El pasado 13 de noviembre participamos, como parte del Colectivo EPU América del Sur, de una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 191 período de sesiones la cual se enfocó en los Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de Derechos Humanos, o NMIRFs por sus siglas en inglés.

Dichos mecanismos son engranajes complejos dedicados a identificar el nivel de protección y satisfacción de los derechos en los países, y son fundamentales en el ecosistema de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Su funcionamiento adecuado permite documentar, informar y medir el nivel de protección de los derechos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como CIDH, pero también el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, entre otros. Los NMIRFs no sólo supervisan el cumplimiento de derechos, sino que también reportan el estado de las recomendaciones emitidas por dichos organismos especializados.

Desafíos en la Implementación de los NMIRFs en América Latina

La existencia y el funcionamiento de estos mecanismos es aún incipiente en América Latina, a pesar de su rol crucial. En un estudio reciente publicado por el Colectivo EPU América del Sur, se detalla que los países de América del Sur están lejos del estándar deseado, es decir, de NMIRFs que sean autónomos, independientes, con capacidades presupuestarias y humanas para cumplir su función, y con apertura para la participación de la sociedad civil.

Por ejemplo, Bolivia es un país en donde el Mecanismo Nacional se denomina “Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadísticas de Recomendaciones sobre Derechos Humanos”, o SIPLUS. Fue creado en 2016, pero a la fecha ni el mecanismo ni su sitio web se encuentran operativos o funcionales. Y desde su creación, la participación de la sociedad civil no ha sido reconocida ni viabilizada. 

En otros países como Venezuela o Colombia, no existe la figura del NMIRF, y el gobierno de Brasil prometió hacer lanzamiento de su Mecanismo Nacional tan solo en mayo de 2026. Por su parte, en países donde el NMIRF en efecto opera –como en Perú y Paraguay -, dicho organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que pone en entredicho su independencia técnica y administrativa.

El estudio del Colectivo EPU, que fue presentado en la audiencia ante la CIDH, afirma que sin autonomía ni independencia de los NMIRFs es difícil construir una visión alternativa sobre el desempeño de los Estados en cuanto a la protección de derechos. En la audiencia reiteramos que la participación de la sociedad civil es crucial en este sentido, en tanto puede conducir a un diagnóstico más informado y completo sobre el estado de los derechos humanos en un país determinado.

Ahora bien, el pedido de fortalecer los NMIRFs en la región también ha provenido tanto de la ONU –en diversas resoluciones- como de la propia CIDH que reiteran la necesidad de que los Estados los establezcan y fortalezcan.

En concreto, la resolución más reciente del Consejo de Derechos Humanos, señala que los NMIRFs a nivel nacional facilitarían a los Estados la presentación de sus informes ante los diversos mecanismos de tratados ante las Naciones Unidas, articularían los procesos de cooperación internacional de manera más contundente, y que su funcionamiento avanzaría en la institucionalización de los derechos humanos a nivel nacional y regional en tanto que articularían de manera más orgánica la creación de políticas públicas dirigidas a cumplir con los derechos. Para ello, llama la atención de los Estados a que dichos Mecanismos Nacionales adopten un enfoque participativo abierto a las contribuciones de la sociedad civil.

Por su parte, la CIDH, en su primer informe publicado en 2023 que explora la conveniencia de la creación de los NMIRFs para hacer seguimiento también a las recomendaciones en derechos humanos elevadas por este organismo, destacó su rol vital, y llamó la atención para que su funcionamiento integre a otros poderes del Estado, y no solo al Ejecutivo, en tanto que los lidera; y recalca la importancia de la articulación interinstitucional entre los NMIRFs y otros organismos en derechos humanos, para que su trabajo no esté fragmentado o desarticulado.

Lecciones desde el Examen Periódico Universal (EPU): la necesidad de los NMIRFs

En nuestro trabajo en el EPU, hemos constatado la importancia de estos mecanismos para monitorear las políticas públicas de derechos humanos. En el EPU reciente de países como Bolivia y Nicaragua, sobre los cuales informamos a la ONU en torno a su desempeño en derechos humanos en la esfera digital, los NMIRFs no están operativos, o como en el caso de Nicaragua, directamente no existen, por lo que el seguimiento de los derechos humanos se torna especialmente desafiante.

Nuestra experiencia en la presentación de informes sobre estos países ante el EPU ha demostrado que la existencia de NMIRFs facilitaría el acceso a datos basados en evidencia y permitiría una evaluación comparativa y global de los avances en derechos humanos. Sin estos mecanismos, las organizaciones de la sociedad civil deben asumir una carga de monitoreo, sin el respaldo y acceso a la información que proporcionaría un mecanismo nacional activo y robusto.

Y cuando en 2023 hicimos nuestra contribución al EPU de Chile ante la ONU, el Mecanismo Nacional de ese país denominado Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos, o SIMORE Plus –que imita al SIMORE de Paraguay-, recién iba a ser creado, por lo que está por verse cómo se operacionaliza su funcionamiento en la práctica.

Fortalecer los NMIRFs: desafíos de voluntad política y recursos

En la audiencia de la CIDH, de hecho, el Comisionado Arif Bulkan nos planteó preguntas que invitan a una reflexión profunda y continua: ¿qué hacer con los NMIRFs si a los Estados puede faltarles voluntad política para implementarlos? ¿Cómo garantizar su funcionamiento que puede llegar a ser costoso?

Entendemos que la garantía de derechos humanos y la operatividad de estos Mecanismos Nacionales generen preocupaciones válidas en torno a la voluntad política de los tomadores de decisiones encargados de implementarlos y hacerlos efectivos. Sin embargo, los Estados, al asumir compromisos internacionales, se obligan a proteger derechos humanos de manera perdurable, independientemente de los cambios en el liderazgo político.

También es cierto que la protección de derechos requiere recursos, y los presupuestos de los Estados suelen ser escasos para atenderlos. No obstante, los derechos humanos deben ser garantizados en tanto que fines en sí mismo, pero también en tanto que favorecen el desarrollo económico que los Estados tanto persiguen.

Hacer de los NMIRFs una prioridad regional

Los NMIRFs son un componente esencial para asegurar que los compromisos internacionales en derechos humanos no queden en papel, sino que se traduzcan en avances concretos y medibles para las personas. Los Estados deben ver la inversión en estos mecanismos no como un gasto, sino como una garantía de desarrollo sostenible y cohesión social a largo plazo.

A futuro, nuestro trabajo en el marco del Colectivo EPU América del Sur continuará con la  documentación de los avances y retrocesos de los NRMIFs en la región, al tiempo, esperamos que la audiencia que tuvo lugar en la CIDH llame la atención para que dicho organismo pueda más adelante avanzar en diversos estándares interamericanos aplicables al funcionamiento de los NMIRFs y su tarea de seguimiento, monitoreo y implementación de los derechos humanos en la región; así como en estándares interamericanos aplicables a la participación significativa de la sociedad civil en el marco de dichos mecanismos.