El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, por medio de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, ha comenzado el diseño de una Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales. Si bien el proceso se encuentra todavía en la fase de diagnóstico, se trata de una noticia sumamente esperanzadora. Actualmente, dentro de las instituciones que dependen del Ministerio, existen una serie de iniciativas centradas en la digitalización y la puesta a disposición de las personas de diversos materiales en formatos digitales, pero la falta de lineamientos comunes merma el impacto potencial de dichos esfuerzos, al mismo tiempo que dificulta su propia subsistencia, como identificamos en el estudio “Digitalización del patrimonio documental”, publicado en 2019.

En un país extenso y fuertemente centralizado, las tecnologías digitales brindan una oportunidad única para que las personas a lo largo del territorio nacional puedan acceder, disfrutar y utilizar la cultura de forma sencilla y a bajo costo. Bien construida, la estrategia podría ampliar de forma exponencial las posibilidades de las y los habitantes del país de acceder y participar de la vida cultural.

Sin embargo, ello supone, primero, generar condiciones dentro de las instituciones que permitan la disponibilización de artefactos culturales. Esto incluye la entrega de recursos suficientes para ello, pero además la creación de una cultura institucional que entienda el valor de este acto. Una comprensión común sobre este punto es fundamental, además, para no sucumbir frente a potenciales presiones de actores con gran poder de lobby, que se han movilizado de forma sumamente efectiva en favor de mayores restricciones a la circulación y el acceso a la cultura en el país.

Las definiciones que se tomen hoy en torno a la política de patrimonios digitales pueden impactar de manera importante el futuro del panorama cultural nacional y, por lo tanto, esperamos que se hagan a conciencia y con una fuerte vocación en favor del acceso y la participación comunitaria.

Un problema de definiciones

Una primera cuestión que parece importante resolver es el alcance de la idea de “patrimonio digital”. La decisión que se tome en torno a este punto determina en gran medida el carácter de la estrategia. UNESCO, el organismo internacional que probablemente más ha abogado en favor de la creación de este tipo de políticas de preservación, lo define como “todos aquellos recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente”. Se trata de una definición correcta, pero sumamente amplia que, entendida al pie de la letra, abarca casi cualquier cosa, lo que no permite generar lineamientos para jerarquizar los esfuerzos de conservación.

Una forma de acotar sería, por ejemplo, circunscribir la estrategia a la preservación de obras de arte digital, un campo en expansión y que sin duda requiere de esfuerzos de conservación propios. Sin embargo, una definición de este tipo —importante como es— es demasiado estrecha y no da cuenta de la potencia que pueden tener las tecnologías digitales en el acceso a la cultura. Entendiendo que la estrategia debe destinar recursos para el resguardo de este tipo específico de artefacto cultural, también creemos que esta debería ir más allá.

La definición de UNESCO menciona además aquellos recursos que han sido digitalizados. Esto abre una puerta sumamente interesante para que las bibliotecas, galerías, museos y archivos generen repositorios digitalizados a partir de sus colecciones. Memoria Chilena ha sido pionera en este tipo de trabajo, poniendo a disposición de las personas versiones en alta calidad y sin marcar de distintos objetos culturales pertenecientes a la colección de la Biblioteca Nacional, iniciativa que podría ser replicada en el resto de la red de instituciones dependientes del Ministerio de Cultura. Lo anterior puede estar complementado con un énfasis en la preservación y rescate de las obras que se encuentran en el dominio público, lo que permitiría que todas las personas accedieran a un abanico mayor de usos potenciales sobre las obras digitalizadas, versus aquellas que cuentan con restricciones de derechos de autor vigentes.

Otro elemento que llama la atención en la definición de UNESCO es que utiliza una concepción amplia de cultura, que no la circunscribe al ámbito artístico. A partir de ello, la estrategia podría considerar la disponibilización del patrimonio cultural generado con recursos públicos. Las distintas instituciones que conforman el Estado crean diariamente obras de distintos tipos, muchos de ellos documentos administrativos, pero también fotografía, video, ilustraciones, mapas, trabajos de diseño, música y otros. Gran parte de este material ha sido creado originalmente en formatos digitales y su relevancia se considera efímera. Sin embargo, las tecnologías digitales abren y facilitan las posibilidades de remezclar y reutilizar obras para la producción de nuevos artefactos culturales. Una gráfica, un video o una fotografía generada en el marco de una campaña de comunicación o de la documentación de una actividad en terreno por parte de un ministerio puede adquirir nueva vida en un collage o un documental. Poner a disposición de las personas este tipo de recursos, con la intención explícita de que sean usados, contribuye a la producción de nuevo patrimonio. Para ello el desafío es principalmente administrativo, pues supone la creación de una norma que defina posibilidades de usos para las obras creadas con fondos públicos, más allá de las restricciones regulares del derecho de autor.

En digital, ¿y para qué?

Además del problema que supone definir la noción de patrimonio cultural, otra decisión relevante tiene que ver con el objetivo de la política. Una primera respuesta puede ser la preservación del patrimonio. En efecto, se trata de un objetivo relevante, sin embargo, por sí mismo es sumamente acotado, entendiendo que la preservación se puede realizar al interior de las instituciones y no supone necesariamente el acceso público al catálogo de obras que forman parte del patrimonio digital.

Otra respuesta posible es preservar y garantizar el acceso de las personas a las obras. Existen hoy algunos esfuerzos muy interesantes en esa dirección, como Ondamedia en el caso del audiovisual o la Biblioteca Pública Digital. Sin desmerecer el valor de dichas iniciativas, necesitamos políticas culturales que hagan una interpretación amplia del concepto de “participación” a la que alude el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no se restrinja a “experimentar” los objetos culturales, sino que además incluye la posibilidad de generar artefactos culturales y ponerlos en circulación. El acceso al patrimonio cultural es fundamental para ello.

En ese sentido, las posibilidades de reutilizar obras para la producción de nuevos artefactos culturales debería estar contemplado como una parte fundamental de la estrategia, pues ahí está el potencial de un cambio radical en la política cultural del país, que se abre a las posibilidades de nuevas formas y lógicas de producción cultural.

Lineamientos técnicos y desafíos políticos

Una preocupación que puede parecer de segundo orden, pero que es fundamental, tiene que ver con los aspectos técnicos y cómo la estrategia puede entregar lineamientos sobre la manera en que los recursos digitales deben ser almacenados y puestos a disposición de la población.

Sin entrar en detalles ni señalar tecnologías específicas, es importante que la estrategia asegure la disponibilización de los recursos digitales en la mejor calidad posible y sin ningún tipo de marca de agua u otros identificadores que atenten contra la integridad del recurso. Además, es importante que la estrategia aborde el tema de la interoperabilidad tecnológica y la potencial obsolescencia de los formatos. Los lineamientos de UNESCO sugieren la adopción de tecnologías abiertas como forma de enfrentar ambos desafíos, una recomendación que la futura estrategia debería tomar.

Finalmente, en el ámbito político, es necesario señalar que la estrategia se está construyendo en medio de un cambio de gabinete que ha significado la salida de Jaime de Aguirre y el nombramiento de la actriz Carolina Arredondo como nueva Ministra. Esperamos que esto no implique un retraso en la construcción de la política y que pueda quedar finalizada durante el actual periodo presidencial.