La más reciente ronda de negociación de la OMC estuvo marcada no solamente por el intento de incluir nuevas temáticas a la discusión sobre las reglas del comercio mundial. Estuvo además marcada por la exclusión de la sociedad civil del proceso, de forma incluso contraria a la historia del foro. Cerca de 60 individuos de más de 20 organizaciones, incluida Derechos Digitales, vieron cómo su acreditación fue revocada días antes del evento. El gobierno argentino emitió un comunicado esgrimiendo razones de seguridad, acusando a los grupos excluidos de ser disruptivos y violentos, lo que fue recibido con estupor por la comunidad internacional e incluso por las empresas. Lo cierto es que se marginó a estas organizaciones exclusivamente por tener una posición distinta a la del gobierno organizador del evento, lo que no se condice con una sociedad democrática.

Esta exclusión no solo se tradujo en la incapacidad de la sociedad civil para acreditarse, y por tanto participar del evento. El gobierno del presidente Macri llegó al extremo de retener en el aeropuerto de Ezeiza y deportar al activista Peter Tiland y la periodista Sally Burch. Otras organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pudieron viajar a Buenos Aires, ya que el gobierno argentino rechazó sus solicitudes de visa sin expresión de causa. Incluso quienes pudieron acreditarse vieron con preocupación cómo el gobierno argentino organizó el evento de tal manera que la prensa y la sociedad civil estuvieran en un edificio, y las delegaciones de los países en otro, a varias cuadras de distancia, dificultando la capacidad de los dos primeros para contactar a los negociadores. Del mismo modo, el hecho de que la sociedad civil no pudiera participar de la ceremonia de apertura y clausura no tiene precedente en rondas pasadas de la OMC.

Todo lo anterior debe servir como un llamado de atención. Hasta hace poco tiempo se argumentaba, incluso desde la sociedad civil, que la inclusión de estos temas a nivel OMC podría ser positivo por el mayor nivel de apertura y participación al interior de este organismos internacional, especialmente en comparación con procesos plurilaterales como TPP, TiSA y NAFTA. Sin embargo, lo que ha sucedido en Buenos Aires ha dejado en evidencia que esta noción está muy lejos de la realidad.

Más allá del bochorno internacional

Una de las novedades de esta ronda de negociación fue el creciente interés de los países desarrollados, agrupados en “Friends of E-commerce for Development” por incluir el comercio electrónico en la agenda de temas que la OMC debe negociar en el futuro inmediato.

Esta propuesta aparentemente inocua debe ser vista con precaución. Por supuesto que nadie se opone a la promoción del comercio electrónico, pero el llamado de estos países a avanzar en la materia no es neutral. Una revisión de los non-papers propuestos basta para darse cuenta que muchas de las disposiciones más polémicas de TPP y TiSA están siendo propuestas como reglas que deben ser adoptadas a nivel global. Entre ellas, la obligación de permitir el flujo transfronterizo de datos, incluidos datos personales, además de reglas para impedir que se exija la revelación del código fuente como política pública, y la prohibición de que se exija a las empresas operar con servidores a nivel local.

Sin embargo, elementos esenciales para la promoción del comercio electrónico, como asegurar el acceso universal a internet y la consagración del principio de neutralidad de la red, brillaron por su ausencia. Todo indica que la promoción del comercio electrónico, al igual que en TPP y TiSA, se limita a aquellos aspectos que van en el interés de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que todavía no sabemos cuál será el impacto económico, social e incluso en el carácter de nuestras democracias del hecho que Facebook y Google dominan hasta el 85 % del mercado de la publicidad en línea. Hoy internet se configura como un espacio de producción para el norte global y de consumo para el sur. Las reglas que se están discutiendo en la OMC tienden a mantener ese estado de cosas, y no desafiarlo.

¿Fin a la promesa del multilateralismo?

La falta de resultados de esta ronda de negociación parece haber mermado la confianza de muchos países en que se puede avanzar en materia de comercio en un modelo multilateral. La declaración del USTR, que nadie creería posible hace un par de años, habla de una “nueva era” en OMC, en donde se avanzará en los temas a través de acuerdos entre grupos de países que piensan parecido.

Este esquema no se condice con las reglas mismas de la OMC, constituye una noción peligrosa y que debe ser enfrentada. Luego de que no se lograra el consenso necesario para lograr un mandato de negociación en comercio electrónico, un grupo de 70 países, incluyendo varios latinoamericanos, publicaron una declaración conjunta manifestando que iniciarán trabajo exploratorio en miras a una futura negociación en la materia, y que este grupo estaría abierto a todo país que se quiera unir.

La legitimidad de esta estrategia es cuestionable. La OMC cuenta con órganos establecidos encargados del estudio, discusión y negociación de distintos temas. No le corresponde a un grupo de países declarar que trabajarán en cierta materia de forma paralela, pues les permite avanzar en la materia desde su perspectiva particular y constituye una presión indebida sobre el resto de los países que forman parte de un organismo internacional que opera por consenso.

Panorama a futuro

Esta vez no se alcanzó el consenso necesario para iniciar negociaciones en materia de comercio electrónico. Sin embargo, la declaración conjunta de países desarrollados muestra que es probable que la sociedad civil deba mantenerse alerta sobre cómo se aborda esta materia al interior de la OMC.

La capacidad de hacer escuchar nuestra voz en estos asuntos, que puede tener profundos y duraderos efectos en cómo nos desenvolvemos en línea, dependerá de que no se repita el autoritarismo con que Argentina abordó la organización de esta ronda de negociación. Es de esperar que la próxima ministerial incorpore criterios de transparencia y participación, y asegure que distintos actores críticos puedan ser tomados en consideración en esta instancia.

Mientras tanto, los esfuerzos de la sociedad civil deberán multiplicarse para mantenerse alerta de lo que se discute al interior de la OMC, al mismo tiempo que se opone activamente a las reglas que vulneran nuestros derechos en los procesos de TPP, TiSA y NAFTA.