Este miércoles 10 de agosto, en Colombia, se realizarán los alegatos finales en el juicio en contra de Diego Gómez, un trágico episodio que ha vuelto a demostrar hasta qué punto ha llegado la irracionalidad detrás del actual sistema de derechos de autor.

Desde el año 2014, Diego ha debido enfrentar un proceso criminal en su contra; uno en el cual arriesga de cuatro a ocho años de cárcel, más multas. ¿Su crimen? Haber compartido con sus colegas en internet la tesis de maestría de un académico sin su autorización.  Diego es una científico conservacionista, y en ese entonces se encontraba realizando una investigación sobre los anfibios de Colombia. Como muchos estudiantes e investigadores de países en vías de desarrollo, su universidad no contaba con los recursos financieros para adquirir acceso a todos los repositorios científicos disponibles. Ante ello, Diego y sus pares se organizaron para compartir los artículos que tuviesen disponibles y así poder apoyarse mutuamente. Diego no plagió nada, no realizó ningún actor de “piratería”, ni tuvo ánimo de lucro, solo compartió un artículo académico con el fin de ayudar a sus pares a realizar su investigación. Y sin embargo, es perseguido como un delincuente.

El derecho penal es, por definición, un mecanismo de “ultima ratio”: el último recurso al que debe acudir el Estado para castigar una conducta particularmente grave que no se puede evitar por otros medios. Sin embargo, somos testigos de como un sistema sesgado supedita el aparato punitivo del Estado al interés particular de unos pocos, en detrimento del interés de muchos. Así, un sistema que solo busca proteger los intereses de los titulares termina por perseguir a un investigador por algo que todos hacemos en el día a día: compartir. Bajo un sistema así, todos somos delincuentes.

No estamos obligados a esta realidad. De hecho, el sistema de derechos de autor no fue concebido para proteger los derechos de los titulares a toda costa, dejando de lado los intereses de la sociedad o incluso criminalizándola. El sistema de derechos de autor nació con el fin explícito de incentivar la lectura, el cultivo de las artes y el desarrollo de la ciencia. El monopolio temporal que se le otorga al autor para explotar su obra se entregaba solo en la medida en que incentivara la creación y, por ende, el acceso de la población a las obras intelectuales. Bajo un sistema que cautela los derechos de los autores a recibir compensación por su trabajo y que incentiva la creación y la innovación, pero desde una perspectiva del acceso, sería imposible que Diego Gómez estuviese enfrentando un condena de ocho años de cárcel por compartir un artículo académico.

La comunidad académica, a través de los movimientos de open access y open data, ya han comenzado a rebelarse en contra de la tendencia a aplicar criterios de propiedad intelectual a la investigación académica. Después de todos, los principios de la ciencia descritos por Robert Merton en 1942 (universalismo, comunitarismo, desinterés y escepticismo organizado) son incompatibles con el actual sistema de derechos de autor. Lo mismo ha hecho Alexandra Elbakyan, quien también es perseguida por la justicia, al crear Sci-Hub, una plataforma que permite obtener acceso a más de 50 millones de artículos académicos de revistas de pago, entregándole la capacidad a miles de investigadores de países en vías de desarrollo de acceder a la bibliografía necesaria para realizar su labor.

Sin embargo, una aproximación más sistémica al problema es necesaria. Ante la evidencia de lo dañino que es el actual sistema de derechos de autor, se vuelve imprescindible que los países de América Latina realicen un profundo proceso de reforma a sus legislaciones de propiedad intelectual y consagren un sistema balanceado, que tenga por objetivo incentivar el acceso a la cultura, la investigación científica y la democratización del conocimiento.

Lamentablemente, el proceso que está viviendo Uruguay y otros países de la región muestran que los gobiernos de Latino América siguen empeñados en profundizar un sistema sesgado y contrario al interés público.

Por eso, y porque Diego no merece ser perseguido por compartir, hacemos un llamado a todos a sumarse a la “Liberatón” organizada por Fundación Karisma que se realizará el día 9 de agosto. La idea es que todas las comunidades liberen contenido y compartan, a través de Twitter, links a obras que ya tengan una licencia abierta o que estén en el dominio público utilizando los hashtags #compartirnoesdelito #standwithdiego. No sigamos esperando a que más inocentes sean perseguidos injustamente para iniciar la urgente tarea de reformar nuestro sistema de derechos de autor.