América Latina enfrenta una serie de problemáticas surgidas de la implementación de tecnologías digitales que no garantizan los derechos humanos y que puede perjudicar su ejercicio. Organizaciones de sociedad civil como Derechos Digitales trabajamos para analizar estas afectaciones e incidir en favor de políticas que disminuyan o eliminen las implicaciones negativas que pudiese tener las tecnologías y de implementaciones que sirvan a la justicia social. En paralelo, gestionamos procesos transversales que nos permiten funcionar en el día a día, como la rendición de cuentas, el monitoreo y evaluación de proyectos y de procesos administrativo. Acciones que parecen tener un peso menor, pero que son fundamentales para nuestra labor y su legitimidad ante múltiples actores.

Uno de los vínculos más estratégicos que sostenemos como organizaciones sin fines de lucro es con nuestros financistas, quienes nos facilitan recursos materiales para poder llevar a cabo nuestras actividades y avanzar hacia nuestra misión. Estos donantes muchas veces provienen de la cooperación internacional, lo que implica colaborar con agentes que pueden no conocer el contexto latinoamericano. Nuestra actuación, por lo tanto, tiene también a tales organizaciones como público de incidencia, en la medida en que parte de nuestro rol es colaborar con la adaptación de sus programas de cooperación a las realidades regionales y nacionales. Esto también significa interactuar en procesos de rendición de cuentas y de evaluación, lo que, a su vez, requiere desarrollar capacidades en nuestras organizaciones.

A continuación presentamos algunas ideas sobre los desafíos y tendencias al momento de evaluar proyectos de derechos digitales, con la finalidad de ser un punto de partida para diálogos y conversaciones colectivas.

¿No dejar a nadie atrás? La cooperación vista como una injerencia a la soberanía estatal

El lema del actual instrumento más popular de la cooperación internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es “No dejar a nadie atrás”, haciendo alusión a que el ‘desarrollo’ debe ser para todas las personas. A pesar de dichas aspiraciones, la cooperación internacional ha sido percibida por algunos gobiernos como una injerencia a la soberanía nacional, pues se argumenta que países extranjeros imponen intereses en los países en los que reposan su cooperación. En América Latina, Venezuela, El Salvador y Nicaragua han declarado abiertamente esta postura y han  debatido y aprobado legislaciones que restringen el flujo de la cooperación internacional en sus territorios. Este discurso ha tenido consecuencias graves para el espacio cívico y la garantía del derecho a la libre asociación y reunión pacífica. 

Disminuir la implementación de programas de cooperación en países con contextos políticos y marcos regulatorios de este tipo implica que estamos “dejando a alguien atrás”, porque las poblaciones ya no pueden acceder a servicios que estaban siendo cubiertos por algunos programas de cooperación y que los países no tienen condiciones de sostener, sea por la escasez de recursos o por intereses políticos. Un caso emblemático en la región fue la restricción de aplicación de fondos de cooperación internacional a temas socioambientales en Brasil. En materia de derechos digitales, la difusión de informaciones críticas puede ser entendida como una amenaza al poder político local, razón por la cual se busca crear limitaciones a su fomento.

Desde Derechos Digitales nos hemos cuestionado nuestro papel como organización regional y hemos tomado decisiones que, pretendemos, aporten a la promoción de derechos humanos en entornos digitales frente a este panorama. Estamos convencidas de que un factor clave para implementar proyectos en regiones con contextos políticos complejos es la flexibilidad para entregar recursos a organizaciones locales y para evaluar los efectos de su trabajo. Eso ha sido parte central de nuestro esfuerzo al construir el Fondo de Respuesta Rápida (FRR) y, más recientemente, el Fondo de Derechos Digitales (FDD). En tres años apoyando el FRR, es posible notar que se trata de una respuesta efectiva para aportar micro financiamientos a organizaciones que, debido a su contexto, están impedidas de recibir recursos de donantes más grandes.  

Ofrecer este tipo de flexibilidad, garantizando la adecuada rendición de cuentas de todas las partes involucradas, es un desafío clave en materia de cooperación internacional con miras a no dejar a nadie atrás. Explorar alianzas y compartir aprendizajes con iniciativas como el FRR y el FDD, lideradas por organizaciones locales, puede ser crucial.

La insistencia en realizar “evaluaciones de impacto” 

Si colaboras en una organización de la sociedad civil seguramente has recibido una solicitud de alguno de tus donantes para realizar evaluaciones que analicen el impacto que ha tenido tu programa o proyecto. Si bien el impacto es importante de abordar, distintos actores pueden entenderlo de diversas formas. Es necesaria la construcción de un lenguaje común entre financistas, organizaciones implementadoras y participantes del proyecto. Solamente así es posible trazar una línea base que permita a futuro comprender de qué forma las actividades realizadas “impactaron” a la población. Iniciativas como Designing Evaluation and Communication for Impact (DECI) buscan justamente crear este tipo de concepción común para facilitar el proceso de evaluación.

Ahora bien, si una organización de derechos digitales logra incidir en la aprobación de una ley de protección de datos personales, ¿el impacto es que la ley se apruebe o que la ley se aplique de manera correcta? Este tipo de dilemas son comunes al momento de evaluar proyectos, por lo que el alcance debe estar bien determinado desde el inicio. La evaluación no es una etapa a considerar al final del proyecto, sino que debe ser contemplada desde la planeación. 

Las organizaciones de derechos digitales en América Latina muchas veces debemos lidiar con problemas que pueden parecer “obvios” y “superados” por otras regiones, como la brecha de acceso a internet. Pero, al mismo tiempo, enfrentamos retos importantes en materia de derechos humanos, como legislaciones que permiten la creación de figuras como los “agentes encubiertos digitales”, la recopilación masiva de datos biométricos, la vigilancia dirigida a través de malwares o la vigilancia masiva de la ciudadanía. Nuestro trabajo sostenido nos ha permitido generar diagnósticos de relevancia para la elaboración de proyectos que sabemos pueden tener un impacto, no obstante, no solo hace falta que las organizaciones conozcan el contexto y las situaciones locales, sino que los programas financiados por distintos donantes o fundaciones tomen en cuenta la necesidad de crear indicadores y herramientas de medición de la mano de las organizaciones con las que trabajan, porque son ellas quienes tienen la sensibilidad de las necesidades focalizadas. 

El impacto es sumamente difícil de medir cuando no contamos con una línea base que nos permita comparar cómo se encontraba una situación antes y después de nuestro proyecto. Y lo cierto es que la mayoría de procesos no cuentan con ella. Un ejemplo: durante los últimos 23 años las organizaciones de la sociedad civil hemos promovido a nivel internacional una agenda de derechos digitales. En el año 2000, la Declaración del Milenio proponía el acceso a internet como una meta dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy, organismos internacionales están creando agendas como el Global Digital Compact o la Hoja de Ruta de Cooperación Digital, en los que se abordan los “derechos humanos digitales” frente a tecnologías como la inteligencia artificial. Tenemos seguridad de que nuestros esfuerzos como sociedad civil han tenido un impacto en cómo se conforman esas agendas, pero ¿cómo podemos medir qué porcentaje de esos resultados se deben a nosotras? Eso es una tarea imposible. 

Rendición de cuentas: coordinación en la construcción de herramientas conjuntas 

Es evidente que para dar continuidad a un programa en cualquier tema, los agentes financiadores deben tener certeza de que se están generando resultados, especialmente cuando se trata de organizaciones estatales que deben rendir cuentas sobre cómo están siendo utilizados sus recursos. Lo mismo pasa con las organizaciones de sociedad civil, que también tienen una responsabilidad pública de transparentar sus acciones. Aunque no sucede a menudo en las prácticas cotidianas, la rendición de cuentas debería ser una actividad compartida entre las organizaciones y los donantes. Sin embargo, la mayoría de las veces, la forma y los medios en que transparentamos no dependen de un consenso compartido, sino de los donantes que solicitan mecanismos específicos para entregar información, datos, avances y resultados. 

En este sentido, hay un desafío en la construcción unilateral de los instrumentos de evaluación. Algunas veces estos se diseñan por el donante y lo comparte a las organizaciones para que lo implementen. Algunas otras, el diseño de estos instrumentos es decisión de la organización. Entonces, el problema es que ninguno de los actores obtiene o recolecta la información necesaria para comprobar el impacto o el alcance de su proyecto. La propuesta ante esta práctica es la creación conjunta de los instrumentos, para que el proceso de evaluación sea una práctica coordinada.

Eso implica la existencia de capacidades de evaluación instaladas en las organizaciones, lo que en muchos casos no es la realidad, especialmente en un contexto de escasez de recursos para fortalecimiento institucional, común en América Latina. En Derechos Digitales solo recientemente logramos estructurar tales capacidades alrededor de un rol específico. Es por ello que las herramientas para rendir cuentas deben ser flexibles y adecuarse a las coyunturas y contextos locales, pero también suficientemente específicas para no olvidar el objetivo de nuestro proyecto. 

Hacia una cooperación efectiva

Las prácticas de cooperación entre sociedad civil y financistas no son analizadas habitualmente en el campo de los derechos digitales. No obstante, poner mayor énfasis en ellas podría permitirnos comprender las tendencias, desafíos y oportunidades y construir un lenguaje común para mejorar relaciones de confianza. Rendir cuentas es una actividad fundamental para la transparencia,  lo que tiene como consecuencia que otros actores confíen en nuestro trabajo, fortaleciendo la perspectiva que distintos agentes tienen sobre el sector de sociedad civil. 

Desde nuestras organizaciones debemos hacer notar la necesidad de que los programas de cooperación, sus mecanismos de evaluación y sus formas de otorgar financiamientos respondan a las realidades latinoamericanas, comprendiendo el contexto en el que interactúa la sociedad civil organizada y atendiendo las problemáticas propias de la región, que pueden ir desde la brecha de  acceso a internet  hasta la vigilancia masiva. La flexibilidad, como un eje rector, podría mejorar los alcances de la promoción y garantía de los derechos digitales, por lo que consideramos necesario entablar acciones concretas de la mano de donantes para mejorar la forma en la que cooperamos. 

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Un agradecimiento a Débora Calderón y Camila Lobato, parte del equipo de Derechos Digitales, por la entrevista realizada el 31 de mayo de 2023, de la cual obtuvimos insumos relevantes para esta columna. Así como a Jamila Venturini por el aporte de ideas para la charla “Is it output or outcome? Measuring the impact of internet freedom work” llevada a cabo en RightsCon 2023, las cuales fueron retomadas en este texto.