Anteriormente hablábamos sobre la importancia de la resolución aprobada por Naciones Unidas (ONU) para la protección del derecho a la privacidad y cómo este organismo había solicitado a sus estados respetarlo, revisar sus legislaciones ajustándolas a los estándares sobre derechos humanos en la materia y disponer de los mecanismos judiciales necesarios para su adecuada protección, entre otras acciones.

Sin embargo, una somera revisión de las noticias que llegan desde el continente parece indicar que la tendencia va en la dirección opuesta: encontramos varios proyectos de ley y acciones de diverso tipo – compra de tecnologías, monitoreo y censura de Internet por parte del Estado – que imponen mayor vigilacia a los países del continente.

Ello lleva inevitablemente a cuestionarse si la mencionada resolución habrá de tener algún efecto en Latinoamérica, al menos en el mediano plazo.

Por ejemplo, tanto en Venezuela como en Paraguay se están discutiendo proyectos de ley que constriñen las libertades en Intenet. En el primer caso, el proyecto proscribe determinadas conductas online calificándolas como ciberterrorismo (“promoción o ataque del orden constitucional” y “perturbación de la paz pública”), limitando de paso severamente la libertad de expresión de sus ciudadanos bajo la amenaza de enfrentar penas privativas de libertad. En el segundo, se proponen vías para la retención de datos de tráfico bajo el pretexto de la persecución criminal de determinados delitos; sin embargo bajo esta fórmula se somete a todos los ciudadanos a vigilancia y no solamente a quienes son sospechosos de cometer algún ilícito.

En Chile, el gobierno ha propuesto aumentar las facultades operativas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dotándola de agentes encubiertos, informantes y la posibilidad de efectuar escuchas telefónicas. Estas últimas no son de su exclusiva competencia, ya que son las policías (Carabineros e Investigaciones) las instituciones llamadas a realizarlas previa orden judicial; a pesar de ello, es sabido que existen otros organismos que se han premunido de herramientas de vigilancia y que ejercen sin la mencionada orden, como es el caso del Ministerio Público.

En otras latitudes se ejercen el monitoreo y vigilancia a través de singulares mecanismos, que van desde la imputación de infracciones a la propiedad intelectual, con el fin de bloquear determinados contenidos que se consideran lesivos de los propios intereses del gobierno de turno, coartando de paso la libertad de expresión; es el caso de Ecuador. Y existen otros más brutales, como el secuestro y homicidio de blogueros que se dedican a denunciar las actividades del crimen organizado y de los organismos públicos corruptos en México.

Otra tendencia detectada en la región la constituye la inversión en tecnologías que facilitan la vigilancia de los ciudadanos, en este escenario se encuentran tanto Argentina como Uruguay. Un ejemplo más extremo de ello viene dado por el caso colombiano, en que no solo se ha invertido en este tipo de herramientas, sino que además se ha construido una infraestructura especialmente destinada al monitoreo, en el proyecto denominado “Puma”.

Como vemos claramente, Latinoamérica no está poniendo el acento en la protección de la privacidad, sino que, por el contrario, continúa viendo en Internet una amenaza que debe ser controlada, incluso si ello tiene como costo el que todos sus ciudadanos, incluídos aquellos que no están involucrados en ninguna actividad ilícita, a veces ni siquiera sospechosa, sean sometidos a vigilancia masiva y carente de respeto a las garantías más fundamentales.

Esto resulta particularmente grave en el caso de este grupo de países, muchos de los cuales tienen una historia reciente de gobiernos dictatoriales, por lo que sus incipientes y jóvenes democracias precisan de mayor cuidado. Es en este sentido que la vigilancia masiva nos muestra su faceta más inquietante: la falta de respeto a la privacidad se encuentra fuertemente ligada a la vulneración de otras garantías con las que se encuentra relacionada, como la libertad de expresión, de información y el derecho de asociación, entre otras, todas ellas piedras angulares de la democracia.

Este vínculo ya había sido reconocido en el Informe “Libertad de expresión e Internet” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que precedió a la resolución de la ONU, analizando el tema con mayor precisión y en términos bastante más enfáticos que este último.

Con todo, resulta claro que, pese a la tendencia americana e internacional manifestada en ambos foros (OEA y ONU), desgraciadamente los países latinoamericanos parecen no llegar a comprender a cabalidad la importancia que el derecho a la privacidad reviste para el orden político y social, el que se ve peligrosamente violentado mediante las acciones de monitoreo y vigilancia ya mencionadas. ¿Seremos capaces de enmendar el rumbo?