El 19 de julio, el presidente de México anunciaba en su conferencia de prensa matutina que su empresa de telecomunicaciones estaba lista. Además de revelar que dicha empresa operaría con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo los 43,276 kilómetros de fibra óptica reportados en su plan de negocios 2018-2022, indicó que: “ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y se está haciendo la solicitud de concesión para poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país”. 

Sin embargo, aún está pendiente la licitación de la concesión -otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- que definirá si la empresa operará de forma comercial o pública. Este matiz es sumamente importante, ya que esta concesión no solamente tendrá una vigencia de 30 años, sino que además determinará si efectivamente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos podrá cumplir con la generación de riqueza que se esperaría obtener al ser filial de la CFE: una empresa económicamente productiva, aunque controversial ante las constantes denuncias presentadas el año pasado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por cobros injustificados.

De ser otorgada dicha licitación, es claro que la empresa gubernamental de telecomunicaciones tendrá preferencias que romperán la “neutralidad competitiva” del entorno de las empresas de telecomunicaciones en México. Ya que -además de gozar con un régimen especial por su relación con la CFE- esta iniciativa abrirá la posibilidad al Estado de entrar en varios conflictos de interés al pasar de ser un regulador (tanto del mercado como de la competencia) a ser un operador con privilegios que le permitirían un pase libre para rediseñar regulaciones a la medida de sus necesidades, por tratarse de una empresa productiva del Estado.

Ahora bien, a pesar de que el Presidente anunció que esta empresa buscará estar a la altura de las otras proveedoras de telecomunicaciones que operan a nivel nacional, su misión principal será la de llevar servicios de internet -sin fines de lucro- a las zonas marginalizadas del país para habilitar “centros integradores de servicios” en los que se contará la presencia del Banco de Bienestar (actualmente Bansefi), que buscarán llevar los programas de asistencia social directamente a las personas beneficiarias de las comunidades rurales e indígenas a través de la establecido por la Ley FinTech en cuanto a “capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular.”

Por otro lado, es importante señalar que en lo poco que se ha compartido respecto a los detalles de operación, habilitación y licitación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no hay claridad respecto a el impacto que esta empresa tendrá en el uso del espectro radioeléctrico. Esto nos remite a la serie de trágicos eventos que hasta ahora superados por las empresas pequeñas que han cubierto las necesidades de telecomunicación anteriormente ignoradas por el Estado: ¿será la habilitación de esta empresa estatal otro reto para la supervivencia de estas iniciativas? ¿cómo se generarán parámetros que permitan el desarrollo de estos pequeños operadores y a la vez otorguen los beneficios que podría solicitar la empresa anunciada por el presidente?

Nuevos retos…

Además de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los requisitos que determine el IFT y las regulaciones definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esta empresa deberá alinearse con las características de una empresa productiva del Estado que, a diferencia de una paraestatal, deberá generar riqueza, ser transparente y competitiva a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Aunado a esto, con la puesta en marcha del “apagón” del programa México Conectado que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y brindó 101 puntos de conexión a internet en espacios públicos, han surgido otras necesidades en espacios que actualmente enfrentan problemas graves de acceso a internet afectando las operaciones de espacios como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como señaló Ingrid Motta en su columna para etcétera: 

“Es desconcertante que el 19 de julio se anuncie CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como empresa para conectar al país y casi al mismo tiempo se confirme la desconexión de la máxima casa de estudios y centenares de otros sitios, por no contar un plan estratégico para la conectividad, ya sin mencionar los muchos otros temas que el actual gobierno viene atrasando por falta de objetividad y conocimiento de las necesidades reales de los mexicanos.”

Además de lo señalado anteriormente es importante tomar en cuenta que dentro de los temas pendientes de la actual administración están las políticas públicas en materia de derechos humanos y tecnología en México. Si bien aún no es clara la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que operará en este sexenio, tampoco existe algún referente que nos permita tener certeza de los códigos que regirán tanto el manejo de los datos pasen por la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como el poder que este nuevo actor tendrá en el ecosistema de internet en el país.

En este tenor, también queda la duda sobre cómo se regulará el poder que ahora tendrá el Estado al pasar convertirse también en un operador con capacidad para competir en el mercado de las telecomunicaciones: ¿será que aún está por revelarse la creación de un ente independiente que permita que esto sea auditado y controlado? 

Lo único que sigue quedando claro es un profundo desinterés por establecer políticas que permitan brindar tranquilidad o certeza respecto a las garantías que ofrece el Estado para hacer frente a los retos actuales para los derechos humanos en el entorno digital del país, lo cual no es menor cuando se avecina la implementación de nuevos desarrollos que darán un giro a la forma en que hasta ahora han operado algunas tecnologías.

Si en México no estamos a la altura de regulaciones que protejan los derechos humanos, supervisen las capacidades (y actividades) de las empresas de telecomunicaciones y garanticen el acceso a internet: ¿con qué antecedentes enfrentaremos los retos que impacten en el país cuando las nuevas tecnologías y redes 5G vengan a ofrecer lo que nuestras políticas públicas no contemplan?