Hoy, 46 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Derechos Digitales, firmaron una carta dirigida a los Estados que participan de la 2ª Cumbre por la Democracia, expresando preocupación por el uso reiterado de tecnología de espionaje (spyware) para silenciar periodistas, vigilar a defensores de derechos humanos, silenciar a voces disidentes, suprimir la libertad de expresión de grupos minoritarios, intimidar a integrantes de la academia y desincentivar la ocurrencia de manifestaciones pacíficas.

La carta, disponible en inglés, insta tanto a los Estados como a inversionistas en tecnología a realizar acciones para prevenir el abuso y la proliferación de programas espía. Se solicita a los Estados a tomar medidas para identificar, prevenir, mitigar, remediar y dar cuenta de su impacto en los derechos humanos, mediante un compromiso significativo con las comunidades afectadas, incluso durante las fases iniciales en el desarrollo de tales programas, previo a su lanzamiento.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostiene el documento, señalan que los inversionistas tienen la responsabilidad de aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos antes de apoyar financieramente el desarrollo de programas espía, teniendo en consideración las consecuencias negativas que trae el abuso de esta tecnología, junto con la asimetría de poder que impone a comunidades marginalizadas tanto de sus países de origen (usualmente desde el norte global) como en el sur global.

En particular se menciona el uso de Pegasus, vinculado a cerca de 300 casos de agresiones físicas en 45 países alrededor del mundo. En la región, existen varios casos documentados en México, donde este spyware ha sido utilizado para espiar a periodistas, medios de comunicación y activistas, y donde actualmente se está investigando la utilización de esta tecnología por parte del ejército. En El Salvador, existen indicios de que periodistas que desempeñaban funciones en organizaciones de la sociedad civil también habrían sido sujetos a espionaje mediante Pegasus, durante 2020 y 2021.

Sin embargo, este no es el único software empleado con estos fines en América Latina: en 2015, mediante una filtración de información confidencial, se evidenció que distintos gobiernos de la región adquirieron la tecnología de la empresa italiana Hacking Team, mientras que en Uruguay es conocido el caso de El Guardián, sistema de intervención de teléfonos móviles utilizado por el Ministerio del Interior de ese país.

Juan Carlos Lara, codirector ejecutivo en Derechos Digitales, señala que “el uso de software espía por parte de gobiernos es una forma de violación de derechos humanos en todo el mundo, incluida América Latina. No hay verdadera democracia mientras no exista pleno respeto por los derechos fundamentales. Por eso nos unimos al llamado a priorizar los derechos humanos antes de cualquier consideración de adquisición y uso de tecnologías de vigilancia”.

Durante esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición, para sus agencias federales, de utilizar programas espía desarrollados con fines comerciales que signifiquen una amenaza para los derechos humanos y la seguridad nacional. Si bien la lista de spyware no es pública, la orden incluye tanto programas desarrollados dentro de las fronteras estadounidenses como fuera de ellas.

Respecto de esta medida, Lara enfatiza en que los estados que se suman a la Cumbre por la Democracia “tienen la oportunidad de liderar con el ejemplo. La Orden Ejecutiva que restringe el uso de spyware comercial en el gobierno federal estadounidense es una muy buena noticia, que sirve también como un paso inicial para llegar a un cese total del uso de tecnologías de forma contraria a los derechos humanos”.