Durante una entrevista en vivo para CNN Chile, nuestro codirector ejecutivo Juan Carlos Lara analizó esta mañana los riesgos y desafíos que implican las tecnologías que la nueva Ley Antiterrorista habilitaría en caso de ser promulgada por el Poder Ejecutivo chileno.

“Este tipo de tecnologías pueden ser muy intrusivas respecto de la privacidad de las personas y sus comunicaciones. El IMSI Catcher se hace pasar por una antena de telefonía con el propósito de que los aparatos celulares que intenten conectarse alrededor confundan esta antena falsa con una antena real. Básicamente reemplaza al servicio de telecomunicaciones con el objetivo de recoger datos de las personas que se encuentran cerca de ella”, explicó Lara.

Entre las disposiciones de la nueva normativa, destaca la autorización del uso de IMSI Catchers o “antenas falsas”, dispositivos que permiten interceptar comunicaciones, geolocalizar dispositivos y recopilar datos de manera masiva, incluyendo a personas no vinculadas a investigaciones judiciales. La aprobación de esta Ley implica la autorización de la vigilancia masiva en Chile, por medio de una tecnología que aparenta integrar la red de telecomunicaciones. El codirector ejecutivo de Derechos Digitales alertó: “A pesar del propósito legítimo del combate contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia sofisticada, intentar que esa sofisticación sea combatida a través de mecanismos que arrastran al resto de la población es de una desproporción brutal.”

Nuestra organización, próxima a cumplir 20 años en defensa de los derechos en los entornos digitales, viene haciendo un llamado para hacer uso de todos los mecanismos que permitan revertir esta situación, incluyendo el recurso al Tribunal Constitucional, para impedir que la protección de la seguridad se convierta en un pretexto para vulnerar las libertades esenciales de todas las personas. “Una medida así de intrusiva es tan lesiva de derechos fundamentales, que la forma más efectiva de prevenir esos riesgos es no aprobar su autorización legal para operar en Chile”, sentenció Lara. Y agregó: “No estamos entablando los mecanismos de resguardo suficientes para esta tecnología, ni de fiscalización ni de transparencia, como para que esto merezca la confianza que parecen haberle dado desde el Congreso.”

Desde Derechos Digitales trabajamos para poder entablar debates de fondo entre la sociedad civil, el sector privado y los Estados en relación a las tecnologías. Una conversación seria sobre estos temas no debe tomarse desde la mera urgencia cuando puede implicar un avasallamiento de derechos y libertades esenciales de la ciudadanía. “Cada discusión que tengamos sobre estas tecnologías intrusivas o represivas, no solamente precisamos revisar cuáles son las capacidades técnicas o legales, sino sobre todo considerar una cuestión anterior a esa. Necesitamos pensar qué tan útiles y necesarias realmente son, en lugar de la promesa tecnocentrista de que porque es más tecnológico va a ser mejor para combatir el crimen”, reflexionó nuestro codirector ejecutivo al cierre de la entrevista.