El celular se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y nuestras ideas. Dormimos y vamos al baño con él, lo revisamos permanentemente. Las diferentes apps y redes sociales encierran nuestros pensamientos, dudas e intereses. Rara vez lo soltamos. Siempre está a nuestro lado. Por eso, no sorprende que los gobiernos –además de las empresas- quieran todos esos datos. Son una mina de oro para conocer las “verdades” de una persona. O mejor, de un grupo de personas.

En Estados Unidos, la era Trump recién comienza y ya vaticina una lógica perversa: acciones gubernamentales para apoderarse de los datos personales y privados de las personas, que aunque entren en el campo de la legalidad no dejan de ser contrarias a los derechos humanos. Para comenzar, la prohibición, durante 90 días, de la entrada a personas de países mayoritariamente musulmanes, y durante 120 días, a refugiados. En la sección 14 de dicha acción –que en teoría fortalecería las leyes migratorias de Estados Unidos- el presidente ordenó que las autoridades “excluyeran a personas que no fueran ciudadanas del país o residentes legales de las protecciones de la Privacy Act, al tratarse de información personal identificable”. Y así, de un plumazo, despojó a los extranjeros en ese país, de su derecho a la privacidad.

Días después de la acción ejecutiva, una mujer mexicana iba de compras a ese país, pero al cruzar la frontera le quitaron su celular, lo revisaron y encontraron memes y mensajes de burla a Trump. Eso fue suficiente para quitarle la visa y confiscarle el teléfono. Nunca le dijeron por qué no la estaban dejando pasar, ni qué “falta” había cometido. Poco importó el paraguas protector de la Primera Enmienda, uno de los estándares más amplios para la libertad de expresión en el mundo.

Pero burlarse de Trump con memes es un ejercicio expresivo válido, legal y además merece extra protección por ser parte del discurso político. Además, los memes que una persona tenga guardados en su celular hacen parte de su información privada y por tanto, deben estar sujetos al derecho a la privacidad. Sin embargo, la acción ya se ha ejecutado.

Por otra parte, algunos medios estadounidenses han dicho que el Departamento de Seguridad Nacional “podría” pedir contraseñas a quien ingrese en su territorio, algo que ya está pasando y es una realidad. En febrero, un periodista tuiteó que a un compañero suyo le pidieron entregar la llave maestra de su administrador de contraseñas para revisar sus redes sociales, correos y mensajes. Los peligros que esto implica en términos de confidencialidad y protección de fuentes, no tienen comparación.

Sobre la legalidad, o no, de revisar los celulares en la frontera no hay claridad, pues la técnica hasta ahora ha sido pedir las contraseñas “de forma voluntaria” cuando exista “sospecha razonable” de una persona (lo que sea que signifique eso). Bajo este supuesto, la entrega de dichos datos podría interpretarse como consentimiento por parte de quien los posea. Pero al no entregarlos, ea persona se somete a no poder ingresar, lo cual supone claramente un acto arbitrario.

Ya desde 2014 el gobierno de Obama permitía la búsqueda de información en celulares de personas en “listas negras” de terrorismo. Ahora, la retórica de un gobierno de derecha que considera como enemigos a prácticamente todos los extranjeros, lleva esta práctica mucho más allá.

Pero no solo los extranjeros son blanco de violaciones a su derecho a la privacidad. En estos días, el departamento de policía de Washington D.C. ordenó judicialmente a Facebook que entregara información de quienes protestaron y fueron arrestados durante la toma de posesión del presidente Trump. Entre ellos estaban dos periodistas que cubrían las marchas ese día. El mensaje que se manda es aterrador: si protestas, no solo podrían arrestarte, sino que además habría bases para revisar tus redes sociales, ¿acaso para vincularte con un comportamiento específico, con alguien más, con un lugar?

En este caso, Facebook entrega información sin rechistar (según sus propios términos y condiciones): se requiere una orden legal, vinculada a una investigación criminal para obligarlos a entregar información básica de sus usuarios como nombre, duración de la cuenta, tarjeta de crédito, correo electrónico, último login e inclusive direcciones IP. Quizás nadie previó que inclusive esto podría ser usado de forma arbitraria cuando las instituciones democráticas están en aprietos.

En ambos casos estamos hablando de un esquema de censura indirecta: sin importar de donde seamos, el miedo a que nos revisen hace que borremos cosas y nos de pavor expresarnos con libertad en nuestros celulares. Y así, el disenso y la crítica están en peligro. Por eso es que ahora más que nunca, debemos ingeniar nuevas y creativas formas de aplicar los estándares universales de derechos humanos, que están por encima de cualquier legislación nacional: no importa lo que diga Trump, tenemos derecho a expresarnos y a que nuestra privacidad se respete.