La Policía de Investigaciones y su Brigada de Cibercrimen debería dar a conocer cuál es el procedimiento que sigue para la investigación de hechos delictivos en la red, particularmente cómo obtiene información de los prestadores de servicio de Internet sobre sus abonados y usuarios, y cómo garantiza la protección de los derechos de éstos durante las investigaciones criminales.
El pasado miércoles 20 de Octubre, mediante una solicitud de acceso a información pública y de acuerdo a la ley sobre transparencia, ONG Derechos Digitales solicitó a las autoridades policiales la entrega de copias de las políticas que han sido definidas por la institución para identificar usuarios de Internet supuestamente envueltos en actividades delictivas.
La solicitud tiene lugar en el marco del cuestionamiento que ONG Derechos Digitales ha efectuado acerca de la actuación policial en la materia. Algunas denuncias recientes, como en los casos de Huelga.cl y LoserPower.org, han puesto en evidencia que la policía no ha respetado la ley. Su actuación ha infringido el derecho a la privacidad y la protección de la información personal de los usuarios de Internet y, además, ha puesto en riesgo la validez de las pruebas en juicio.
A raíz de la solicitud, la policía debería dar copia de las normas de procedimientos, resoluciones, instructivos o manual de procedimientos adoptados en relación con la actuación que deben seguir los funcionarios policiales para solicitar información a los prestadores de servicios y contenidos de Internet. Además, la policía debería entregar información sobre casos en los cuales funcionarios policiales han infringido la ley en tales actuaciones, y las medidas correctivas adoptadas por la policía para evitar que se siga vulnerando la ley.
Para Alberto Cerda, de ONG Derechos Digitales, la solicitud pone en evidencia cómo “la ley de transparencia pública fortalece el control ciudadano sobre los organismos público, permitiendo el resguardo de los derechos de las personas. No se trata de obstaculizar la labor policial, sino de cerciorarnos que se eviten excesos policíacos”. De acuerdo a dicha ley, la policía debería responder durante los próximos días, suministrando la información solicitada, lo cual permitirá a los ciudadanos conocer y juzgar como actúa la policía.