Recientemente se realizó la IV Reunión de Jefes de Estado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con el objetivo de fortalecer la cooperación regional entre países de la Amazonía, sobre la base de una política común para el desarrollo sostenible, basada en la lucha contra la deforestación y las desigualdades sociales y económicas.

La Declaración de Belém, firmada por los ocho países que conforman la OTCA (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) junto a San Vicente y las Granadinas, los Congos e Indonesia, introduce elementos fundamentales en 113 puntos, reunidos en 18 ejes temáticos, que buscan fomentar la cooperación para evitar que la Amazonía alcance un punto de no retorno.

Entre los aspectos positivos consignados en la Declaración destaca la inclusión de una perspectiva de género, así como las medidas diferenciales dirigidas a mujeres, a la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Junto con ello, son particularmente positivas las medidas enfocadas en proteger la labor de defensores de derechos humanos y aquellas que buscan generar financiamiento para programas que promuevan el manejo integrado y sostenible de los recursos naturales, además de fortalecer institucionalmente a la OTCA.

No obstante, activistas, expertas y comunidades originarias criticaron la Declaración, la que calificaron de “inherentemente frágil”. Entre las principales carencias del documento se señala la falta de un compromiso de cero deforestación —punto sobre el cual no se logró consenso— y de un pedido explícito para poner fin a las prospecciones petrolíferas en la región.

El rol de la tecnología en la Declaración: ¿avances o tecnosolucionismo?

La Declaración presenta a la tecnología como una herramienta para apoyar y lograr algunos de los fines deseados. Por ejemplo, se menciona la necesidad de promover la innovación de tecnologías para la sostenibilidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la generación de conocimiento, la recuperación de las zonas degradadas y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, entre otras.

Sin duda, la tecnología ofrece capacidades relevantes para aportar a la sustentabilidad ambiental y podría constituirse en una importante aliada para dicho fin. Sin embargo, existe un uso reiterado del término “soluciones tecnológicas”, sin clarificar qué soluciones ni cuál sería su aporte. Esto dificulta evaluar las propuestas en base a estándares internacionales de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Si bien el espíritu del texto supone buenas intenciones, es necesario fortalecer las salvaguardas para evitar caer en tecnosolucionismos que ocasionan mayores peligros que beneficios. Evaluaciones de impacto en derechos humanos y lineamientos robustos para la protección de datos personales son fundamentales para imposibilitar que los fines perseguidos originalmente se desvirtúen, especialmente en aquellas medidas que apuntan al desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y otras soluciones tecnológicas para fortalecer la participación ciudadana.

De la misma forma, la cooperación estatal en materia de intercambio y acceso a tecnología debe estar sujeta a criterios de derechos humanos. Esto es especialmente importante considerando que en su punto 74, la Declaración fomenta la cooperación técnica del uso de tecnologías de percepción remota, incluyendo satélites, drones y otras plataformas aéreas, para el monitoreo y evaluación de los ecosistemas de la Amazonía, así como para la identificación de actividades ilegales y la promoción de la seguridad ambiental. Si bien es cierto que estas tecnologías pueden ayudar a dicho fin, la redacción del texto es demasiado amplia, especialmente en cuanto a finalidad; sin salvaguardas robustas, puede incentivar el intercambio y uso indebido de tecnologías con capacidades de vigilancia en detrimento de derechos fundamentales. 

Brechas de conectividad

La Declaración reconoce la demanda de conectividad y la necesidad de cerrar la brecha digital, mediante el fortalecimiento de infraestructura sostenible. A su vez, insta a la cooperación en el desarrollo conjunto de tecnologías de conectividad para facilitar el acceso a localidades aisladas, por el agua y por el aire, para fines de atención social.

Si bien estos son elementos valiosos para avanzar el acceso a internet en la región amazónica, no explicita la importancia de la conectividad para el ejercicio de derechos humanos, particularmente en comunidades que han sido históricamente excluidas del acceso a derechos.

Es importante considerar que, para el acceso y uso de las tecnologías, estos grupos encuentran las mismas barreras que para el ejercicio de otros derechos fundamentales, pero que la interacción con la tecnología (o su ausencia) puede a su vez generar nuevas formas de exclusión.

En el proyecto de investigación “Latin America in a Glimpse: Amazonía”, recientemente publicado por Derechos Digitales, resaltamos que el impacto de la brecha digital se identifica en el acceso a servicios públicos y en la posibilidad de ejercer derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión. La infraestructura fue identificada como causa y evidencia de los obstáculos para el acceso a servicios relacionados con derechos fundamentales, entre los que también se encuentra el acceso a internet, por lo que la referencia en la Declaración es claramente positiva.

Sin embargo, es importante que esta sea accesible, con costo efectivo, robusta, escalable y con capacidad para permitir las aplicaciones que son consideradas relevantes. La sola referencia a la importancia de la infraestructura es insuficiente si no existen lineamientos que orienten su desarrollo. La promoción de redes comunitarias puede ser una alternativa atractiva, pues son infraestructuras de comunicaciones desplegadas, administradas y gestionadas por la propia comunidad que las utilizan.

A su vez, es importante resaltar que la conectividad es el primer paso en una serie larga de acciones necesarias para que las tecnologías de información y comunicación (TICs) puedan ser utilizadas en beneficio de las comunidades, por medio de la apropiación tecnológica, lo que requiere el aseguramiento de un entorno habilitante para ello. Esto implica no solo el uso de una herramienta tecnológica para satisfacer una necesidad, sino un continuo desarrollo, reutilización y ampliación de la tecnología por parte de la comunidad, a medida que se identifican nuevas necesidades.

Desafíos y oportunidades

La Declaración provee varios lineamientos y compromisos positivos para la región amazónica. El énfasis de la participación de las comunidades en los procesos identificados en la Declaración es clave, pues se trata de un derecho humano reconocido internacionalmente, que sienta las bases de toda política pública dirigida a ellas y que también es esencial para lograr la apropiación social de las tecnologías. Sin embargo, la Declaración no refleja ni apunta a generar políticas públicas situadas, que tengan como objetivo lograr autonomía tecnológica. Tampoco se aborda su relación con otras problemáticas de justicia social, ambiental y derecho al territorio.

Resulta imperioso que los estados amazónicos incorporen estas temáticas desde una perspectiva de derechos, que integre a las tecnologías como un elemento que beneficie a las comunidades, por medio de políticas públicas de acceso a internet y a las TICs a partir de las necesidades de los pueblos originarios y la preservación de la Amazonía. Se necesita un cambio de paradigma que permita la formulación de propuestas de políticas públicas desde una visión holística y situada.