El 22 de mayo recién pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Uruguay anunció un acuerdo para el uso “gratis” de aplicaciones de Google en el Plan Ceibal, este último, un famoso programa de inclusión tecnológica y social, inspirado en la ya finalizada iniciativa “One Laptop Per Child”, que entrega un computador con conexión inalámbrica a internet a cada estudiante y docente de la enseñanza pública en Uruguay.

Gracias al acuerdo, los beneficiarios del Plan Ceibal pueden usar de forma “gratuita” y sin publicidad todas las aplicaciones de “Apps For Education”, que incluyen sistemas de comunicación y almacenamiento como correo electrónico y Google Drive.

Meses antes de que se anunciara el acuerdo, el encargado de desarrollos de Google for Education para Latinoamérica, James Ballentine, declaró en una visita a Uruguay: “No se trata de reemplazar el cuaderno y el lápiz por una laptop o tableta y que uno tome apuntes de la misma manera. Se trata de que el proceso educativo se tecnologice profundamente”.

Creada la necesidad de tecnologías digitales, creado también el negocio. Para ayudar a los gobiernos para que su educación se “tecnologice”, está Google for Education, así como para brindar internet gratis a los más pobres del mundo está Facebook y su Internet.org.

¿Qué gobierno en vías de desarrollo puede negarse a que una reconocida empresa tecnológica regale un servicio de estándar mundial? ¿Cómo la privacidad o la neutralidad tecnológica pueden competir en tamaño negocio?

Uno de los problemas de que gobiernos le digan sí a grandes empresas como Google o Facebook en programas como Ceibal o Internet.org, es que su llegada tiene una moneda de cambio que las autoridades parecen ignorar. Detrás de esa “gratuidad” de sus servicios, está la condición de obtener y manipular tus datos personales, hacer perfilamientos de tus hábitos, cambiar las condiciones de su servicio cuando les dé la gana y, al parecer, hasta compartir tu información sin necesariamente respetar el debido proceso cuando se trata de gobiernos como el de Estados Unidos. Y en el particular caso de Internet.org, ni siquiera se garantiza el uso de protocolos de seguridad mínimos como el https para evitar intercepciones de información.

En el caso del Plan Ceibal, activistas, docentes y organizaciones han denunciado además la falta de transparencia en la firma del acuerdo, las violaciones a la neutralidad y soberanía tecnológica, así como las nulas garantías del resguardo de los datos personales de las personas envueltas en el programa. Además, ven con preocupación la posibilidad que Google sea también el proveedor de computadores portátiles con sus Chromebooks, que le daría control completo del programa a una sola empresa.

Con todo, la noticia de Google en Plan Ceibal refuerza lo que ya parece ser una tendencia preocupante entre las grandes compañías de servicios tecnológicos: disfrazar sus modelos de negocio en planes filantrópicos, enfocarse en países en desarrollo y negociar directamente con los gobiernos. Se tratan de intervenciones inaceptables en las políticas públicas tecnológicas de países en vías de desarrollo, dado que se hacen sin participación y con dudosos estándares de transparencia, y que justificadamente levantan inquietud en la sociedad civil y la academia.

Cambiar esa realidad implica gobiernos que dominan las discusiones de interés público alrededor de las tecnologías digitales y la gobernanza de internet, dispuestos a evaluar los costos de estas decisiones más allá de lo meramente económico, exigiendo estándares de protección a los derechos humanos a través de estos servicios.