Rodrigo Ferrari está un poco más tranquilo; los últimos han sido meses difíciles para él. Quince días atrás, la jueza Carla Capello, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo sobreseyó de todos los cargos que se le imputaban, en un caso que lo enfrentó a Andrónico Luksic, cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos del país. Y todo por un chiste en Twitter.
Dos meses antes, en febrero de 2013, Ferrari era formalizado ante un juez criminal por el delito de “usurpación de nombre”. Tras dos años de investigación, el Ministerio Público lo señalaba como único autor de @losluksic, una cuenta en la famosa red de microblogging, donde se parodiaba la opulencia de la familia-guión-consorcio-empresarial, con un mosaico de dólares en el fondo. Era una broma, pero Luksic no se lo tomó con humor y embistió con todo el poder de su equipo legal.
Pero la fiscalía y los abogados de Luksic calcularon mal la jugada. El pasado 19 de abril, la jueza Capello declaraba evidente el carácter satírico de la cuenta, sin compromiso grave a la dignidad de la persona involucrada, ni ánimo de arrogarse como propio el nombre de Andrónico Luksic. Los hechos no eran constitutivos de delito y los cargos sobre Ferrari fueron desechados.
Y aunque el fiscal o los querellantes podían apelar a la decisión, decidieron no hacerlo. Para Cristian Arias, abogado defensor de Ferrari, esa abstención constituye una demostración evidente de la fortaleza de sus argumentos. “No puede ser delito en Chile crear una cuenta paródica en Twitter, en la que se haga referencia irónica a un conocido grupo económico o empresarial”. Y subraya: “de haber prosperado esa posición, la sátira política, social o económica, se habría hecho objeto de persecución penal, como en las peores y no tan lejanas épocas de nuestra historia”.
Por su parte, Rodrigo Ferrari está un poco más tranquilo aunque molesto. El caso en su contra dio pie a una investigación donde se vulneró el debido proceso, al recabar información personal privada sin una orden judicial que ampare dicho procedimiento, ni antecedentes que lo justifiquen. Cabe recordar que ésta es la única manera en que puede llevarse a cabo un procedimiento de este tipo. Además de @losluksic, se le atribuyeron otras dos cuentas de Twitter – @andronikoluksic y @luksicandronico – acusación apoyada en peritajes que, lejos de ser concluyentes, eran incapaces de demostrar relación alguna con Ferrari, por lo que la causa fue sobreseída.
Para Ferrari, esta desprolijidad tiene directa relación con el carácter público del demandante: “La falta de rigurosidad de la investigación sin duda hace pensar en lo débil que puede llegar a ser la libertad de expresión en Chile. Un acto abiertamente legítimo como es la parodia, puede llegar a transformarse en objeto de persecución sólo porque quien se siente ofendido, represente grandes intereses económicos en el país”.
Para Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales que asesoró a la defensa desde un principio, esta acusación constituía no sólo una amenaza para la libertad de expresión, sino un mal síntoma de nuestra democracia: “Un sistema democrático sano debiera proteger y no castigar la expresión de discursos críticos”.
Cristián Arias, a su vez, añade que se extraña la falta de cultura jurídica para comprender la paradoja aparente que significa entender Internet como un medio abierto, “en el cual se puede ejercer la libertad de expresión y, a la vez, el respeto a la privacidad del usuario hasta ciertos ámbitos que ya no son públicos, como los datos personales que se usan en el ámbito digital, como por ejemplo una dirección IP”.
Hoy el caso está cerrado y Ferrari ha sido absuelto de todos los cargos. Y aunque el mal rato aún no ha sido compensado, esta es una victoria. Una victoria para Ferrari y su defensa, para ONG Derechos Digitales, para el ejercicio de la libertad de expresión en Chile y para el respeto a nuestros derechos en Internet. Quizás sea una victoria modesta, pero es una victoria al fin y al cabo.
Es también una señal de alerta. Este no fue un caso excepcional; lamentablemente, la vulneración a los derechos fundamentales en el entorno digital es práctica recurrente en nuestro país. Y la mejor forma de protegerlos es ejercerlos libremente, mantenerse informado y denunciar con firmeza cualquier intento por pasarlos a llevar.
Si lo hacemos, tal vez un día podamos celebrar en grande.