Un año después de que dos periodistas dieran a conocer las primeras informaciones sobre los programas de espionaje de la NSA y la GCHQ, es preocupante constatar que en Latinoamérica hemos sido espectadores pasivos de las consecuencias de estas revelaciones.
Miles de personas se manifiestan en favor de Edward Snowden. CC BY (Mike Herbst) SA
En Latinoamérica tenemos una muy vergonzosa tradición de vigilancia, fundamentalmente estatal, concentrada en las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo pasado. Represión organizada a los disidentes, desapariciones y torturas fueron posibles, en parte, gracias a una maquinaria estatal que hacía de la vigilancia una piedra angular de la mantención del terror. En Latinoamérica bien conocemos los perversos y duraderos efectos de este tipo de vigilancia, que carcome la confianza en el otro, mina las relaciones personales y debilita la acción colectiva; en definitiva, desgasta el modelo democrático representativo.
Hace exactamente un año, los periodistas Laura Poitras y Glenn Greenwald conmocionaban al mundo desde una habitación de hotel en Hong Kong, revelando la existencia de múltiples programas secretos de vigilancia masiva dirigidas por la NSA de Estados Unidos y el GCHQ británico, en cooperación con diversas empresas del mundo tecnológico. Luego de una semana, también revelaban al mundo la identidad de Edward J. Snowden, ex analista de la NSA, y fuente de dicha documentación.
La reacción ante las revelaciones ha sido global. Con la honrosa excepción de Brasil, es preocupante que en Latinoamérica seamos más bien espectadores de los coletazos que esta información tiene para la confianza en la infraestructura crítica de la red y la regulación de Internet.
Brasil ha sido el único país de la región en reaccionar enérgicamente tras las revelaciones de Snowden. El evento NetMundial nace precisamente a raíz del espionaje sufrido por la presidenta Rousseff y la empresa Petrobras
La vigilancia de la NSA y sus socios es tanto masiva como dirigida a objetivos políticos y económicos. La publicación del espionaje sufrido tanto por la empresa estatal Petrobras, como por la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, provocó la cancelación de su viaje oficial a Washington como signo de protesta. Adicionalmente, la presidenta Rousseff anunció la organización de la conferencia NetMundial en coalición con ICANN, con el fin de discutir una hoja de ruta para el futuro de la Internet, en un sofisticado acto de presión política para cambiar el eje de la discusión existente entre ICANN y el sistema multilateral, encarnado por la International Telecommunication Union (ITU).
Nueva documentación provista por Snowden ha divulgado espionaje político y comercial a Argentina, México, Ecuador, Venezuela y Colombia, incluyendo al entonces candidato presidencial y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a nueve de sus colaboradores más cercanos.
En paralelo, Chile, Colombia, México y Perú han puesto esfuerzos importantes en la creación de un bloque comercial denominado Alianza del Pacífico, que Estados Unidos mira con especial simpatía, mientras que el Trans Pacific Partnership (TPP) reúne a Chile, México y Perú junto a cuatro de los cinco países de la alianza “Cinco Ojos1, en un acuerdo comercial muy problemático para la libertad en Internet y liderado por Estados Unidos. A un año de las revelaciones de Snowden resulta cándido pensar que estas alianzas comerciales no hayan sido sujetas a intenso espionaje con el fin de salvaguardar intereses de compañías norteamericanas, y hasta el momento no ha habido ninguna reacción oficial enérgica respecto de este punto en nuestra región.
Finalmente, desde el punto de vista de Latinoamérica, los documentos filtrados por Edward Snowden ponen en evidencia algo aún mayor, como es la débil protección de la privacidad y la información personal en nuestros países.
La pérdida de nuestra privacidad en Internet no puede ni debe ser el costo del avance tecnológico.
Para algunos, parte de la solución es tomar decisiones privadas y adquirir conciencia respecto de los costos de la vida moderna y la manera de asegurar nuestra información. Pero de alguna forma pareciera ser que el avance de las nuevas tecnologías -de la mano de nuevas y agresivas formas de vigilancia- no supone desafíos normativos de magnitud. La discusión no es qué tan aceptable es la vigilancia masiva en la era de la Internet, sino más bien cuáles son las medidas que nuestros países deben adoptar para avanzar a estándares legales robustos y que cumplan con compromisos internacionales de derechos humanos.
La pérdida de nuestra privacidad en Internet no puede ni debe ser el costo del avance tecnológico.
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