En la sección Cartas al Director de El Mercurio, edición del domingo 14 de septiembre, Alberto Cerda Silva, Profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, controvierte el proyecto de ley que socava la los derechos de los usuarios de Internet. A continuación reproducimos el tenor de la misiva.

Estimado Señor Director,

Con el fin de ayudar a la investigación de delitos relacionados con internet, hace cuatro años el Congreso aprobó una ley que obliga a las compañías proveedoras de este servicio a registrar información de sus usuarios y conservarla por seis meses.

Por su parte, hace un mes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que amplía el plazo por al menos un año y extiende la obligación no sólo a las compañías, sino que a todo quien da acceso a otros a Internet. En términos concretos, esto significaría que los directores de colegios y bibliotecas, cybercafes y telecentros comunitarios, entre tantos otros, deberían registrar a cada uno de sus usuarios y además almacenar información de ellos por a lo menos año.

Pero ¿qué avala esta propuesta de ley? Si escarbamos, podemos ver que esta iniciativa no dispone de un estudio técnico que la avale; de hecho, a la fecha no hay un informe de cuál será el costo para el Estado al solventar tales medidas. Al parecer, la propuesta sólo se sustenta en una cierta paranoia policial.

El Congreso no debería subsidiar la ya conocida negligencia policial, incrementando los costos de operación y sacrificando la privacidad de los usuarios. Esperemos que el Senado tome conciencia y sea más prudente al respecto.

Alberto Cerda Silva
Profesor Derecho y Nuevas Tecnologías
Facultad de Derecho
Universidad de Chile

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Publicado en el El Mercurio.
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