El diseño de políticas públicas sobre propiedad intelectual a espaldas del interés público, ha gatillado reacción en Colombia. Claudio Ruiz se encarga de comentar el hecho en su columna en Terra Magazine.

Toda regulación, desde la que regula el espectro radioeléctrico hasta la de derecho de autor requiere estar en equilibrio con todos los intereses que están involucrados.

Esto, que debiera ser básico y fundamental en un régimen democrático, hoy pareciera ser un requerimiento difícil de cumplir por parte de nuestros gobiernos. Paradójicamente, muchas de estas iniciativas se toman considerando lo que los gobiernos han considerado interés público.

Así, mientras resultaría escandaloso que una regulación pública de telecomunicaciones no equilibrara los intereses del público y los intereses de las empresas que proveen servicios de telecomunicaciones, no suele suceder lo mismo cuando se trata de derechos de autor y tecnología.

La creciente importancia de las empresas de tecnología en la economía mundial ha supuesto una influencia muy relevante en la forma en la que estas nuevas tecnologías son reguladas, particularmente en países del tercer mundo. Así, nuestras regulaciones han terminado muchas veces haciendo oídos sordos respecto de las presiones de la sociedad civil en materias de derecho de autor a través de normativas que no respetan los principios fundamentales de equilibrio entre intereses que debieran gobernarlas.

En este contexto, en los últimos días hemos visto como el Departamento Nacional de Planeación colombiano presentará para la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (COMPES) un documento que pretende sentar las bases para la regulación futura del tema en Colombia. La filtración de este documento ha gatillado el evidente malestar de la sociedad civil respecto de la opción que parece haberse tomado desde la administración central colombiana perfectamente alineada con los intereses corporativos de grandes empresas del entretenimiento que entienden el derecho de autor sólo cómo una herramienta de control y restricción de derechos de propiedad intelectual de cuya titularidad gozan.

Es en el contexto de esta reacción de la sociedad civil, donde queda de manifiesto la necesidad de establecer normas equilibradas respecto de temas tan sensibles para nuestra cultura como son los derechos de autor. Es que un sistema equilibrado de derechos de autor no necesariamente permite el ejercicio de derechos relativos a la libertad de expresión, los derechos de acceso a los bienes culturales o aquellos que tengan que ver con el interés público. Un sistema equilibrado además permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en las posibilidades colaborativas de Internet.

Es así como el mandato a los gobiernos debe ser fuerte y enérgico respecto de las opciones de política pública de derechos de autor, las que deben ir mucho más allá de la mera represión punitiva y la sobre regulación de derechos patrimoniales, sino que debe ir de la mano con una opción política que dé luz verde a nuevas iniciativas tanto empresariales como también a aquellas derivadas del acceso a los bienes culturales y al conocimiento.

Una propuesta pública en materia de derechos de autor debiera suponer una apuesta por el desarrollo del país al futuro y no la preservación de modelos de negocio vetustos y que no se avienen a las nuevas realidades que suponen la masificación de Internet. Sólo así podremos estar seguros de tener en nuestros países una regulación que mire al futuro y que pueda servir como una herramienta de inclusión social y democracia.

Artículo publicado en Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.