El 23 de julio de 2022, la Asamblea Nacional de Ecuador envió al presidente de la República el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado dos días antes.

Con ello, se daba comienzo a un plazo de 30 días para que el ejecutivo se pronuncie sobe la iniciativa, ya sea sancionando el proyecto o vetándolo, total o parcialmente. 30 días que han sido un periodo de ardua discusión entre el Gobierno, sus opositores en la Asamblea y quienes ejercen el periodismo.

No es la primera polémica por la regulación de las comunicaciones, la libertad de expresión y la prensa en Ecuador. Sin embargo, en esta ocasión los ánimos parecen estar más agitados y las consecuencias de la disputa política pueden ser más gravosas.

Una modificación polémica

La reforma, surgida del informe de minoría aprobado en la Asamblea tras rechazar el informe de mayoría (que incluía propuestas del Gobierno), modifica significativamente la ley vigente, en cuestiones tales como las reglas del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el régimen de sanciones a las infracciones de la ley, la forma de entrega de frecuencias a medios de radiodifusión, la restitución de las defensorías de lectores y audiencias, entre otras.

La reforma ha sido fuertemente rechazada por parte de la sociedad civil y agrupaciones de periodistas en el país. En particular, se cuestiona la expansión de sanciones por infracciones a la ley, abriendo la puerta a la penalización de la expresión y habilitando con esto un régimen infraccional que resultaría en desincentivos al ejercicio de las libertades informativas y de expresión.

Además, la modificación introduciría la acción de la Defensoría del Pueblo en labores del Consejo de Comunicación antes mencionado, enfatizando su rol en la verificación y contextualización de hechos. En otras palabras, órganos públicos inmiscuyéndose en la definición de lo que constituye la verdad. Y aunque la resistencia a la desinformación es una preocupación global, la entrega a órganos públicos o privados de la definición de la verdad es siempre problemática. Además, la figura de defensores de audiencias y lectores implicaría una forma de tutela estatal del periodismo, contraria a la libertad para su ejercicio.

Las críticas también se han producido a partir de lo que el proyecto no incluye, en un contexto de intensa violencia ejercida contra periodistas, incluyendo ataques y hasta asesinatos por el ejercicio de la profesión. Aunque la reforma reitera derechos asociados a la expresión y al periodismo, las organizaciones opuestas al proyecto reclaman por la creación de mecanismos efectivos de protección de periodistas.

Lo que viene

La calificación de la reforma como una nueva “Ley Mordaza” no ha sido exclusiva del Gobierno y sus aliados, sino también desde los sectores del periodismo y la sociedad civil contrarios a la reforma. Por esta razón, tanto desde el gobierno como desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han recogido opiniones para los pasos siguientes de la regulación. Se espera que el gobierno no promulgue la reforma tal como salió de la Asamblea, sino que la rechace mediante un veto. Pero la duda que persiste es sobre si ese veto sería total o si solamente aplicaría a parte de la ley. El rechazo a la ley desde organizaciones de periodistas se ha expresado como una petición al gobierno de dar un veto total a la propuesta de la Asamblea.

Un veto total significaría que la reforma volvería a la Asamblea, prolongando las dudas sobre el futuro de la ley. Y si bien esas dudas hoy se refieren a una ley modificatoria específica, el debate es mucho más amplio: cuáles son las condiciones de ejercicio de la labor periodística sin amenazas legales o existenciales, en un ambiente de alto riesgo. En esas condiciones, no puede ser la libertad de expresión la víctima de disputas políticas.