La censura digital en América Latina ha evolucionado. No es que se hayan abandonado bloqueos de sitios o cierres de medios de comunicación, sino que los mecanismos para facilitar la censura han aumentado en diversidad y complejidad. A través de leyes ambiguas, intervenciones técnicas y decisiones de plataformas privadas, tanto gobiernos como empresas están moldeando lo que se puede ver y decir en internet.

Y es que el acallamiento de voces críticas u opositoras es una constante cuya manifestación sigue yendo a la par de la proliferación de canales de comunicación. No solo se trata de restringir la expresión libre en razón de su contenido, sino también de generar miedo y autocensura, especialmente entre periodistas, activistas y comunidades vulnerables. Con el pretexto de la seguridad o la regulación del contenido, las autoridades y las grandes empresas tecnológicas están definiendo qué se puede decir y qué narrativas quedan por fuera del debate público.

Reglas legales y técnicas para silenciar

Como contamos hace unos meses, la censura en internet se manifiesta a través de diversas técnicas utilizadas por gobiernos y empresas para restringir el acceso a información y servicios en línea. Entre las más comunes se encuentran: el bloqueo de direcciones IP, que impide el acceso a determinados sitios web o servidores; la alteración de registros DNS, redirigiendo las solicitudes de conexión a páginas falsas o inaccesibles; y la inspección profunda de paquetes (DPI, por sus siglas en inglés), que permite identificar y filtrar tipos específicos de tráfico en la red. Además, algunos Estados implementan apagones de internet en momentos clave, como protestas o elecciones, o recurren a listas de sitios web y aplicaciones por bloquear, aplicando restricciones de forma selectiva para desmovilizar el debate público o impedir la circulación de información crítica.

Los últimos años también América Latina ha visto nuevas instancias en que la censura se incorpora a marcos normativos que, bajo pretextos como la seguridad nacional o la protección de otros derechos, otorgan a los gobiernos herramientas para controlar y limitar la información en línea. En El Salvador, la aprobación de leyes de ciberseguridad y protección de datos conllevan el potencial para restringir la libertad de prensa y aumentar la opacidad gubernamental. La Suprema Corte de México terminó aprobando el funcionamiento de un sistema de notificación y retirada por infracciones de derechos de autor, un conocido mecanismo de censura legal en nombre del copyright. En Brasil, se volvió una polémica pública la trama que culminó en una orden de suspensión de Twitter (ahora “X” para su diezmada base de usuarios) debido a su negativa a bloquear perfiles que difundían discursos de odio y desinformación. La legalidad es una herramienta potencialmente muy peligrosa, dependiendo de quién esté en posición de blandirla, y puede convertirse en una fuente de censura.

Las plataformas digitales, por su parte, implementan políticas de moderación de contenido que a menudo resultan opacas y arbitrarias. La falta de transparencia en la aplicación de estas políticas puede conducir a la censura de discursos legítimos y afectar la libertad de expresión. Además, la manipulación de algoritmos y la difusión de desinformación a través de estas plataformas representan desafíos adicionales para la integridad del espacio digital. Como señala Catalina Botero Marino, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, es esencial que existan reglas claras y mecanismos de auditoría externos para garantizar que las decisiones de moderación respeten los derechos humanos y no se conviertan en herramientas de censura.

Violencia, difamación e intimidación: lo digital es real

La violencia digital ha emergido como una herramienta clave para censurar y acallar voces críticas, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQIA+. Desde campañas de acoso sistemático en redes sociales, hasta la exposición no consentida de información personal o material íntimo con fines de intimidación, las estrategias de censura digital han evolucionado para silenciar y expulsar del espacio digital a las opiniones disidentes.

Estos mecanismos no solo buscan deslegitimar públicamente a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, sino que también generan un ambiente hostil que fomenta la autocensura, restringiendo así la participación en debates fundamentales para la democracia y los derechos humanos en la región. Deepfakes de contenido sexual se han difundido para desacreditar a activistas y periodistas, reforzando la violencia de género en línea. En Colombia, el presidente usó la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a periodistas que luego fueron víctimas de acoso digital. Una fiscal en Guatemala sufrió persecución digital (y judicial) por denunciar corrupción. Testimonios destacados por Derechos Digitales han dado cuenta de instancias donde la búsqueda por acallar voces ha venido amparada por culturas institucionales que refuerzan el impacto de esas tácticas.

Esto no ha significado que haya dejado de existir la agresión física contra quienes se expresan en línea, con mayor frecuencia en contextos de crisis política. En los últimos años, periodistas y defensores de la libertad de expresión en América Latina han enfrentado detenciones, persecuciones y ataques, especialmente en medios digitales y organizaciones de la sociedad civil. Es el caso de Carlos Correa de Espacio Público, detenido en enero de 2025 tras documentar restricciones a la expresión en Venezuela, que se suma a otros episodios como el de Gilberto Reina , Sebastiana Barráez y Yousner Alvarado, de distintos medios de comunicación en línea. En Guatemala, José Rubén Zamora (elPeriódico) fue reencarcelado días atrás en aparente represalia por su trabajo investigativo. Estos casos evidencian cómo criminalización y violencia buscan silenciar el periodismo en línea y la denuncia de abusos estatales en la región.

El uso de la violencia digital como mecanismo de censura no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un efecto disuasivo también en quienes observan estos ataques. La percepción de riesgo hace que muchas personas dejen de participar en debates públicos o modifiquen sus discursos para evitar represalias. Pero eso es, también, parte del efecto deseado.

Defensa (y autodefensa) para la libertad de expresión digital

En un entorno donde la censura digital se intensifica y diversifica, las estrategias de resistencia cobran un papel fundamental para garantizar la libertad de expresión. Como ya hemos señalado, la resiliencia digital en la región ha tomado diversas formas: el periodismo hiperlocal y el uso de redes privadas virtuales (VPN) han permitido mantener la circulación de información independiente frente a bloqueos estatales; en paralelo, la alfabetización digital para fortalecer la capacidad de periodistas y activistas para protegerse de ataques en línea y salvaguardar su privacidad en entornos de vigilancia intensiva sigue siendo necesaria. Además, el activismo feminista ha desarrollado espacios de apoyo y acompañamiento para víctimas de violencia digital, promoviendo respuestas colectivas contra el silenciamiento en línea. Como hemos advertido, evadir la censura es solo una parte de la ecuación; también es urgente exigir mayores garantías para una internet abierta y plural, con políticas de moderación transparentes y límites claros a la vigilancia estatal, y favoreciendo con nuestra acción el uso de plataformas que mejor reflejen nuestro compromiso con los derechos humanos.

Por cierto, la defensa de la libertad digital en América Latina no puede depender únicamente de la evasión de bloqueos o de respuestas individuales o de grupos de intereses específicos. Es necesario construir un marco de exigencia colectiva que presione por mayor transparencia en las reglas del entorno digital y que garantice condiciones para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. La lucha contra la censura digital es, en última instancia, una lucha no solo por el derecho a la información, sino por el ejercicio cotidiano de la democracia y por la construcción de sociedades más justas.