La famosa propuesta legislativa francesa que prometía facultar a las operadoras de internet para desconectar a los ciudadanos descubiertos descargando de internet contenido protegido por derecho de autor, ha sufrido un duro golpe del Consejo Constitucional francés.

La iniciativa, que ha sufrido la oposición de buena parte de la opinión pública, contaba con el apoyo del gobierno de Nicolás Sarkozy y la venia de la industria del espectáculo. Más allá de la imposibilidad de ejecutar muchas de las propuestas que contiene el proyecto de ley, resultaba a todas luces una propuesta que apuntaba por seguir entiendo las nuevas tecnologías y al público como una amenaza para el acceso a la cultura.

A instancias del sector socialista, la propuesta -que ya había sido aprobada por el Congreso- pasó a revisión por el Consejo Constitucional, el que en una resolución donde examina los once puntos más controvertidos desde el punto de vista de la Constitución, resolvió que dos de las medidas más relevantes que contiene la ley eran contrarias al ordenamiento constitucional francés [PDF]. En particular, respecto de la medida de desconexión a los usuarios, el Consejo sostuvo que dicha medida coarta la libertad de expresión y “importancia para la participación en la vida democrática y en la expresión de ideas y opiniones”.

Una gran noticia que entrega esperanzas respecto de que las nuevas regulaciones en materia de propiedad intelectual en nuestros países apunten no sólo a la protección de una industria que aún se encuentra en búsqueda de un modelo de negocios, sino que apunte a resguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.