Octubre marca nuevamente el Mes de la conciencia sobre la ciberseguridad, una oportunidad anual para destacar la importancia de la seguridad digital. Pero lejos de ser un tema técnico, la ciberseguridad ha pasado a ser una prioridad social y política.

Los ataques cibernéticos cada vez más sofisticados y el creciente uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), han traído nuevas complicaciones. En un contexto global donde aparecen nuevos marcos regulatorios y estrategias, los incidentes cibernéticos en América Latina son un recordatorio constante de que la región necesita mejorar su capacidad para prevenir y mitigar ataques.

Ataques sin fin en América Latina

El último año ha dado una nueva serie de ejemplos de incidentes de alto perfil, una vez más con el ransomware como protagonista. Uno de los incidentes más devastadores ocurrió en septiembre de 2023 en Colombia, en un ataque dirigido a IFX y que afectó a decenas de entidades gubernamentales, paralizando desde procesos judiciales hasta el acceso a prestaciones de salud. El impacto de este ataque además se extendió a Argentina, Panamá y Chile. Un mes después, otro incidente afectó a órganos públicos y privados en Chile y Perú, otra vez mediante ransomware. Son noticias que seguirán repitiéndose sin nuevas medidas frente a amenazas constantes y complejas. Distintos estudios dan cuenta de la frecuencia de ataques en empresas privadas como de la limitada preparación en el sector público de la región.

Es en ese escenario que se vuelve especialmente valioso el avance de políticas nacionales sólidas, donde cabe mencionar el hito crucial de la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y Protección de Infraestructuras Críticas de Chile. Esta ley establece a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) como la autoridad encargada de regular y proteger los servicios esenciales frente a ciberataques. Este tipo de legislación, pionera en la región, subraya la urgencia de contar con marcos sólidos en un momento en que las amenazas no solo aumentan en número, sino también en complejidad. Pero ante amenazas que suelen ser transnacionales, es necesario no solo que existan marcos efectivos en todos los países, sino también instancias suficientes de colaboración.

Un mundo en busca de la seguridad digital

El contexto diplomático global en torno a las tecnologías ha estado marcado por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la seguridad en el uso de las TIC (el OEWG), que en su informe anual de progreso ha puesto énfasis en las implicaciones de tecnologías avanzadas usadas contra la seguridad en el ciberespacio, incluyendo a la inteligencia artificial y la computación cuántica, en atención a su potencial para fortalecer o debilitar la ciberseguridad global. Contrastan allí los tensos debates que incluyen países en conflicto geopolítico, con la participación voluntariosa de Estados que procurará mejorar sus capacidades frente a las amenazas digitales.

En el documento de consenso entre Estados, algunos puntos clave incluyen: elementos acordados para un futuro mecanismo de diálogo tras el fin del OEWG, basado en consenso; el futuro debate de la posibilidad de un fondo voluntario para apoyar la capacitación de los Estados; la existencia de deberes de los Estados bajo normas voluntarias, derecho internacional y medidas de fomento de la confianza; y la continua operacionalización de un directorio de puntos de contacto. Por otra parte, a un año del término del OEWG, no hay consenso sobre la aplicabilidad directa al ciberespacio del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, ni sobre la necesidad de nuevas normas no vinculantes.

No obstante, es otro suceso el que acapara hoy mayor atención. El término de las negociaciones del Tratado de Cibercrimen de la ONU, y el inicio del proceso para su votación por la Asamblea General de la ONU, constituye un suceso que parecía esquivo a inicios del año. En teoría, el propósito del tratado era el de establecer un marco global para combatir delitos cibernéticos y la cooperación en su persecución. Pero conocemos los peligros de la implementación de un tratado como este, que arriesga facilitar la criminalización de actos distintos de los ciberdelitos además de aumentar la vigilancia estatal sin salvaguardas adecuadas para los derechos fundamentales. En países con antecedentes de abusos en el uso de tecnologías de espionaje, existe el peligro de que el tratado refuerce prácticas invasivas y represivas, en lugar de fomentar la seguridad centrada en los derechos humanos. El llamado al rechazo del tratado viene no solamente desde la sociedad civil, sino también de industria y expertos de todo el mundo. Una defensa integral del ciberespacio, y de los derechos que facilita su funcionamiento seguro, puede verse mermada por iniciativas que arriesgan convertirlo en un ámbito de censura y vigilancia autorizada por ley.

Sin falsos dilemas: la seguridad es necesaria para los derechos

El 2024 ha sido un año de enormes desafíos y oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad para América Latina. Mientras algunos países han avanzado significativamente en la implementación de marcos regulatorios, la región en su conjunto sigue siendo vulnerable. Un desafío clave es el impacto de las tecnologías emergentes y disruptivas, que fueran objeto de discusión en el X Simposio de Ciberseguridad de la OEA. La rápida adopción de tecnologías como IA en sectores críticos trae consigo riesgos importantes, especialmente en una región con limitaciones de recursos y falta de personal capacitado que permitan oportuna y efectiva respuesta a incidentes.

Por otra parte, la conclusión del Tratado de Cibercrimen de la ONU puede ser un punto de inflexión: de llegar a aprobarse y ratificarse, ¿se logrará un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos humanos? Si bien el tratado promete mejorar la cooperación internacional en la investigación de delitos cibernéticos, el riesgo de que sea mal utilizado para aumentar la vigilancia sin suficientes restricciones legales es una preocupación clave en la región.

La ciberseguridad es una condición que favorece el pleno ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital, y por tanto es una materia en la que todas somos responsables en alguna medida. El camino hacia una mayor seguridad digital en América Latina exigirá no solo leyes más sólidas, sino también una cooperación regional más profunda, un diálogo intersectorial efectivo y un enfoque firme en la protección de los derechos fundamentales. Y esa necesidad de cooperación es parte esencial de la conciencia sobre la ciberseguridad.