Recientemente, la ciudad de Dubrovnik fue sede de una conferencia para el futuro de la gobernanza de plataformas digitales a nivel global. Este evento, celebrado en junio de 2024, reunió a expertas y representantes de diversos reguladores estatales y sus redes, para discutir la implementación de sistemas de gobernanza de contenidos de manera coherente a nivel mundial, con los contenidos ilegales o potencialmente dañinos en internet como el foco de la preocupación.

La conferencia en Dubrovnik es el paso más reciente en un proceso que comenzó con la publicación de las Directrices de la Unesco sobre la gobernanza de plataformas digitales en noviembre de 2023. En febrero de 2023, la conferencia “Internet para la Confianza” buscó construir un consenso inicial sobre estas guías, sentando las bases para la discusión y el desarrollo de políticas más específicas. Entre ambos eventos, se llevaron a cabo múltiples consultas y reuniones técnicas para ajustar y afinar las estrategias regulatorias propuestas, no sin polémica.

Un largo trayecto, un hito más

Estos esfuerzos no están exentos de críticas y desafíos. La gestión de contenidos disponibles en línea debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos potencialmente afectados. Organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales han señalado repetidamente que las políticas restrictivas, tanto a nivel estatal como de plataformas privadas, pueden llevar a la censura y a la limitación de la participación en el espacio cívico. Del mismo modo, la difícil armonización entre opciones regulatorias con múltiples ejemplos divergentes hace difícil pensar en soluciones únicas que sirvan a todos los intereses en juego. Incluso en la región, la Comisión Asesora contra la Desinformación en Chile subrayaba la importancia de pensar distintos esquemas de regulación, corregulación y autorregulación para combatir ciertas formas de discurso legal pero nocivo.

Una preocupación habitual en la región frente a las iniciativas por influenciar procesos regulatorios nacionales, es el riesgo de que la implementación de ejemplos comparados o de directrices internacionales sirva como excusa para implementar nuevas normas que sirvan como herramientas políticas para silenciar la disidencia política. Así ha pasado con varias otras leyes en la región, combatiendo supuestas preocupaciones como el discurso de odio, el cibercrimen o la desinformación. Todo lo cual podría socavar aún más la confianza en las plataformas digitales y fomentar la arbitrariedad en las autoridades encargadas de implementar nuevas reglas.

Organizaciones como Derechos Digitales expresaron preocupaciones afines durante la discusión de los borradores de las Directrices sobre la gobernanza de plataformas digitales de la UNESCO. También se ha señalado la falta de mecanismos claros para asegurar la participación significativa de todos los actores y se ha criticado la falta de un enfoque más inclusivo en el desarrollo de estas Directrices. Si bien el contenido de la versión final de las Directrices muestra un enfoque más equilibrado hacia la gobernanza de plataformas, con recomendaciones específicas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en la regulación de contenidos en línea, persisten preocupaciones sobre la implementación efectiva de estas directrices, especialmente en contextos nacionales con marcos regulatorios débiles, instituciones poco preparadas, o tendencias autoritarias.

Competencias regulatorias bajo la lupa

La UNESCO ha promovido la creación de un Foro Global de Redes, reuniendo a su vez a distintas redes regionales de reguladores de medios, plataformas digitales y otros actores. El propósito declarado es compartir experiencias sobre mejores prácticas para implementar los principios de las Directrices a nivel nacional, regional y global. Las propias redes de reguladores (redes que en LatAm incluyen a PRAI https://prai.tv/) de medios y de seguridad en línea firmaron su compromiso con los objetivos de la UNESCO con ocasión de la conferencia de febrero de 2023, como también su voluntad de “desarrollar sistemas regulatorios coherentes” entre distintas regiones. No obstante, en el momento mismo de esos compromisos, el borrador 2.0 de las eventuales Directrices estaba siendo objeto de profunda crítica, en parte en torno a las propuestas de regulación allí contenidas.

Una cuestión crucial es el ámbito de competencia de tan distintos reguladores asociados a estas redes, y su efectiva capacidad de participación en la gobernanza de espacios digitales. Actualmente, los reguladores involucrados en estos foros internacionales tienen competencias variadas que incluyen la supervisión de la radiodifusión, la televisión, telecomunicaciones, y, en algunos casos, la regulación del comercio electrónico. Esta variedad de competencias plantea preguntas significativas sobre su capacidad para adaptarse a la regulación de plataformas digitales.

¿Tienen estos reguladores la experiencia y el conocimiento necesarios para gestionar eficazmente las plataformas digitales? ¿Es adecuado transferir las competencias regulatorias de medios tradicionales a espacios digitales dinámicos y en constante evolución? ¿Cómo se alinean en la práctica la postura de los reguladores digitales y los posicionamientos de agencias con diferentes ámbitos de acción? ¿Cómo se traducen los compromisos compartidos en acciones concretas a nivel nacional? ¿Cómo se suplen las faltas de facultades o de recursos que hagan imposible la implementación de políticas comunes entre países? Estas preguntas subrayan la necesidad de una capacitación y adaptación continua para los reguladores en todo el mundo, pero por sobre todo, ponen aún más en relieve diferencias institucionales significativas entre distintas regiones y distintas jurisdicciones. Las buenas intenciones pueden no ser suficientes para abordar los desafíos únicos del entorno digital. Menos aún si la conversación excluye a la participación multisectorial.

Reflexiones finales

Estas preocupaciones son especialmente relevantes desde la perspectiva latinoamericana. La región enfrenta desafíos críticos en términos de acceso a la tecnología, desigualdades socioeconómicas y marcos legales en desarrollo. La participación activa de la sociedad civil es crucial para asegurar que las políticas digitales no solo protejan los derechos humanos, sino que también fomenten la inclusión y el desarrollo sostenible.

La armonización de los esquemas de gobernanza de plataformas digitales a nivel global es un esfuerzo ambicioso que plantea importantes preguntas sobre jurisdicción, competencias regulatorias, derechos humanos y participación multisectorial. La UNESCO, a través de sus conferencias y redes, ha dado pasos significativos para liderar estas discusiones. Sin embargo, el éxito de las iniciativas de armonización dependerá de la capacidad de muy distintos reguladores para adaptarse a los nuevos desafíos, para la protección efectiva de los derechos humanos con inclusión de una amplia gama de actores en la toma de decisiones.