El comisario para el Mercado Interior de la Unión Europea (UE), Charlie McCreevy, señaló que ya es hora de que los agentes afectados por la piratería pongan freno a la situación a través de acuerdos y busquen salidas más allá del polémico canon por copia privada. Para eso propuso crear un “foro” de debate entre industriales, organismos recaudadores, artistas y consumidores. Como constata la agencia EFE, en el mes de mayo, el personero declaró:
“La industria debe ponerse de acuerdo para establecer filtros, sanciones y un procedimiento de respuesta ante ataques informáticos”.
Lo cierto es que la UE parece convencerse que las leyes siempre irán detrás de los cambios tecnológicos, por lo que es imperioso que antes los actores afectados lleguen a un acuerdo que permita enfrentar el asunto de una manera más eficiente: “Las leyes no servirían para nada, pues antes de que la Comisión Europea propusiera una nueva normativa, el problema habría cambiado de rostro”.
Pero todo indica que poner de acuerdo a los actores parece no ser tarea fácil, sobre todo cuando en muchos países europeos se ve cada vez con mayor agrado la Ley Sarkozy, impuesta en Francia y que pretende seguir las líneas de lucha antipirata de EE.UU. (bloquear el acceso a la red de los internautas más activos, a través de la denominada ‘Respuesta Gradual’) y que genera gran polémica entre los afectados. Por lo demás, en la próxima presidencia europea de Francia este tema tendrá un lugar destacado en la agenda.
Así, y como se desprende en el diario Nortecastilla, la regulación francesa ha sido recibida con los brazos abiertos por la industria y las federaciones antipiratería. Entre tanto, las asociaciones de internautas defienden la licitud de los programas P2P que permiten las descargas e intercambio entre particulares (eMule, KaaZa o bit Torrent) “y dicen estar preparadas ante la batalla legal que se va a librar en Europa”. Por otro lado, si bien las operadoras proveedoras de Internet hablan de la posibilidad de autorregulación, los intentos de control son rechazados cuando existe la posibilidad de una fuga de clientes.
Con este panorama, la idea de McCreevy parece complicada de llevar a cabo, aún cuando pareciera que el problema de la piratería a través de Internet sea un asunto que sólo pueden resolver los proveedores de servicios de Internet y los propietarios de los derechos. En la triangulación de intereses de estos actores, hay derechos ciudadanos más profundos que pocos estarán dispuestos a ceder.