A principios de agosto, un joven estudiante escribió un tuit sobre un sueño que incluía a una ministra de Estado, la portavoz del actual gobierno chileno. El tuit relataba un intento de seducción de la ministra con el propósito de poner una bomba. Semanas después, se volvió sujeto de una investigación penal: tras una denuncia personal por parte de la ministra, la policía uniformada comunicó de la investigación al estudiante personalmente, un domingo por la mañana.

La situación se volvió polémica rápidamente. El uso del aparato estatal estaba volcado a investigar una supuesta amenaza, que poco se condecía con el texto y el contexto de la expresión utilizada. Y a la vez, puso en relieve la actitud de la autoridad frente a expresiones que, en principio, creemos libres y protegidas por el marco de derechos fundamentales.

“Amenazas” en línea

En Chile, la ley sanciona a quien amenaza “seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”. Se requiere amenazar un mal, de forma seria y verosímil. El relato de un sueño que contenía un propósito difícilmente podría tomarse como el anuncio de siquiera intentar la comisión de un delito. Menos aún de forma seria o medianamente verosímil.

La puesta en marcha de la actividad de la policía y del Ministerio Público, sin una ponderación suficiente del lenguaje del tuit y del contexto general, muestra una particular falta de criterio para el uso de recursos públicos destinados a la prevención y persecución del delito. Es decir, se moviliza al estado a reprimir una situación que, aun a simple vista, constituye una expresión sin importancia.

Pero no es solamente esa persecución la que resulta problemática. En un contexto social donde cada hora decenas de personas, especialmente mujeres, son objeto de acoso, amenazas serias de daño físico, incitaciones a la violencia y mucho más, la persecución de una expresión menos seria, debido a la sensación de una figura de autoridad, resulta una forma de desconocer y banalizar actos mucho más serios y mucho más frecuentes. Una utilización selectiva de los recursos del estado, denegada a personas más vulnerables, incluso con resultados fatales.

La vigilancia de las redes sociales

La policía también reveló su modo de actuar sobre las redes sociales: un “patrullaje” sobre las redes sociales, vigilando potenciales actos delictuales a partir de lo discutido de forma abierta en aplicaciones y sitios de internet. Profesionales, dedicados activamente a seguir conversaciones “públicas” en busca de amenazas.

Es difícil olvidar el caso de otro joven acusado hace varios años de agredir a la policía, identificado erróneamente, a partir de la vigilancia de sus redes sociales, y la inclusión en una lista de perfilamiento. Es decir, no es una novedad que esta forma de investigación proactiva existe. Sin embargo, la falta de transparencia a ese respecto es significativa, y deja a la ciudadanía en una importante desventaja frente a los riesgos que implica ser parte de una opaca base de datos policial. ¿Cuáles son los límites y los procedimientos que hoy usa la policía? ¿Cómo está acumulando y sistematizando la información de individuos? ¿Qué resguardos existen? Relatar los sueños propios, o la ubicación, u otras expresiones usadas en redes sociales, también es una muestra de aspectos íntimos de cada persona. Acumular y procesar datos publicados en una red social también tiene impacto sobre la privacidad. ¿Qué evaluación de riesgos ha hecho la policía?

Asimismo, parece paradójico que la misma policía cuyos funcionarios daban poca importancia al hecho puntual, haya requerido hacerse del dispositivo del investigado, obteniendo así acceso a la vida completa del mismo. Sin perjuicio del carácter voluntario de la entrega, ello es a todas luces el acceso a una cantidad desproporcionada de información privada en relación con la situación investigada.

Expresiones vigiladas, expresiones menos libres

La divulgación del hecho por la prensa fue exagerada y hasta falaz. La policía se refirió abiertamente a las (inexistentes) advertencias de instalación de un artefacto explosivo. Un periódico de circulación nacional puso el hecho en portada. Varios medios sostuvieron que el investigado había sido detenido, aun cuando no era cierto. De la misma forma, varios titulares daban a entender la existencia de una amenaza real contra una ministra de estado. Con esto, se produjo la amplificación de la noción de la amenaza en redes sociales, y del involucramiento de la policía en su persecución. Como denunciaran desde la asociación de estudiantes de la escuela del investigado, ello afectó su honra, además de su libertad de expresión.

Pero es relevante considerar que hacer de esta situación un evento con tal nivel de difusión, ayudada por los medios, afecta no solamente a las personas investigadas. La existencia de “ciberpatrullajes” y de visitas de la policía por expresiones aparentemente inocuas, pero referidas a autoridades de gobierno, termina incidiendo en la capacidad para expresarse. Porque no solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando se reprime una marcha o se censura una publicación. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se usa selectivamente la persecución estatal, mientras tantos casos de violencia en línea resulta en la no participación en espacios digitales. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se invita a la autocensura, por el riesgo de una visita de la policía tras la osadía de contar un sueño.