La alineación de las Big Tech con tendencias autoritarias no es un fenómeno nuevo, pero los últimos acontecimientos indican una peligrosa aceleración del uso de herramientas tecnológicas para satisfacer una agenda política con tintes fascistas. Como ninguna decisión puede ser analizada aislada de su contexto, tanto el anuncio de cambios en la moderación de contenidos de Meta, como el ascenso de Elon Musk a la Casa Blanca reflejan la consolidación de una alianza público-privada que encuentra su punto común en la misoginia, el racismo y el nacionalismo; y que instrumentaliza a la desinformación tanto como estrategia de control político como base de modelos de negocios.

El cambio de administración en los EE. UU. se produce en un contexto global de retrocesos significativos en Derechos Humanos. Un reciente informe de Human Rights Watch –que analiza las prácticas de DD.HH. en 100 países– señala que en las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar el año pasado “los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias”. Esto lo podemos ver muy claramente tanto en la campaña- y en las posteriores acciones gubernamentales- estadounidense de 2024 como en la argentina de 2023:  obsesionados con impulsar el concepto de que los derechos son consecuencia de una “ideología de género”, a través de afirmaciones falsas que van desde acusaciones violentas de “trastornos mentales” de la comunidad LGBTQIA+, hasta datos incorrectos sobre femicidios. La comunidad migrante también ha sido blanco de ataques, fundamentados en estadísticas falsas sobre comisión de delitos.

Este escenario se complejiza con el rol de las Big Tech, quienes –producto de la concentración de producción de tecnología y manejo de información en espacios digitales- se han vuelto más poderosas que muchos Estados, incluso valiendo más que el PIB de muchos países.  Investigaciones realizadas por la sociedad civil denotan que las empresas priorizan sistemáticamente el beneficio económico sobre las personas, vulnerando su privacidad para obtener beneficios comerciales sin su conocimiento y consentimiento, y permitiendo  la amplificación de discursos nocivos (incluido y no limitado a violencia basada en género) por réditos económicos,  además de censurar contenido político contrario a intereses dominantes, como el genocidio en Gaza.

Con la llamada a “la recuperación de la energía masculina” de Zuckerberg, que coincide con posturas abiertamente machistas, racistas y transfóbicas de Elon Musk, los magnates de la tecnología se alinean con los líderes autoritarios no solo en pensamiento, sino en acciones. La diferencia es que ahora ya no tienen que ocultarlo. Desde cambios en moderación de contenidos en sus plataformas, hasta donaciones millonarias a la campaña presidencial, las Big Tech pasaron de influenciar el ámbito político a formar parte del Estado.

El cálculo político detrás de los cambios en las políticas de contenido de Meta: la relación directa con medidas gubernamentales

Como hemos señalado en una publicación anterior, Meta ha anunciado una serie de cambios en sus políticas -ya problemáticas- de moderación de contenido en EE.UU., incluyendo el fin del programa de verificación externa y su reemplazo por un sistema de Notas Comunitarias similar al de X. Es importante resaltar que este sistema es criticado no solo por su ineficacia para frenar la desinformación masiva, sino también por ser susceptible de ser manipulada por los usuarios que participan en ese proceso. A esto, se le suma el cese de los esfuerzos oficiales para frenar la desinformación.

Por otra parte, avanza la reducción de restricciones en temas sensibles relacionados con género y migración, que probablemente provocará un mayor daño a las comunidades en riesgo no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque estos cambios se presentan como una apuesta por la libertad de expresión, su impacto real podría traducirse en un aumento de desinformación, discursos dañinos y manipulación informativa, a la vez que amenaza paradójicamente la libertad de expresión. El debilitamiento de estas regulaciones facilita la expansión de discursos de odio y narrativas discriminatorias, los cuales han sido históricamente utilizados para excluir y silenciar a determinados grupos. Aunque no siempre constituyen conductas ilegales, su impacto puede ser profundamente perjudicial. Esto podría traducirse en un aumento de ataques digitales dirigidos a comunidades como mujeres, personas migrantes y minorías, contribuyendo a la normalización de la violencia y la perpetuación de la discriminación.

Como hemos señalado en una publicación anterior, las prácticas de violencia digital tienen repercusiones que van más allá del entorno en línea, generando serias amenazas a la seguridad y la integridad física de mujeres y personas LGBTQIA+. La violencia digital provoca daños psicológicos, afecta las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física, y en casos extremos puede derivar en feminicidios. Además, actúa como una forma de censura al producir un efecto paralizante (chilling effect), que impacta tanto a nivel individual como colectivo, con consecuencias negativas para el debate público, un pilar fundamental en las sociedades democráticas.

Estos cambios, también coinciden con los temas principales de las medidas gubernamentales de Trump que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas trans y personas migrantes, los cuales tendrán un impacto en la manera en que Meta hace eco a ese discurso social. Es tal el compromiso del Presidente estadounidense con la agenda anti derechos, que no solo suspendió los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, sino que empleados federales de distintas agencias gubernamentales recibieron correos instándolos a denunciar ante la OPM a colegas que creían que estaban trabajando en iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y acceso (DEI).

Las puertas giratorias de Sillicon Valley al Estado

Elon Musk se ha convertido en un aliado clave de Trump. Desde haber aportado sumas millonarias que ascienden a 250 millones de dólares en los últimos meses del ciclo electoral a la campaña, hasta asumir un cargo público dentro del Estado al frente del publicitado nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, su influencia ha ido incrementando a pasos agigantados.

Conforme reportan medios de comunicación, los rangos más altos de la oficina de Administración de Personal estarían siendo ocupados por personas pertenecientes a su círculo de confianza dentro de la industria tecnológica. Por ejemplo, la recientemente nombrada como jefa de personas de dicha dependencia, Amanda Scales, anteriormente trabajó en xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. Otros posibles nombramientos incluyen a personas vinculadas a Tesla, Boring Company y Neuralink, todas empresas pertenecientes a Musk.

La chance de influenciar la regulación de la implementación de tecnologías, salta como un interés evidente de los señores tech, considerando que parte del éxito de sus compañías recae en la explotación sistemática de lagunas regulatorias. No obstante, expertos advierten que los mayores beneficiarios de esta fusión serían las agencias de inteligencia gubernamental al poder ampliar sus capacidades de vigilancia no solo mediante nuevas y avanzadas tecnologías, sino también a través del intercambio de información y experticia. De hecho, la directiva 406 aprobada el 16 de enero del presente por el entonces Director de Inteligencia anima a que las agencias amplíen sus asociaciones con entes no gubernamentales.

El salto de ex representantes estatales al sector tech tampoco se hizo esperar. Zuckerberg designó a grandes personalidades republicanas al interior de Meta. Algunos ejemplos incluyen a Joel Kaplan y Kevin Martin -ambos ex funcionarios de Bush- como nuevo jefe de Asuntos Globales de la empresa y vicepresidente de Política Global respectivamente. Así como también las incorporaciones de Jennifer Newstand, quien fuera funcionaria del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump, como asesora general de la empresa, y Dana White, parte del círculo de confianza de Trump, como integrante de la Junta de Meta.

Impactos en América Latina

Inevitablemente el panorama descripto impacta en América Latina de diversas maneras. Tomando en cuenta la predominancia de estas empresas en la región, surgen preocupaciones legítimas acerca de los derechos fundamentales en espacios digitales con potenciales afectaciones a la integridad de la información y a la protección del ejercicio de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad.

De hecho, Brasil -quien ha liderado esfuerzos por impulsar el cumplimiento de las Big Tech de las legislaciones locales- ha solicitado explicaciones a Meta sobre el impacto de los cambios de las políticas. Seguidamente, convocó a una audiencia pública sobre desinformación y moderación de contenido, donde las Big Tech brillaron por su ausencia. Si bien Meta había señalado que por el momento se aplicarían solo a Estados Unidos, la agencia estatal para la defensa jurídica del Estado (AGU), advirtió que los cambios “no se adecúan a la legislación brasileña” y expresó preocupación por la posibilidad de que la plataforma pueda ser “terreno fértil para la violación de (…) derechos fundamentales”.

Por otra parte, las decisiones de Trump referentes al ámbito internacional también traerán consigo repercusiones significativas, por ejemplo a partir del retiro de la Organización Mundial de la Salud y del acuerdo climático de París. Las agencias de la ONU han advertido sobre el impacto negativo de estas medidas, señalando que podrían debilitar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y afectar gravemente la salud pública a nivel mundial.

A su vez, al ser Estados Unidos el mayor donante individual de ayuda a nivel mundial, la suspensión de ayuda extranjera para evaluar que las iniciativas se alineen con las políticas de gobierno, afecta a comunidades enteras y a organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sostenidamente en la defensa de los derechos humanos; además de debilitar esfuerzos para hacer frente a giros cada vez más acelerados del autoritarismo.

Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando en exigir la responsabilidad a las plataformas y mantener una vigilancia activa sobre los impactos reales de estas decisiones en la vida de las personas.