Como publicamos a inicios de marzo, ONG Derechos Digitales estuvo presente (junto con otras organizaciones como la UNA) en la última ronda de negociaciones del acuerdo TPP, llevada a cabo en la isla-ciudad-Estado de Singapur. En la ocasión, pudimos reafirmar la idea de que este acuerdo económico tiene altos costos y ganancias muy marginales, tesis que, de hecho, pudimos compartir unos días después en Chile.

En nuestra presentación en Singapur, señalamos que en muchos aspectos críticos del acuerdo (plazos de protección, medidas tecnológicas de protección, importaciones paralelas, responsabilidad de ISP) imponer normas más estrictas creará un sistema mucho más rígido e inflexible de propiedad intelectual, dado que modificar un tratado multilateral donde participan más de 10 países es mucho más difícil que modificar una ley nacional.

En suma, el TPP consagraría los intereses de la industria de contenidos (discográficas y cine) a costa de cualquier reforma futura, a pesar de discusiones tan básicas como la que existe hoy en Estados Unidos sobre si los usuarios deberían tener el derecho de desbloquear su celular. Si el TPP se aprueba en la forma que Estados Unidos pretende, esa discusión estará zanjada de antemano.

A nivel de resultados, queda claro que la velocidad en las negociaciones aumentó significativamente en Singapur. Diversos trascendidos apuntan a que se discutió responsabilidad civil y penal por infracciones a la propiedad intelectual, y que se habría acordado ‘suavizar’ la propuesta original de los Estados Unidos, adoptando un estándar similar al del también controversial acuerdo ACTA.

Ya de vuelta en Chile, el pasado 26 de marzo fuimos invitados junto al resto de interesados en el acuerdo a una reunión con el nuevo jefe negociador del TPP por parte de Chile, Felipe Lopeandía.

Del encuentro se desprende un hecho innegable. La sociedad civil chilena está preocupada por el TPP. La gran mayoría de los presentes entienden y asumen que no existen mayores ganancias económicas para el país (como lo hemos dicho), y las explicaciones del gobierno en torno al “liderazgo regional” y tener mejores “estándares de comercio” no convencen cuando el país no ganará mayor acceso a mercados, con lo que no tendremos ni más crecimiento económico ni más trabajos.

Importantes actores económicos como la SOFOFA, mostraron preocupación por este tema y están trabajando en sus círculos para alertar de los riesgos que conllevan las propuestas filtradas en el TPP.

En la ocasión también preguntamos sobre los informes que deberían sustentar la posición chilena, dado que no se ha hecho público ningún informe del gobierno que justifique de manera real (más allá de buenas declaraciones y cuñas en la prensa) la necesidad de suscribir el acuerdo, más allá del supuesto “liderazgo regional”, que bien puede traducirse como “ego presidencial”. No existió respuesta clara a nuestra pregunta.

Otro tema que se conversó fue la participación de la sociedad civil en el proceso. La experiencia comparada indica que en el caso chileno dicho nivel ha sido precario e insuficiente. Esto quedó en evidencia desde la ronda de Auckland, donde la delegación Mexicana creó un “cuarto de junto“, un mecanismo de participación durante la ronda de negociaciones consistente en que diferentes interesados en el tratado asesoran constantemente a la delegación mexicana, interviniendo efectivamente en el proceso.

Aún con todas sus falencias, el mecanismo mexicano desmiente las afirmaciones con que las autoridades chilenas han justificado la baja participación y transparencia mostrada en las negociaciones, que en la práctica se reduce a un par de reuniones condicionadas por el estrecho horario que les imponen a los negociadores, dependiendo de su buena voluntad y disponibilidad en agenda para poder mantenerse al tanto de lo que ocurre en las negociaciones.

Todo lo anterior no hace sino confirmar el diagnóstico que tenemos sobre el TPP: que Chile no gana nada incorporándose al tratado y que, además, esta nula ganancia se encubre con el bajo nivel de transparencia y participación demostrado hasta la fecha, inferior incluso al mostrado por países como México, Estados Unidos y Canadá.