América Latina tiene un triste historial de autoritarismo y gobiernos que han buscado utilizar el aparato estatal para controlar a sus ciudadanos. Más preocupante que esta constatación es el hecho de que, pasadas varias décadas del período dictatorial de nuestro continente, los gobiernos latinoamericanos parecen empecinados en retroceder, en vez de avanzar, en estándares de Derechos Humanos en temas de vigilancia y privacidad.

Así lo confirman una serie de reportes publicados recientemente que buscan analizar los sistemas jurídicos y prácticas de vigilancia a la luz de los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia. Los reportes correspondientes a Argentina, Brazil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay entregan un panorama comparativo preocupante.

Al contrastar los 13 principios para analizar la legitimidad de la vigilancia de comunicaciones antes citados con el marco normativo y las prácticas de estos siete países de Latinoamérica, queda al descubierto, no solo que los países latinoamericanos no están cumpliendo estándares de Derechos Humanos en la materia, sino que los gobiernos del continente cada día están más cómodos con la idea de utilizar la vigilancia como herramienta de control y represión política.

Peor aún parece el hecho de que nadie en el continente parece sorprenderse cuando estos hechos salen a la luz. Ya parece que nos hemos acostumbrado a que nuestros gobiernos busquen cada día vigilarnos de forma más intrusiva y sin cumplir incluso la insuficiente legislación vigente.

Solo en el último tiempo los gobiernos de Chile y Brazil adquirieron globos de vigilancia aéreos, de naturaleza militar, bajo la excusa de mantener a su población segura y combatir la delincuencia. La revelación de las bases de datos de la empresa italiana Hacking Team dejó al descubierto cómo múltiples países del continente habían adquirido millones de dólares en programas de espionaje, cuya adquisición y utilización es de dudosa legalidad y no cumple bajo ninguna circunstancia principios de necesariedad y proporcionalidad.

A lo largo del continente, múltiples proyectos de ley buscan crear registros y vincular los datos personales de los usuarios de las tarjetas de transporte público. Esto, además, da cuenta de intentos por parte de los gobiernos, de acaparar datos personales de la ciudadanía y eventualmente utilizarlos para la vigilancia y el control.

Ante esta situación, se vuelve crucial que los gobiernos de Latinoamérica acusen recibo de los esfuerzos de la sociedad civil y la academia por definir estándares claros de Derechos Humanos para la legitimidad de la interceptación de comunicaciones. En este sentido, los gobiernos deben invertir esfuerzos, no solo en modificar su legislación en la materia, para adecuarla a dichos estándares, sino también modificar las prácticas de sus distintas reparticiones, a fin de respetar, efectivamente, los Derechos Humanos en la materia.

Lo anterior no es solo una inquietud abstracta o académica sino una necesidad imperante en un continente con un pasado complejo y un presente que peligrosamente está adquiriendo rasgos similares a ese pasado autoritario.