Algunos de los ejes programáticos propuestos por Bachelet durante la campaña podrían verse seriamente afectados por el Tratado Transpacífico, el acuerdo de libre comercio que nuestro país negocia en secreto junto a 11 países, y que podría alterar el camino delineado por la nueva administración en materias como salud, cultura, educación y pensiones.

Por Paula Jaramillo

El TPP es un acuerdo económico que nuestro país negocia en secreto junto a otros 11 países del área pacífico

El próximo 21 de mayo, Michelle Bachelet realizará la primera cuenta pública del nuevo Gobierno. Será el momento de aterrizar las expectativas sembradas durante la campaña, como también de fijar objetivos para el período venidero. Pero hay un factor del que nadie está hablando y que podría provocar alteraciones insospechadas a la hoja de ruta establecida por la nueva administración: El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, tratado de libre comercio que nuestro país negocia junto a 11 países, podría implicar cambios tan drásticos en nuestra legislación, que haría inviable muchos de los proyectos de Bachelet, al mismo tiempo que afectaría gravemente nuestra soberanía y democracia.

Ante la “urgencia por negociar el acuerdo Transpacific Partnership” de la administración anterior, el programa presidencial de Bachelet expresaba preocupación y proponía tomarse las cosas con calma y mesura: “para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones”, expresaba en el capítulo sobre relaciones exteriores.

Por ello, podría uno asumir, se decidió la conformación del controvertido “cuarto adjunto”, que empezó a sesionar a fines de abril. Sin embargo, resulta extraño que hasta la fecha la nueva administración no haya dado a conocer un análisis sobre la forma en que las negociaciones del TPP podrían desvirtuar las promesas de campaña,  cuestión que debiese ser del mayor interés tanto para el Gobierno como para la ciudadanía.

El gran problema es que el TPP se negocia con nula transparencia y el cuarto adjunto no ha sido capaz de dar solución a esa dificultad. Es como estar peleando en la oscuridad: lo poco que se conoce del tratado obedece a filtraciones, lo que dificulta el análisis minucioso. No obstante, es posible identificar algunas líneas programáticas que se verían evidentemente afectadas de aprobarse el TPP tal como se ha discutido hasta la fecha, entre las que se cuentan salud, cultura, medioambiente y coherencia legislativa.

Las alzas en los precios de los medicamentos, asociadas a las mayores dificultades para la producción de genéricos, podría comprometer los alcances de las políticas en salud

Entre las políticas directamente afectadas en salud pública se encuentran las relacionadas con la “Política Nacional de Medicamentos”, cuya implementación se materializaría a través de dos fondos: el nacional de medicamentos, destinado a cubrir remedios para enfermedades de alta prevalencia, y el fondo de fármacos de alto costo. Ambos se verían seriamente afectados por las alzas de precios asociados la extensión de los plazos y alcances de las patentes farmacéuticas consignadas en el TPP, que dificultarían enormemente la producción de genéricos de menor costo.

Similar suerte podrían correr algunas de las políticas enfocadas en garantizar y fortalecer el acceso al arte y la cultura. La implementación de medidas que impiden la “importación paralela – es decir la importación de ejemplares legales de una obra, sin pedir autorización al titular del derecho en el país – podría limitar la creación de bibliotecas regionales y el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas escolares, preescolares y de la educación superior consignadas en el programa de gobierno.

La ampliación de los plazos de protección de derechos de autor, de 70 a 95 años en algunos casos, es un claro obstáculo no solo al acceso, sino también al uso de los bienes culturales, sobre todo de los sectores de menores ingresos.

Por su parte, las reglas sobre responsabilidad de intermediarios que intenta imponer el TPP significarían que entidades como las bibliotecas, que entregan acceso a Internet, podrían tener que asumir responsabilidad por lo que hacen sus usuarios y controlar los contenidos que transitan en sus redes. El acceso, en vez de aumentar, según plantea el programa, se vería seriamente limitado.

Finalmente, el TPP establecería otros límites al acceso a la cultura, mediante nuevas reglas contra la elusión de medidas tecnológicas de protección. Reglas que ya fueron negociadas en el TLC con EE. UU., pero que se intentan endurecer aun antes de su implementación.

El hermetismo con el que se negocia el TPP hace imposible prever de que manera podrán obstaculizar la implementación de ciertas políticas públicas consignadas en el programa

En tanto, en materias medioambientales –muy controvertidas en relación a proyectos energéticos durante el Gobierno anterior- si bien el programa se manifiesta proclive al fortalecimiento institucional y la protección del medioambiente, el TPP propone sanciones débiles, que parecieran indicar que las partes no tienen mayor intención de aplicarlas a los socios comerciales que incumplan sus promesas en este ámbito.

Con todo, lo que parece revestir una mayor gravedad dice relación con la llamada “coherencia regulatoria”, que podría afectar de forma general la ejecución del programa de Gobierno, dado que el TPP pretende la creación de un mecanismo de consulta que permitiría a los demás socios someter las regulaciones internas al análisis de Comités Técnicos del tratado, atentando contra la soberanía de un Estado democrático.

Es legítimo preguntarse cómo funcionaría este mecanismo ante el escenario de una reforma educacional o tributaria, como las que plantea el programa de gobierno, y aún más de una constitucional: ¿podrían los Estados que adscriban al TPP llegar a pronunciarse sobre tan delicado proceso regulatorio interno? ¿Cuestionarán cualquier modificación legal que pudiera afectar a inversionistas extranjeros? ¿Es ello legítimo, desde el punto de vista de las reglas democráticas?

Tampoco sabemos cómo afectará el TPP otras áreas sensibles, tales como la laboral, servicios, compras públicas, inversiones o agricultura, por nombras algunas. Sin ir más lejos, un área que puede resultar particularmente sensible es la de las empresas del Estado, en relación a la creación de una AFP estatal y de universidades públicas regionales, ambas propuestas mencionadas en el programa de gobierno como prioritarias, sin que resulte posible vislumbrar cuán afectadas habrían de resultar producto del TPP.

TPP pretende la creación de un mecanismo de consulta que permitiría a los demás socios someter las regulaciones internas al análisis de Comités Técnicos del tratado, atentando contra la soberanía de un Estado democrático. CC BY (stopfasttrack)

Lamentablemente, es imposible responder a cabalidad estas dudas, atendido lo poco que sabemos del tratado en negociación -a lo que se suma la poca auspiciosa implementación del “cuarto adjunto”, que tampoco parece arrojar muchas luces al respecto-, pero ciertamente salta a la vista lo importante que es conocer el contenido del TPP antes de que sea suscrito.

La falta de transparencia y de certidumbre respecto a las negociaciones del TPP pueden traer resultados insospechados, no solo para nuestra actual legislación y para el programa del Gobierno entrante, sino también para la democracia, e incluso la soberanía de nuestro país. Es el momento de que el Gobierno transparente su posición: ¿Insistirá en ejecutar el programa para el que fue elegido o cederá a los intereses que por vía del tratado intentan prescindir del debate público?