En octubre vamos a tener múltiples discusiones importantes en la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, en India. Pero son preocupantes las barreras de la participación dentro de la toma de decisiones de la UIT para la participación efectiva de la sociedad civil en estos espacios.

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-24) será llevada adelante en octubre del presente. Esta asamblea es celebrada cada cuatro años y reviste de especial importancia dado que determina la estrategia, las políticas y el programa de trabajo del UIT-T. Esto es importante para la sociedad civil porque las normas elaboradas por el UIT-T “contribuyen a definir la infraestructura mundial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y pueden tener amplias repercusiones en el ecosistema regulador de las TIC más allá de la UIT”.

Como es advertido en una reciente guía publicada por la organización Global Partners Digital, en los últimos años muchos estados han utilizado este espacio para intentar ampliar el mandato de la UIT a ámbitos emergentes críticos de la gobernanza digital, como por ejemplo la Inteligencia Artificial o a aspectos operativos de Internet y sus recursos críticos.

Considerando a las barreras de la participación dentro de la toma de decisiones de la UIT y teniendo en cuenta que muchas de estas discusiones se dan en otros foros impulsados por personas expertas y con participación de sociedad civil, esta ampliación de mandato podría socavar el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas.

Estándares técnicos con perspectiva de derechos humanos: es esencial el modelo de múltiples partes interesadas

Siguiendo a la guía mencionada, la forma más efectiva de que la sociedad civil pueda visibilizar sus conocimientos, preocupaciones y contribuciones y -con ello- influir en el alcance y la dirección del trabajo del AMNT-24 es a través de su participación de forma activa para dar forma al texto de las Resoluciones. ¿Pero sería este entonces un modelo de múltiples partes interesadas?

Primero, que este modelo apunta a asegurar una participación significativa de distintas partes como sociedad civil, academia y sector técnico con el objetivo que las discusiones sean llevadas adelante considerando todos los puntos de vista y necesidades, sobre todo de aquellos sectores mayormente afectados por las políticas públicas digitales, evitando que aquellas se concentren exclusivamente en los Estados. A su vez -y sobre todo- este modelo impulsa a que el análisis parta desde el derecho internacional de los derechos humanos.

Como ocurre con cualquier avance tecnológico, los estándares no se limitan a cumplir funciones técnicas. Al contrario, están influenciadas por los contextos históricos y culturales en los que surgen, reflejan visiones de sus desarrolladores, y tienen un impacto en las políticas públicas. Aplicar una perspectiva de derechos humanos, implica centrar las discusiones en como el funcionamiento de internet puede -y debe- contribuir a garantizar la promoción y ejercicio de derechos.

En ese sentido, organismos como la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos han resaltado que los estándares técnicos pueden facilitar o inhibir el ejercicio de los derechos, dependiendo de su diseño. Un elemento clave para para inclinar la balanza hacia el ejercicio de derechos recae en la participación, sobre todo de comunidades mayormente afectadas, que permita una mayor comprensión sobre las repercusiones de dichos estándares apuntando a que se puedan adoptar y utilizar normas técnicas más favorables a la defensa de los derechos humanos.

Esto no es hipotético. Tal como han señalado, organismos como la Relatoría de Libertad de expresión de Naciones Unidas la falta de perspectiva de derechos humanos en este ámbito ha contribuido a la creación de lagunas técnicas que ocasionan vulneraciones a derechos como la privacidad, restricciones de acceso y otros abusos.

Algunos ejemplos de cómo las normas técnicas pueden afectar negativamente a los derechos humanos son la recopilación masiva de datos, la vigilancia, la erosión del anonimato y la creación de perfiles permanentes para rastrear personas o contenidos. Las normas técnicas también pueden afectar al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, así como al principio de no discriminación.

A pesar de la obligación de los Estados y la responsabilidad de las empresas de cumplir con los derechos humanos, la mayoría de los organismos de generación de estándares no se han comprometido claramente a situar los derechos humanos en el centro de sus actividades. Esto se refleja en la falta de personal dedicado a los derechos humanos en la labor normativa; la excepcionalidad de las evaluaciones de impactos en derechos humanos, y la falta de realización de un seguimiento sistemático de las repercusiones de las normas en los derechos humanos, una vez adoptadas.

¿Cómo se relaciona este modelo con la generación de estándares técnicos respetuosos de DDHH?

Como explicamos en una columna anterior, el ámbito de la elaboración de normas técnicas es amplio y variado. Algunas organizaciones intergubernamentales como la UIT -que cumple un rol central dado su status de agencia especializada de la ONU- se encargan de establecer estándares técnicos relacionados con las tecnologías digitales y emergentes. Esto implica generar espacios de diálogo con el objetivo de generar normas técnicas para el funcionamiento, implementación e interoperabilidad de tecnologías.

A pesar de que estos estándares no son vinculantes y son adoptados sobre la base de generación de consensos, muchas de ellas han sido ampliamente adoptadas entre los Estados y el sector privado. Además, las normas del UIT-T y las elaboradas por organizaciones multilaterales de normalización cuentan con protección comercial en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que facilita su adopción y uso.

Aunque la membresía de la UIT, incluye -además de un centenar de Estados- a sectores no gubernamentales; a la hora de la verdad, la participación de ONG’s en este espacio es poco frecuente, las tasas anuales son muy costosas para sociedad civil y también solamente los Estados tienen derechos de votación. Esto ha generado varias críticas por llevar a cabo “un proceso de toma de decisiones muy exclusivo y verticalista” y por carecer de “transparencia, apertura e inclusión”.

La falta de participación significativa se sitúa como un elemento central de dichas críticas. El informe referido del ACNUDH ahonda en esta problemática indicando que estos procesos son a menudo opacos y no buscan o no aceptan activamente aportes públicos significativos. La falta de representatividad se refleja en predominantemente en términos geográficos, de género y de centralización de decisiones en los Estados.

Los participantes provienen predominantemente de países de ingresos altos y medios, con una representación limitada de regiones como África y América Central y del Sur. Los altos costos asociados con la membresía, el registro, los viajes y la contratación de expertos limitan la participación de organizaciones de la sociedad civil, investigadores y pequeñas y medianas empresas.

Además, el predominio del idioma inglés y las culturas operativas excluyentes, como el machismo en estos espacios, dificultan una participación más amplia. Este entorno afecta especialmente a mujeres, personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQIA y participantes del Sur Global. Por ejemplo, en 2022, las mujeres constituían solo el 27% de los participantes en los grupos de estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

Por otra parte, las reglas procesales que favorecen a los estados miembros en la UIT limitan el impacto de los participantes no estatales. Aunque la UIT técnicamente permite una membresía más amplia, en la práctica, solo unas pocas organizaciones de la sociedad civil están incluidas en las listas de grupos de estudio. Incluso, los estados pueden oponerse a la membresía de actores no estatales específicos, lo que complica aún más la situación.

Ahora bien, lo constatado en el informe ofrece un diagnóstico que permite identificar los nodos críticos de participación. Esto no significa que la batalla este perdida. Al contrario, ofrecen argumentos basados en evidencia que permiten exigir el cumplimiento de una participación efectiva como esencial para avanzar a estándares técnicos que operen en función a los derechos de las personas.

¿Qué sigue? Oportunidades de influir en normativas técnicas:

¿Cuales, entonces serían las posibilidades de influenciar en las discusiones de la AMNT-24? Para ello, la guía de GPD presenta diversas opciones: Participar de las delegaciones estatales permite -entre otras cosas- tener acceso a los documentos de trabajo y asistir de manera presencial a las reuniones. No obstante está sujeto a la decisión de los estados de habilitar esta participación, además de obvias limitaciones que pueden reflejarse en intereses contrapuestos. Adquirir una membresía del sector o trabajar con Asociados o Miembros del Sector existente es otra opción. Mientras que ofrece ciertos beneficios como poder tener una participación activa en grupos de estudio, miembros del Sector o Asociados no tienen derecho a voto y es posible que no tengan acceso a todas las discusiones ni a procesos de toma de decisión.

Un dato importante sobre la membresía, es que a lo largo de los años se han eximido a alguna organizaciones de carácter internacional de las obligaciones financieras que conlleva la participación. Esto significa que, bajo el cumplimiento de ciertos criterios pre establecidos, se puede eximir a organizaciones el pago de cuotas de afiliación. Esto es una realidad actualmente para 132 organizaciones que están exentas de pagar estos gastos.

La participación de las múltiples partes interesadas como parte de una delegación en reuniones preparatorias regionales es altamente recomendado. Estas reuniones tienen el objetivo de llegar a un consenso regional sobre las resoluciones: se consolidan posiciones sobre temas de importancia regional y propuestas comunes para la AMNT. Aunque estas reuniones generalmente empiezan un año antes de la asamblea, aún quedan reuniones pendientes de aquí a Octubre.

Por otra parte, se encuentra abierto el llamado de la UIT de consultas referente a como procesos de múltiples partes interesadas pueden abordar aspectos relacionados al desarrollo de la Internet; cuales son los desafíos y oportunidades para fortalecer la Internet; y como se puede fomentar la cooperación internacional entre múltiples partes interesadas en cuestiones de política pública centradas en la promoción de los aspectos de desarrollo de Internet.

Considerando la importancia de la participación de sociedad civil para garantizar que las decisiones de estos órganos no presenten una amenaza para los derechos humanos, influir en estas discusiones no solo es importante, sino urgente.