones a que fueron convocados distintos actores interesados a inicios del año 2011, añadiendo que parece altamente cuestionable que se haya comisionado a una entidad privada la elaboración de los borradores de este proyecto de texto, habida cuenta de la capacidad técnica profesional con que cuenta el Consejo.
Por su parte, la consulta del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (documento disponible en este enlace) abarcaba siete decretos sobre gobierno electrónico, dando a la sociedad civil la oportunidad de formular comentarios sobre los mismos. Respecto de los mismos, el equipo de ONG Derechos Digitales, con fecha 7 de julio de 2012, formuló varias observaciones a los decretos, señalando en términos generales que “Creemos que un adecuado marco normativo para el gobierno electrónico debiera dar cuenta no solo de la discusión respecto del rol del Estado y el licenciamiento abierto sino también establecer reglas que apunten a asegurar la interoperatividad transfronteriza, ayudar al desarrollo de una industria local de software y resguardar la soberanía tecnológica del Estado”.
Finalmente, en ambas consultas, y a propósito de episodios registrados anteriormente, relacionados con la transparencia en los resultados de las consultas públicas, ONG Derechos Digitales decidió incluir expresamente en todas sus observaciones a consultas públicas una declaración de transparencia que señala, entre otras cosas, que el contenido del envío es público y accesible a cualquier interesado en acceder a la misma, y que dicho estándar debiera aplicarse de la misma forma a toda la documentación que interesados hagan llegar respecto de consultas públicas.
Documentos adjuntos:
Imágenes obtenidas acá y acá. Ambas con licencia Creative Commons.
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