Se avecinan las elecciones en México, en las que elegiremos a la próxima presidencia de la república. Las tecnologías digitales resuenan dentro de los debates entre las candidaturas, quienes las utilizan como bandera del tecnosolucionismo para sus propuestas, pero también por su rol determinante en el proceso electoral debido al gran flujo de información que transita diariamente a través de plataformas digitales.

Por supuesto, en este ejercicio democrático, la desinformación está presente. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), “el 87% de mexicanas y mexicanos toman como la principal fuente de noticias las plataformas por internet”, por lo tanto, cuando circulan noticias falsas se vuelve un tema de interés público —por ejemplo, cuando el actual presidente demandó fallidamente investigar granjas de bots que le perjudicaban tanto a él como a la candidata de su partido—.

Sin embargo, una excesiva moderación de contenidos que no cumpla con las normas internacionales de derechos humanos puede mermar la opinión de la población, que no está exenta del recibimiento de este tipo de contenido y que, algunas veces, no cuenta con las herramientas para distinguir entre noticias falsas y verdaderas. En este escenario, se espera que las plataformas digitales se preparen, teniendo una amplia colaboración con las autoridades, pero también con una serie de acciones proactivas que promuevan la transparencia de sus actos ante la desinformación.

Entre la opacidad y los limitados esfuerzos por la transparencia

En este periodo electoral hemos visto casos en los que la transparencia de las plataformas digitales y las autoridades deja mucho que desear. En febrero de 2024, circularon noticias sobre la decisión de Instagram de limitar el “contenido político de cuentas que no sigues”. De acuerdo con la plataforma, esta acción fue tomada para que las personas usuarias de Instagram y Threads tengan una “excelente experiencia” en estos sitios, evitando recomendar de manera proactiva contenido político en secciones como en el feed o los reels; la plataforma asegura que esto no afectará la forma en que se muestra el contenido de las cuentas que sí sigue un usuario. Esta configuración se activó de manera automática y las personas no fueron explícitamente informadas.

¿Qué significa esto en un contexto electoral como el que está viviendo México? Que las personas usuarias son limitadas en su derecho a la información. Si bien es completamente válido que las usuarias no deseen recibir este tipo información y contenidos políticos, es necesario comunicarlo de la manera más transparente posible para respetar el derecho a decidir por cuenta propia.  La falta de transparencia sobre el funcionamiento y configuración de las plataformas genera incertidumbre sobre la selección de contenidos que nos están mostrando al navegar por estos sitios.

Asimismo, en México se cuenta con un marco regulatorio desactualizado respecto a la publicidad electoral y su relación con las plataformas digitales. Hoy en día, en entornos digitales hay múltiples brechas y vacíos legales que le impiden a las autoridades mexicanas, como el INE, tomar decisiones imparciales y claras sobre los contenidos falsos o ilegales que circulan en redes sociales y otras plataformas. 

De acuerdo con la campaña “Censura Electoral”, impulsada por organizaciones locales y regionales, el INE se ha valido de medidas cautelares para solicitar a las plataformas digitales la remoción de contenido, siendo en 2018 (en las elecciones presidenciales previas) uno de los años con más solicitudes. Al no requerir de una decisión de un juez competente, la medida cautelar promueve una arbitrariedad por parte del INE, poniendo en peligro la libertad de expresión de las usuarias y usuarios de estas plataformas.

Lo cierto es que, a pesar de la opacidad y arbitrariedad, las plataformas están colaborando con las autoridades electorales en el combate a la desinformación para este 2024. De forma conjunta, Meta, el INE y  la organización Movilizatorio lanzaron el programa educativo Soy Digital, con miras a brindar herramientas a la ciudadanía para detectar y denunciar noticias falsas, estrategia que incluye un chatbot en WhatsApp para realizar preguntas directas al INE sobre estas elecciones.

Mientras tanto, Google lanzó su programa Transparencia México para combatir noticias falsas, que implica, entre otras cosas, ajustes en su buscador para mostrar información oficial sobre el proceso electoral; posibilidad de tener mayor información sobre las imágenes, por ejemplo, saber cuándo se indexó por primera vez ese contenido; alianza con proyectos de audio fact checking, y monitoreos de contenido de publicidad engañosa en YouTube.

En este entorno digital, en donde la inteligencia artificial (IA) juega un papel importante en la generación de contenido —mismo que algunas veces es difundido con la intención de generar desinformación— , tanto Meta con su política de anuncios sobre temas sociales, electorales y políticos lanzada en noviembre de 2023 y Google con su programa antes mencionado, buscan alertar cuando una imagen o contenido han sido creados o modificados con IA u otras tecnologías.  A esto se suma una iniciativa proactiva de Meta: su biblioteca de anuncios, la que también ha sido implementada en otros países.

Para transparencia, lineamientos claros

La realidad del ecosistema de opacidad, tanto por parte del gobierno como de las plataformas digitales, genera una preocupación y una traba metodológica para realizar investigaciones sobre el panorama de desinformación en procesos electorales, tal como lo enfatiza Anna Bentes en su investigación sobre las elecciones brasileñas de 2022. La difusión de noticias falsas, la remoción de contenidos sin criterios claros de derechos humanos y la limitación de contenidos consumidos por las usuarias por decisión unilateral de las plataformas son una forma explícita de vulnerar los derechos humanos en entornos digitales como la libre expresión y el acceso a la información.

Existe una delgada línea entre la regulación y la injerencia que debe ser tratada cuidadosamente en las políticas públicas en esta materia. Por una parte, se debe fomentar que los marcos regulatorios en procesos electorales motiven la transparencia de las plataformas digitales sobre sus configuraciones, decisiones e infraestructura para combatir la desinformación con un enfoque de derechos humanos. Por otra, que la colaboración entre autoridades y plataformas no debe implicar la solicitud arbitraria de las autoridades para la remoción de contenidos. De esta forma se evitan abusos y vulneración a los derechos políticos electorales por parte de las plataformas y las autoridades.

Más importante aún, es necesario que las autoridades en México construyan una estrategia clara sobre la transparencia y la desinformación en elecciones, que tengan claridad de los lineamientos y estándares regionales e internacionales de derechos humanos y que las colaboraciones con plataformas se realicen basadas en una amplia comprensión del ecosistema de desinformación en México. Los programas existentes muestran un buen inicio para prevenir a la población, dotándole de herramientas para identificar noticias falsas o promover una cultura de la verificación de la información. Sin embargo, hace falta un mayor alcance de estas acciones para contar con elecciones más y mejor informadas.