Los últimos tres años han sido particularmente agitados en América Latina. Los estragos mundiales causados por la pandemia de COVID-19 se vieron exacerbados por “estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”, donde las personas en situación de vulnerabilidad fueron las más afectadas. A eso se suma un contexto de enorme inestabilidad, polarización política y un avance del autoritarismo en la región, particularmente en países como Ecuador, Perú, Brasil y la región centroamericana, por mencionar algunos.

En paralelo, hemos experimentado una reevaluación del rol de internet y las tecnologías emergentes. La noción cándida de que los procesos de digitalización solamente podían significar un fortalecimiento de los ideales democráticos de acceso, participación y desarrollo ya no es más que un recuerdo de otra época, y la pandemia despejó cualquier duda de que dichas tecnologías podían, en efecto, no solo exacerbar todavía más las inequidades sociales estructurales sino generar otras brechas.

Respecto de la función política de las tecnologías, la respuesta de los Estados ha sido ambivalente. Abandonada la idea ingenua, tan propia de principios de principios de siglo, de que internet y democracia eran prácticamente intercambiables, ahora se ha vuelto un lugar común responsabilizar a internet por la destrucción de la convivencia democrática, a veces de modo literal. Es conocido el caso de Centroamérica, donde se han utilizado leyes contra los cibercrímenes y la difusión de “desinformación” como excusa legal para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos están adquiriendo, implementado y haciendo usos cada vez más intensivos de distintas tecnologías digitales con el fin de vigilar, perseguir y controlar a la ciudadanía.

Frente a un cuadro que puede parecer desolador, la sociedad civil latinoamericana ha realizado un trabajo valiosísimo, no solamente en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, sino que en la articulación de una narrativa que recupera la esperanza por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, sin sucumbir al optimismo acrítico y fetichista. En ese sentido, uno de los grandes valores de la región es un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades para lidiar con los múltiples riesgos y amenazas que debe enfrentar. Aportar al fortalecimiento del ecosistema latinoamericano generando conocimiento, participando de los debates pertinentes para la región y apoyando la creación de capacidades en la sociedad civil fueron los objetivos generales de Derechos Digitales en el marco del proyecto Greater Internet Freedom (GIF), cuyo tercer año de ejecución concluyó recientemente.

Inequidades históricas, nuevas brechas

En América Latina la tecnología siempre ha venido aparejada de la promesa de desarrollo. La persecución de una “modernización” que nunca pareciera que termináramos de alcanzar es un elemento constante, y sumamente efectivo, del discurso político en la región. Ello, sumado a la falta de normativas efectivas que regulen la implementación de tecnologías en el marco de políticas públicas, así como la opacidad con la que permiten operar legislaciones sumamente permisivas en materia de rendición de cuentas, hacen que la región sea campo fértil para la adquisición y aplicación de todo tipo de tecnologías con beneficios inciertos y escasa consideración por los derechos humanos, desde el voto electrónico a la implementación de tecnologías de identidades digitales.

Y, sin embargo, el acceso a tecnologías como internet sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de la población en la región. Las investigaciones que forman parte del proyecto Latin America in a Glimpse: Amazonía —que documentan las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador— constatan que el acceso a internet en la zona es limitado, costoso y de baja calidad. En general, estamos hablando de una región con alta presencia de comunidades indígenas que han sido empobrecidas sistemáticamente y cuyas poblaciones han sido pospuestas en materias como acceso a la salud y a la educación.

De forma un poco más amplia, la octava edición de la publicación Latin America in a Glimpse ejemplifica algunas de las diversas formas que adoptan las brechas de acceso en la región: desde la dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en Colombia para contratar planes de conectividad hasta los problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil para adoptar tecnologías más seguras, que les otorguen mayor protección en el ejercicio de su trabajo. La conclusión es que las brechas constituyen realidades complejas y multifactorial, que exceden a lo meramente técnico y tienen una base en inequidades estructurales —económicas, geográficas, culturales, etarias, de género, etcétera— que a su vez configuran nuestras experiencias en los entornos digitales.

Participación, regulación y gobernanza

En materia regulatoria, una fuente de constante angustia entre las agrupaciones activistas de la región es la falta de perspectivas de derechos humanos en las iniciativas legales que se discuten en América Latina, particularmente aquellas relativas a la implementación de tecnologías. Es un problema que las organizaciones locales han asumido como propio, sobreponiéndose muchas veces a la falta de instancias de participación real y trabajando de forma cada vez más efectiva en la incidencia legislativa.

Este es un ámbito donde la cooperación puede tener gran impacto, incluyendo aquella realizada entre organizaciones ubicadas en distintos países. Dos ejemplos interesantes en el marco de GIF: la participación de Derechos Digitales en alianza con organizaciones locales durante la discusión de la ley de datos personales en Ecuador y la colaboración entre organizaciones locales e internacionales en el marco del 41º ciclo del Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron evaluados Brasil y Ecuador. El trabajo colaborativo y en red es fundamental para la construcción de capacidades locales que permitan una defensa de los derechos fundamentales más efectiva a lo largo de toda la región.

La falta de instancias de participación a nivel local tiene su contraparte también a nivel internacional, donde muchas veces la actuación de las delegaciones de los estados latinoamericanos es escueta y presenta la misma falta de perspectiva de derechos fundamentales que las discusiones locales. Las barreras de acceso para la participación de las organizaciones de sociedad civil en estos espacios son todavía mayores, en tanto no solamente pueden suponer altos costos económicos (por ejemplo, para asistir y poder participar de una sesión de discusión de un organismo del sistema de Naciones Unidas), sino que además conlleva contar con conocimiento respecto del funcionamiento del sistema internacional, además de la dedicación de muchísimo tiempo, recurso particularmente escaso para la sociedad civil.

Mayor representatividad de voces latinoamericanas en los espacios de gobernanza a nivel internacional es fundamental por una serie de razones. La primera, es que la carencia de perspectivas locales puede resultar en la adopción de mandatos imposibles, inadecuados o que abran la puerta a distintas formas de abuso, producto de debilidades de la institucionalidad democrática en nuestros países, desconocidos por los representantes de otras latitudes. Un buen ejemplo de ello es la discusión en torno a una nueva “Convención de Cibercrimen” en el Comité Especial de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la falta de participación en los espacios de gobernanza de la tecnología es la contracara de la dependencia técnica a la que se han visto subyugadas las naciones latinoamericanas a lo largo de su historia. En ese sentido, destacamos como sumamente positiva la posibilidad de participar en foros tales como el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en inglés) o de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Del mismo modo, durante los últimos años realizamos una serie de aportes a consultas internacionales que fueron incluidos en los reportes de los organismos, como nuestra contribución al informe sobre el derecho a la privacidad en relación a las tecnologías digitales en América Latina y nuestra contribución al reporte sobre la relación entre derechos humanos y los procesos para establecer normas técnicas para las nuevas tecnologías, ambos de la oficina de la ambos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió opiniones de Derechos Digitales en su informe anual, correspondiente al año 2022.

Seguridad digital para la defensa de derechos

América Latina tiene un largo historial de autoritarismo e inestabilidad política. Los últimos años han estado marcados por alta polarización en la región y protestas masivas, lo que en muchos casos ha desencadenado violencia, represión y persecución política, principalmente contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, mejorar las condiciones de seguridad de organizaciones de derechos humanos se vuelve un imperativo.

En el marco de GIF, se realizaron dos distintas capacitaciones en Safetag, una metodología para realizar auditorías de seguridad digital en organizaciones de sociedad civil, desarrollada por Internews. Estas auditorías permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la información que manejan, cómo priorizar que se debe proteger, los riesgos y amenazas potenciales y cómo comunicaciones de forma más segura. Al completar la auditoría, las organizaciones pueden tener una comprensión suficiente de sus circunstancias para adoptar políticas internas que ayuden a las organizaciones a mejorar su seguridad. Por medio de la creación de capacidades para que nuevas organizaciones puedan realizar auditorías, se incrementan las competencias del ecosistema completo.

Además, se organizaron distintas instancias de intercambio de conocimientos sobre seguridad digital entre organizaciones latinoamericanas, incluyendo temáticas como análisis forense, atención de casos en línea y seguridad en sitios web, entre otros. Esto no solo ha permitido la mejora en el conocimiento técnico de las organizaciones, sino que la construcción de redes de colaboración y trabajo conjunto, lo que permite proyectar objetivos compartidos a nivel regional de mejor seguridad digital. Es importante destacar también la Guía de seguridad digital para personas defensoras del medio ambiente en Colombia, desarrollada por Fundación Karisma, con recomendaciones prácticas y consejos para proteger la identidad en redes sociales, evitar el phishing y el malware, fortalecer la seguridad de cuentas, gestionar contraseñas de manera segura y utilizar herramientas de cifrado.

Estas son solamente algunas de las muchas actividades realizadas durante los últimos tres años, que dan cuenta no solamente de las distintas necesidades del contexto latinoamericano en materia de derechos humanos y tecnología, sino que además de la fortaleza que supone la existencia de una red de organizaciones con capacidades en expansión.

Para Derechos Digitales y las organizaciones con las que colaboramos durante estos tres años, la ejecución del proyecto Greater Internet Freedom han supuesto además una mejora de capacidades internas y fortalecimiento institucional, ayudando a posicionar también el trabajo de organizaciones locales, cuestión señalada por ellas mismas en una reunión de evaluación sostenida en San José de Costa Rica, al margen de la realización de RightsCon, una de las conferencias mundiales más importantes en materia de derechos humanos y tecnología, y a la que tuvimos la posibilidad de llevar a 15 personas de distintas organizaciones latinoamericanas.

América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos, en condiciones que no siempre son ideales. Pero también hay una oportunidad gigantesca para dar un paso definitivo en levantar el estándar a nivel regional. La dedicación y el compromiso de quienes están dando la pelea en cada uno de los países latinoamericanos es un activo invaluable. La cooperación internacional para mejorar sus capacidades es fundamental.

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Un agradecimiento a Mayra Osorio, Rafael Bonifaz y Juan Carlos Lara del equipo de Derechos Digitales por sus aportes e ideas para esta columna.