En un contexto donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF) se ha convertido en un espacio fundamental para discutir las complejas intersecciones entre innovación y derechos humanos. Este año, desde Derechos Digitales nos sumamos nuevamente al evento, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en el entorno digital y abogando por una gobernanza de Internet inclusiva y equitativa. 

En la instancia participamos en dos sesiones clave donde abordamos temáticas sobre derechos humanos, tecnología e inteligencia artificial. Conversamos con organizaciones de la sociedad civil, junto a la comunidad técnica, la academia, representantes de gobiernos y sector privado para discutir sobre los derechos digitales en la región. Acá tuvimos la oportunidad de debatir sobre los desafíos para el acceso universal a derechos fundamentales en el entorno digital en América Latina, junto al auge de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, repasando dónde está situada hoy, marcos regulatorios y sus riesgos. De hecho, presentamos estudios de caso sobre distintas implementaciones de inteligencia artificial en el sector público en algunos países latinoamericanos.

Estudios de caso en América Latina: IA como instrumento de políticas públicas

Si bien la IA tiene el “potencial” de mejorar aspectos de la vida cotidiana, su implementación en ámbitos críticos ha comenzado a exponer serias vulneraciones de derechos. En particular, el uso de IA en la implementación de políticas públicas sin garantías suficientes,  puede conllevar riesgos significativos para la privacidad, la libertad de expresión y, sobre todo, el bienestar de las personas. Desde Derechos Digitales, mediante una investigación activa desde el 2019, hemos realizado estudios de caso -seis publicados y cuatro en desarrollo-, a partir de los cuales hemos identificado preocupaciones profundas sobre la manera en que la implementación de la IA está afectando el ejercicio de  los derechos humanos en nuestra región.

Los casos que hemos analizado muestran que, en países como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, la IA se ha implementado en iniciativas gubernamentales que afectan de manera directa la vida de millones de personas. En Brasil, por ejemplo, el Sistema Nacional de Empleo utiliza IA para perfilar a personas desempleadas y ofrecerles posibles ofertas de trabajo. En Chile, el Sistema Alerta Niñez busca generar un “índice de riesgo” para predecir la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. En Uruguay, la aplicación móvil Coronavirus UY fue implementada para gestionar la pandemia; y en Colombia, el proyecto PretorIA se utiliza para definir la prioridad en casos de tutela judicial de derechos fundamentales en la Corte Constitucional.

Aunque estas iniciativas parecen responder a desafíos  importantes, nuestros hallazgos revelan serios riesgos. En primer lugar, la IA aplicada a estas áreas no siempre demuestra ser eficaz. En muchos casos, los resultados obtenidos no justifican la implementación de sistemas de IA. En segundo lugar, la mayoría de estas iniciativas se desarrollan sin marcos normativos adecuados o sin instituciones de supervisión fuertes que garanticen la protección de los derechos de las personas.

Resultados preliminares: ¿a qué nos enfrentamos?

Nuestros estudios, hasta la fecha, nos han llevado a identificar varios problemas recurrentes. Primero, la efectividad de los sistemas de IA para resolver los problemas de política pública es limitada. Esto resulta particularmente problemático en áreas como la seguridad, donde un mal uso de estas tecnologías puede tener consecuencias graves para la libertad y la privacidad de las personas.

Además, hemos detectado falencias en el manejo de datos personales. En muchos casos, no existe un consentimiento informado adecuado. En Brasil, por ejemplo, no se requiere consentimiento para reutilizar los datos recolectados por el Sistema Nacional de Empleo, lo que permite su tratamiento por parte de nuevos agentes privados sin el conocimiento de las personas afectadas. En Chile, el consentimiento para el uso de datos de niñas, niños y adolescentes no es claro ni explícito en el Sistema Alerta Niñez. Esta falta de transparencia y protección de los datos personales abre la puerta a prácticas de recolección y uso de datos que podrían vulnerar los derechos de las personas.

Otro problema clave es la escasa participación ciudadana en el diseño y la evaluación de esta implementación. En general, los estados de la región carecen de instancias donde la ciudadanía y las partes interesadas puedan formar parte de los procesos de regulación, reglamentación e implementación. Por eso, es fundamental destacar que la participación es un derecho humano. Diversos instrumentos en derechos humanos de alcance interamericano y universal dan cuenta de este derecho político de la ciudadanía y coinciden en apuntar a la participación como un habilitador para tener voz y voto sobre aspectos críticos que impactan a nivel individual y colectivo.

El camino hacia una IA ética y centrada en las personas

A pesar de estos desafíos, es posible construir una inteligencia artificial que respete y promueva los derechos humanos en nuestra región. Pronto lanzaremos un Latin America in a Glimpse: Reflexiones para una IA comunitaria y feminista, que explora iniciativas comunitarias apuntadas a reapropiar a la IA desde los contextos culturales y sociales de América Latina haciendo frente a modelos extractivistas y coloniales.

Este informe se basa en conversaciones con investigadoras, tecnólogas y activistas de distintos países que trabajan en enfoques alternativos para la IA desde temas como: género, territorio y educación. Un reporte que ilustra las diversas potencialidades de esta tecnología desde una mirada ética y justa que apunta al beneficio colectivo para y desde el sur global.

Nuestra labor continúa. A través de estos estudios y del nuevo informe Latin America in a Glimpse, buscamos aportar evidencias que contribuyan a generar un cambio en la forma en que los gobiernos utilizan  la inteligencia artificial, además de mostrar alternativas comunitarias para su uso. Queremos que la IA en América Latina sea una herramienta para el beneficio de las personas, y no un mecanismo que profundice las desigualdades estructurales y genere nuevas formas de exclusión. En Derechos Digitales, seguiremos trabajando para contribuir a que los derechos humanos estén al centro de las políticas relacionadas a la IA, con garantías jurídicas y procesos que prioricen la participación ciudadana y los contextos locales.