La semana pasada, la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos admitió el robo de 5,6 millones de huellas digitales, producto de un ciberataque. Esto significa que, por el resto de sus vidas, millones de empleados del gobierno estadounidense tendrán que vivir sabiendo que alguien tiene copia de sus huellas digitales, con consecuencias todavía desconocidas.

La preocupante tendencia a recolectar compulsivamente datos biométricos no es exclusiva de Estados Unidos. En América Latina, varios son los gobiernos que se han empeñado en crear y mantener bases de datos sobre sus ciudadanos cada vez mayores, con el fin de mejorar la prestación de servicios públicos y, principalmente, facilitar los procedimientos de investigación y condena criminal.

El caso paradigmático es el argentino, que desde el año 2011 cuenta con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), el cual permite individualizar a todos los ciudadanos a través de un software, mediante un convenio con el Registro Nacional de Personas. Con esta herramienta se procesan tanto las fotografías como las huellas dactilares, apoyando así la investigación científica como a la prevención delictual.

Además, en Argentina es requisito presentar el documento nacional de identidad para solicitar la tarjeta de transporte público en Buenos Aires (SUBE), quedando vinculada de forma personal a su usuario y, con ello, individualizados todos sus movimientos por la ciudad. De igual forma, existe un proyecto de ley que busca crear un registro de ADN, despertando importantes cuestionamientos jurídicos, de seguridad y de derechos humanos.

Por su parte, el 27 de julio el gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker, que faculta a la policía a geolocalizar al sospechoso de un ilícito sin necesidad de una orden judicial, otorgándoles 72 horas para validar la acción en tribunales. Además, la ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar los registros, duración, frecuencia y demás datos de las llamadas telefónicas y navegación por internet de todo Perú, para que pueda ser consultadas en cualquier momento.

Mientras tanto, Paraguay aprobó la implementación de un ticket electrónico para el cobro del pasaje, tarjetas que también serán nominales e intransferibles, similares a las argentinas: cada tarjeta llevará el nombre del usuario y permitirá conocer los destinos de cada pasajero, datos que serán entregados al Poder Judicial en caso de solicitarlos en virtud de una investigación criminal. Cabe mencionar también al fallido proyecto Pyrawebs, que buscaba obligar a los prestadores de servicio de internet a conservar los datos de tráfico de sus usuarios, haciéndolos accesibles al poder judicial.

Aparte de suprimir el derecho a la presunción de inocencia, la recolección masiva de datos personales presenta dos grandes peligros potenciales: el primero – tal como ocurrió en Estados Unidos- es que la base de datos sea robada. En el año 2014, el Registro Civil chileno informó de la copia irregular de 50.481.298 registros relativos a documentación de cédula de identidad y pasaporte de todos sus habitantes; todavía no hay ningún indicio de quién estuvo tras el robo.

El segundo peligro dice relación con el uso que puede hacerse de estos datos para perfilar, por ejemplo, a opositores políticos. Esto, puesto que el análisis que puede hacerse a partir de los datos y metadatos – datos anexos que describen o se refieren a otros, como lo sería la frecuencia de utilización de un bus en particular o la duración de las llamadas telefónicas- es tan poderoso, que pueden predecirse con exactitud hábitos, relaciones sociales, preferencias privadas e identidad del usuario.

Es por ello que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe que expone como la recolección de datos ha interferido en los derechos a la libertad de expresión y privacidad. La seguridad es un bien público relevante y en el cual todos estamos de acuerdo en que debe ser debidamente resguardado, pero también es necesario analizar la proporcionalidad de las medidas que se están adoptando para su tutela.

Cualquier afectación a derechos fundamentales debe ser sometida a un test de legalidad, necesidad y proporcionalidad, concentrándose el problema en estos últimos dos. El registro y análisis de datos de toda la población escapa a estos parámetros. Identificar a la población completa y saber donde están, con quien están y con cuanta frecuencia visitan una determinada parte de la ciudad –entre muchos otros datos que pueden ser deducidos- no puede ser justificado. La renuncia a la privacidad no debiese ser exigida.