Santiago.- La ONG Derechos Digitales y la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) han suscrito una declaración en la que llaman a la sociedad civil a rechazar las modificaciones a la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual que, de ser aprobadas, restringirán el libre acceso de las personas a la educación y la cultura.
El 12 de enero de 2004 el Gobierno de Chile envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, las cuales, según el texto del proyecto, son necesarias para combatir de manera más severa la piratería y los atentados en contra de los derechos de autor.
Las tres organizaciones que suscriben la declaración han destacado la necesidad de contar con una adecuada legislación sobre derechos de autor, que establezca el equilibrio consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que junto con reconocer el derecho de los creadores a la protección patrimonial y moral, indica que «toda persona tiene el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de éste resulten».
Este equilibrio, que siempre ha sido precario en nuestra legislación, señalan, y no obstante estar universalmente reconocido en las principales legislaciones internacionales, corre el riesgo de desaparecer si el proyecto de ley es aprobado en los términos actualmente redactados.
Entre las demandas de las tres organizaciones, rechazan la propuesta de tipificar como delito el uso «sin ánimo de lucro» de material protegido por derechos de autor, la que establecerá penas de cárcel y multas por dichos usos. «Una norma de esta naturaleza, de ser aprobada, afectaría gravemente el funcionamiento de las bibliotecas y establecimientos educacionales del país, tal como lo ha denunciado el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas».
Asimismo, solicitan la eliminación del impuesto sugerido por el Ejecutivo a las copias privadas, lo que significa que «cada vez que se adquiera un CD o DVD virgen o papel para la impresora, se deberá pagar un precio adicional por concepto de derecho de autor. Lo mismo al adquirir grabadores, reproductores, impresoras e incluso computadores».
Las organizaciones invitan a todas las personas, organizaciones, movimientos e instituciones a sumarse a la declaración, la que será presentada posteriormente al Gobierno y al Congreso Nacional.