Entre el 17 y el 28 de enero de 2022 se realizará la primera reunión del Comité Ad Hoc de Naciones Unidas encargado de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre la sociedad civil. Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ y disidentes. Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a investigadores de seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte,  aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.

Esta es una situación conocida por Naciones Unidas. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: “Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.” En 2019 y una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho de que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que hoy más de 120 expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, Presidenta del Comité Ad Hoc, pidiendo que el proceso incluya activamente a las organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan savaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

“La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de enero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones, con una perspectiva de derechos humanos.

La carta está disponible en castellano y en inglés.