Hagamos una breve recapitulación: la mañana del lunes 5 de octubre fue anunciado el fin de las negociaciones del Tratado Transpacífico. El viernes 9, la Presidenta Chilena, Michelle Bachelet, hacía un llamado al Congreso nacional a respaldar el acuerdo, al mismo tiempo que WikiLeaks filtraba una nueva versión del capítulo de propiedad intelectual (lee nuestro análisis acá).

Hasta que los textos del acuerdo sean liberados –lo que, según Direcon, podría ocurrir la próxima semana- el tratado sigue siendo secreto, lo que significa que fuera de los técnicos que participaron en la negociación, nadie conoce con exactitud qué contiene y cuáles son los impactos negativos y positivos que podría tener. Nadie.

Por eso llama la atención los saldos alegres y las llamadas a la calma de gente como el Senador Ricardo Lagos Weber e instituciones como Libertad y Desarrollo.

Hay que recordar que el TPP no se limita al desgravamen arancelario, sino que es un tratado económico que fija normas en un alto número de materias disímiles, que van desde las inversiones estatales hasta las políticas fronterizas. Y, como cualquier negociación, la forma final del acuerdo es producto de un intenso “tira y afloja” de siete años, un proceso donde Chile se vio obligado a ceder en algunos puntos para ganar en otros.

Si hoy quisiéramos saber si el TPP es en efecto favorable para el país, es necesario realizar dos ejercicios altamente complejos: En primer lugar, y debido al carácter profundamente técnico de la negociación, es fundamental que un grupo amplio de expertos independientes analicen cada uno de los capítulos del tratado. Y luego, con esos análisis en mano, habría que sopesar beneficios y ganancias, entendiendo su naturaleza diversa y la prioridad que cada uno tiene: ¿Es beneficio el TPP si posee excelentes ventajas para la exportación de productos porcinos a Japón, al mismo tiempo que limita el alcance de las políticas públicas de salud?

Este último ejercicio es el que tendrá que realizar el Congreso Nacional, muy probablemente sin contar con todos los análisis necesarios, debido al alto número de tiempo, recursos y voluntades que implicaría realizar un estudio profundo del TPP a esta altura. Estudio que, al parecer, tampoco realizó ninguno de los gobiernos que tuvieron la responsabilidad de negociar el tratado, a pesar de lo expresado por el Canciller Heraldo Muñoz en la sesión especial realizada en la Cámara de Diputados (el video completo de la sesión está acá).

Derechos Digitales, mediante una solicitud de transparencia, pidió tener acceso a los estudios mencionados por el Ministro, ninguno de los cuales fue realizado por ni enfocado en Chile. Parece ser que recién ahora, con las negociaciones cerradas, se habría encargado un estudio de este tipo, lo que a esta alturas no parece tener tanto sentido como si hubiese sido realizado con anticipación, de modo que la sociedad completa pudiera tener más claros los beneficios y costos de un acuerdo como este.

Evidentemente, el peligro de este estudio de última hora es que no sea más que un esfuerzo por legitimar un proceso cuestionable, buscando ganancias políticas de una política de Estado. El difícil momento que vive el gobierno de Michelle Bachelet puede empujar al oficialismo a cuadrar filas tras la mandataria, incluso si eso significa inhibir el debate en torno a asuntos de mayúscula importancia, como los tratados en el TPP, para evitar cualquier crítica. Y eso es altamente peligroso.

Pero incluso en un contexto donde todo es hipotético, todavía existen motivos para oponerse al TPP. En primer lugar, es un proceso que se realizó de espaldas a la ciudadanía, sin cumplir ninguno de los estándares democráticos a los que el país debiese aspirar. Si el principio sobre el cual descansan las actuaciones del Estado es el de publicidad, no existen buenas razones para sostener el secreto y la opacidad de estas negociaciones.

En segundo lugar, no se presentaron estudios ni proyecciones del impacto del acuerdo para Chile. Más todavía: dos estudios internacionales (uno de ellos producido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el otro publicado en QZ) predicen un decrecimiento del 0,02 de la economía nacional para el 2025 de aprobarse el tratado.

En tercer lugar, sabemos que el acuerdo cuenta con un mecanismo de resolución de conflictos entre privados y estados, que permite que una industria demande a un país ante tribunales internacionales en caso de que sus ganancias proyectadas se vean amenazadas por una política pública o una legislación en específico. Y sabemos que en el pasado estos instrumentos se han utilizado, por ejemplo, contra normas que obligan a tabacaleras a establecer avisos de salud pública en los paquetes de cigarrillos, como en el caso de Australia, o bien contra la explotación minera en lugares con protección ambiental, como en el caso de Canadá.

En materia de derecho de autor, tras nuestro análisis al capítulo de propiedad intelectual filtrado por Wikileaks, podemos afirmar que el TPP consolida una manera restrictiva, conflictiva y perjudicial de enfocar el problema. Si el tratado se aprueba, será casi imposible realizar mejoras futuras a nuestra legislación en la materia y es posible que dichos problemas existan también en otros capítulos.

El Diputado Vlado Mirosevic, la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe y entidades como la Cepal han hecho un llamado a la precaución y a la mesura; un mensaje no tan distinto al expresado por Michelle Bachelet en su plan de Gobierno.

Sin ninguna claridad respecto a los costos y beneficios del tratado, y con tantas buenas razones para oponerse a él, una democracia madura y funcional esperaría que el Congreso actúe responsablemente, resguardando el futuro del país y el bienestar de sus habitantes, sin condicionar el desarrollo de la nación a la opinión de un puñado de tecnócratas.