La violencia en línea se encuentra intrínsecamente ligada a la violencia social. Muchas veces las agresiones digitales son antecedente o subsiguientes a la violencia física, y en América Latina esta situación tiene un matiz particular dado por una situación estructural de discriminación por motivos de etnia, género, clase social, edad o lugar de residencia. La precarización laboral y educativa, la feminización de la pobreza y las culturas sumamente machistas y misóginas contribuyen a aumentar las posibilidades de que las mujeres sufran algún tipo de violencia durante su vida.

Ser mujer es sinónimo de riesgo en cualquier parte del mundo. Según datos de la ONU, el 35 % de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida: en la salud son vulnerables al ser las más propensas a contraer VIH; en cuanto al pleno desarrollo también porque más de 750 millones de mujeres han sido obligadas a casarse aun siendo niñas; además, la educación está atravesada por 246 millones de niña/os violentada/os en estos espacios, y solo en la Unión Europea, una de cada diez mujeres ha sufrido una acoso en línea.

En América Latina la situación es más compleja: 60 mil mujeres son asesinadas al año en esta región; 14 de los 25 países con mayor índice de feminicidio a nivel mundial, se encuentran en AL; 30 % de las mujeres en la región ha sufrido violencia sexual por parte de un conocido o desconocido y de ellas, solo el 40% ha pedido ayuda después del ataque. Adicional a esto, por motivos de raza, clase, género o etnia, muchas mujeres latinas tienen menores posibilidades de recibir educación o tener acceso a internet.

La violencia en línea contra mujeres y niñas puede presentarse en forma de acoso, hostigamiento, difusión no consentida de contenido íntimo, expresiones discriminatorias, discursos de odio, extorsión, abuso sexual a través de las tecnologías, entre otras formas de agresiones que han sido documentadas por Luchadoras, APC y SocialTIC en México.

Este tipo de agresiones pueden tener como consecuencia una obstaculización a la inclusión digital de las mujeres pues junto a la exclusión estructural, nos pone en situación de desventaja respecto a la garantía de derechos como la libertad de expresión, el pleno desarrollo, la no discriminación, la salud física y mental.

La coerción de estos derechos repercute directamente en la manera como se desarrollan las mujeres en sus entornos. En una región donde las condiciones de vida están atravesadas por roles de género completamente dicotómicos y binarios -donde las mujeres han sido tradicionalmente educadas para la maternidad tradicional y la formación de una familia- y con una libertad limitada en el acceso al uso de TICs y a la red, se genera un sesgo que puede influir de manera tajante en el pleno desarrollo de las mujeres.

La falta de información gubernamental respecto al acceso de las mujeres a la tecnología, la falta de estadísticas sobre la violencia en línea, la poca inclusión de las mujeres a carreras afines a la ciencia y tecnología, la falta de perspectiva de género en la creación de políticas públicas, así como la brecha digital de género son también formas de violencia estructural contra las mujeres.

Todos estos factores son expresión de una sociedad dividida y dicotómica donde, en términos generales, las mujeres están confinadas a los ámbitos privados (el hogar y la familia) mientras que los hombres ocupan los espacios públicos (la escuela y el acceso a la tecnología). La exclusión e invisibilización de las mujeres, la falta de información y la perpetuación de un sistema patriarcal convierte a la violencia relacionada con el uso de las tecnología en un problema sistémico y de esta manera debe ser combatido y eliminado.