La organización sueca contra la piratería, Antipiratbyrån (APB), infringió las normas sobre protección de los datos de las personas en su arremetida contra los supuestos infractores.

En Suecia, como en Chile, la ley establece las condiciones que permiten tratar datos personales. A través de ellas se procura establecer un equilibrio entre el interés público por acceder a datos (por ejemplo, para la persecución penal de ciertos delitos) y los derechos de los usuarios de internet (vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones).

Sin embargo, tales exigencias fueron quebrantadas por la entidad sueca en su afán por establecer la identidad de quienes intercambian archivos en línea, ya que sin disponer de autorización legal, ni resolución judicial, ni del consentimiento de los propios usuarios, comenzó a procesar datos que correspondían a ellos, sobre el entendido de que podrían estar cometiendo delito de piratería: ¡Todos quedamos bajo sospecha!

APB utilizó una aplicación que permitiría registrar el número IP empleado en el intercambio de archivos, el alias del usuario, el nombre de los archivos transferidos y el servidor a través del cual se realizó la conexión.

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