Ante la completa falta de información oficial respecto al TPP, esta semana ONG Derechos Digitales se ha acogido a la Ley de Transparencia y ha solicitado reportes de gastos, informes, minutas y comunicaciones recibidas.

El Gobierno de Chile ha guardado con recelo cualquier información concreta sobre el Trans Pacific Partnership (TPP). Las explicaciones han sido confusas y se sostienen en la necesidad de resguardar posiciones estratégicas de los países sobre un texto que, al parecer, está en continua revisión.

BY (Gobierno de Chile)

Pero la confusión es anterior a la negociación del tratado: nadie ha sido capaz de explicar cuáles son los beneficios reales que tiene para nuestro país firmar un compromiso de esta envergadura. Hay que recordar que Chile tiene acuerdos comerciales con todos los países que son parte del TPP; volver a negociar los términos de estos acuerdos requiere razones poderosas y las que el Gobierno vagamente ha esbozado simplemente no dan el ancho.

En los últimos años hemos visto la arremetida de los principios de transparencia y apertura en nuestros gobiernos, a través de alianzas como Open Government Partnership, de la cual nuestro país es parte desde 2011. En el marco de dicho acuerdo internacional, uno de los compromisos del Gobierno es el “Fomento de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas” que, pese a tener escasas medidas de accountability1 1.- se utiliza como sinónimo de responsabilidad, de dar cuenta, responder por, dar cumplimiento, básicamente a nivel de gestión pública., parece ser un primer paso hacia el establecimiento de estándares más altos de participación y deliberación, cuando se trata de decisiones importantes en el seno del Gobierno.

Pese a estos compromisos, las negociaciones del TPP responden a un paradigma distinto, a una forma victoriana de entender la política y la discusión pública.

Según la información extraoficial con la que se cuenta – y de acuerdo a todos los mensajes que los gobiernos han entregado en los últimos meses – se mantiene firme la intención de concluir las negociaciones antes de fin de año. Entre el 7 y el 10 de diciembre se realizará en Singapur una reunión ministerial, donde autoridades políticas de alto nivel tomarán decisiones estratégicas respecto del curso de las negociaciones. En concreto, se espera que en tres días se resuelva a nivel político lo que los negociadores técnicos no han podido hacer en tres años.

Lo anterior es todavía más crítico en el caso de Chile, que se encuentra  a meses del cambio de Gobierno y donde la principal candidata a la presidencia ha manifestado la necesidad de revisar exhaustivamente los alcances e implicaciones del tratado.

Es por eso que ONG Derechos Digitales ha enviado comunicaciones formales a todos los ministerios sectoriales que tratan asuntos vinculados con regulación y tecnología, con el fin de informarles sobre estos y otros puntos de interés ciudadano relativos al TPP.

Adicionalmente, hemos solicitado vía Ley de Transparencia reportes de gastos, informes, minutas y comunicaciones recibidas desde el sector privado, que nos permita poder tener más información respecto de un tratado que se insiste en mantener  bajo una ridícula y poco democrática capa de misterio, quizás para ocultar lo que es un secreto a voces: que Chile no tiene nada que ganar y demasiado que perder.